Ayer 29 de abril por la tarde hicimos una rueda de prensa para presentar la convocatoria de una concentración de 50 personas en la Plaza Sant Jaume el primero de mayo junto con la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), que como nosotros había presentado comunicación a la Delegación del Gobierno en Cataluña, y con una decena más de organizaciones que ya se habían adherido. (Vídeo resumen).
Pasadas las diez de la noche recibíamos la notificación del Ministerio de Interior firmada por Fernando Grande-Marlaska que resuelve «prohibir la concentración comunicada».
El argumento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para prohibirnos la convocatoria del pasado 24 de abril contra los presupuestos de la Generalidad de Cataluña fue la recentralización y que las competencias no correspondían a los Mossos sino al Ministerio del Interior. Ahora, el hilo argumental de la prohibición es que “aun cuando el derecho de reunión no se encuentra suspendido, la grave situación de crisis sanitaria actual, que ha obligado al dictado de normas restrictivas para el control de la epidemia, impide permitir la celebración de la manifestación, sin que existan medios que puedan garantizar que no se van a producir nuevos contagios.” Y continúa “la celebración de concentraciones en vías o espacios públicos como la convocada, sean estáticas o dinámicas y con independencia de las medidas de seguridad que pudieran adoptar los convocantes, además de lo indicado, no son compatibles con el “Plan para la transición hacia una nueva normalidad” aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de abril de 2020.”
Que se argumente que no se pueden tomar medidas para evitar el contagio en un colectivo perfectamente identificado de 50 personas en una plaza que tiene 2900m cuadrados y una capacidad para más de 10.000 personas, es insultante, cuando bajo el estado de alarma se envía cada día sólo en Cataluña a un millón de trabajadores y trabajadoras de sectores no esenciales al trabajo sin las garantías de seguridad adecuadas. En cualquier transporte público, empresa o supermercado con un recinto cerrado, hay más riesgo de contagio que en la concentración tal como estaba planteada.
Uno de los argumentos que aporta la resolución es el informe desfavorable de la Guardia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona en el que se dice que «resulta incompatible (la celebración de la concentración comunicada) con las restricciones que impone el Real Decreto del estado de alarma » al considerar «que el riesgo de contagio es elevado «. Pero este riesgo de contagio elevado no fue obstáculo para que la alcaldesa Ada Colau, el pasado 25 de abril, acompañada por las concejalas Janet Sanz y Rosa Alarcón, hicieran una rueda de prensa con periodistas en el centro de la Plaça Universitat, sin mascarillas ni guantes.
A partir del 2 de mayo, además de la gente obligada a ir a trabajar, o yendo a comprar, podremos encontrar por las calles a gente paseando y haciendo deporte. Pero nos prohíben, a un número concreto de personas con distancia de seguridad y protección, salir a reivindicar los derechos de los trabajadores el 1 de mayo.
Porque la realidad es que, aunque afirman una y otra vez que el derecho de reunión y manifestación no está prohibido, todas las manifestaciones o concentraciones que se han pedido han sido prohibidas: en Galicia a la CUT, en Madrid a la Plataforma 25S y la del AST y diversos colectivos de trabajadores/as y sindicatos, en Cádiz al SAT, en Navarra a Lab, Esk, Cgt, Steilas, Solidario. Unas con concentración de pocas personas, otras con marchas lentas de vehículos … es igual, todas prohibidas. Es una evidencia que, digan lo que digan, han prohibido y nos están negado un derecho fundamental como el de reunión y manifestación cuando lo necesitamos y necesitaremos más que nunca. Un estado de excepción encubierto.
El Gobierno «progresista» español, quiere compensar a golpe de represión lo que no ha sido capaz de resolver desde el ámbito sanitario público desmantelado a base de recortes y privatizaciones. El estado español tiene el número de muertes más alto del mundo por COVID19 en proporción a su población. También tenemos el índice más alto de sanciones con casi 800.000 mil denuncias y más de 7.000 detenciones. Y cuando esto es tan evidente, sólo les queda evitar la protesta. En contraste, el Tribunal Constitucional de Alemania aseguraba hace unos días que el derecho a manifestación debe estar intacto a pesar del confinamiento, siempre que se cumplan las normas sanitarias.
Estamos a la espera de la respuesta que resolución que pueda llegar del TSJC ante el recurso presentado por la IAC y estamos valorando recurso al Tribunal Constitucional. Pero ya conocemos la orientación que tiene el aparato judicial del estado en relación al derecho a manifestación.
Por ello, desde Lucha Internacionalista llamamos a todas las organizaciones a las que se nos ha prohibido el derecho a concentración y manifestación a impulsar una campaña conjunta en todo el estado contra la represión y en defensa de los derechos y libertades. Ahora más que nunca, hay que recuperar las calles!!
Barcelona, 30 de abril de 2020
Lucha Internacionalista
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