La Justicia prolonga el calvario de los niños abusados sexualmente

Seguro que se acuerdan de cuando teníamos fe en la Justicia hasta el punto de creer que, aunque lenta, estábamos a salvo de los desmanes de los políticos irresponsables y corruptos y de los sinvergüenzas en general. No hace tanto. Luego supimos que, al margen de nuestra democrática ingenuidad, estábamos muy desinformados, a veces por propia dejadez, en parte por ser objeto de manipulación de no pocos medios de comunicación… o lo que sean. Hoy ya sabemos que si la manzana puede ser aprovechada por este lado a pesar de que obviamente está pasada por este otro, eso no hace que la fruta esté medio sana; por el contrario, ya está ganada por la gusanera; es cuestión de tiempo y, a veces de las condiciones ambientales, que vaya a más. Si el Tribunal Supremo o el Constitucional, o algunos jueces emiten sentencias obedeciendo a intereses que no son la estricta y honesta interpretación de las leyes, eso es un síntoma inequívoco de que el sistema judicial está podrido.

Pero más allá del lawfare (hay quien lo ha definido como “el nuevo golpismo”) sucede que la estructura de la administración de Justicia en España hace aguas en lo que respeta, por ejemplo, a la libertad de expresión, la violencia machista o la ejecución de las sentencias por impagos relacionados con la vivienda sin que parezca importar nada a esos jueces (o quizás, sí les importa: vean la extraordinaria serie de Movistar+ “Antidisturbios”) que haya o no alternativa habitacional para quien es lanzado de su casa sin contemplaciones. A mi juicio, esas disfunciones que acabo de mencionar, tienen un origen a todas luces ideológico o se explican meramente por la corrupción. Pero hay otros problemas que devalúan gravemente la administración de justicia y proceden más bien de la apatía, de la falta de cuidado, de la negligencia o, lo que es peor, del alejamiento que el aparato judicial muestra respeto a los ciudadanos objeto del Derecho. Tal vez lo que más degrada sea precisamente esto último, la abulia cuando se trata de personas especialmente vulnerables. Es el caso que ya les cuento.

La Justicia desatiende a los menores

He esperado deliberadamente unos días hasta ver la cobertura que los medios de comunicación han dedicado a un estudio realizado por Save the Children sobre el tratamiento que la Justicia española dispensa a los abusos sexuales contra los niños, presentado en rueda de prensa la semana pasada. Ya les digo que no se molesten en buscar porque tal cobertura se limita a algún suelto en prensa y unos segundos en radio o televisión seguidos de imágenes del volcán de La Palma, de los descerebrados que reivindican su derecho a contagiar y contagiarnos la Covid y el careto de un espécimen, admirador de Pinochet, que va disparado en las elecciones de Chile, que tiene narices la cosa…y tertulias, muchas tertulias como un circo de múltiples pistas. El Informe tiene tan solo 12 páginas y lo pueden encontrar en https://www.savethechildren.es/ Contiene análisis del tipo de denuncia, del carácter de esta clase de violencia, etc, pormenores sobre los que en esta oportunidad no me voy a detener.

Es el caso que la ONG, con el apoyo de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho, Campus Tarongers de la Universitat de València, ha estudiado 394 sentencias dictadas en casos de abusos sexuales cometidos hacia la infancia entre 2019 y 2020 y el desarrollo de los procesos de los que son colofón.

Cuando se detecta un caso de abuso sexual, se inicia un proceso judicial muy doloroso para la víctima. Comienza un proceloso camino que dura al menos dos años -los hay que se alargan hasta los cinco- y comporta, por ejemplo, múltiples declaraciones ante diversos actores. Los niños y niñas declaran de media cuatro veces lo que les ha ocurrido y esto significa, obviamente, que cuentan su historia a distintos profesionales. Reviven por tanto el abuso y, además -son niños, no lo olvidemos- no es improbable que la credibilidad del testimonio resulte perjudicada por eventuales contradicciones. El proceso suele empezar en dependencias policiales o de la Guardia Civil, continúa con pruebas periciales y una intervención ante la Fiscalía, y luego el juicio; como se comprenderá fácilmente no son escenarios precisamente amables por más que los interlocutores de los pequeños se esfuercen (a veces) en serlo. La asistencia del menor a juicio podría evitarse si los testimonios se grabaran, pero en un 77,3 por ciento de los casos no se hace; ¿porqué? Ya les dije que la cosa iba de abulia y desinterés. Save the Children considera que el Modelo Barnahus (Casa de los Niños), ideado por Bragi Gudbrandsson y aplicado en su país, Islandia (no desesperen, en Vitoria Gasteiz se está estudiando su implantación) es un extraordinario avance: se trata de un espacio amigable para la infancia en el que están integrados los servicios sociales, sanitarios, educativos, policiales y judiciales para atender desde lo social y lo judicial a los niños y las niñas víctimas de violencia sexual en un mismo lugar.

El problema no se resuelve naturalmente con la creación de espacios físicos adecuados. Hace falta formación y la ONG afirma que la mayoría de los profesionales del ámbito de la Justicia todavía no han recibido entrenamiento especializado en derechos de infancia y en violencia contra los niños y las niñas: “Aún estamos muy lejos de la especialización de los y las profesionales del ámbito de la Justicia que intervienen en las decisiones que afectan a la infancia: judicatura, abogacía, fiscalía, medicina y psicología forense, entre otras. Es necesaria la formación específica y adaptada tanto de estos profesionales como de aquellos que intervienen durante todo el proceso (psicología forense, medicina forense, fiscalía, cuerpos y fuerzas de seguridad, etc.)”

Hay movimiento pero no es en la Judicatura

La situación es la descrita por Save The Children, pero no todo son malas noticias: en junio de este año se aprobó la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). En ella se determina que el Gobierno debe elaborar un Proyecto de Ley para la especialización “de los órganos judiciales y sus titulares, en la instrucción y enjuiciamiento de las causas penales por delitos cometidos contra personas menores de edad” Veremos, pero hay muchas voces que advierten sobre que la prioridad ha de ser prevenir sobre todo la victimización secundaria. Solo que tales voces proceden de los ámbitos de la asistencia social y para nada de la Judicatura; he buscado pronunciamientos del Consejo General del Poder Judicial y de las asociaciones de jueces al respecto sin suerte. Urge sin embargo, porque el problema es de una gravedad extraordinaria: las cifras oficiales hablan de más de 5.800 denuncias en 2020 (Ministerio del Interior) pero cualquiera que trabaje en este terreno (Defensor del Menor, UNICEF, Observatorios, etc) baraja estimaciones que consideran ese dato apenas la punta del iceberg puesto que las denuncias no son mucho más que el 10 por ciento de los casos reales. Es un drama oculto que sucede a menudo en el ámbito doméstico y no entiende de clases sociales. Y, lo que es peor, ha crecido significativamente en España en la última década.