Hace escasos días se presentó públicamente “Vulneraciones de derechos en la Frontera Sur: Canarias y Melilla” un prolijo y crítico informe elaborado por el instituto Iridia, Centro por la Defensa de los Derechos Humanos y apoyado por 50 organizaciones sociales, que será presentado próximamente ante el Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Personas Migrantes así como al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. El Informe, que contiene recomendaciones al Relator de Naciones Unidas, así como al Defensor del Pueblo, el Gobierno de España, los Grupos Políticos con representación en el Congreso, al Ministerio Fiscal y a la Comisión Europea, puede ser consultado completo aquí: INFORME-DDHH-FRONTERA-SUR-2021.pdf (iridia.cat)
Estas son sus conclusiones:
“Las políticas de la Unión Europea y de sus Estados miembros han creado zonas donde las personas quedan prácticamente inmovilizadas. La contención se realiza a través del desarrollo de trabas burocráticas, limitaciones en la libertad de movimiento, vallas, fosas, controles, procedimientos interminables, detenciones y deportaciones junto a un amplio abanico de diferentes obstáculos que van construyendo una tela de araña de la que es difícil escapar. Durante los últimos 20 años estos espacios se han visibilizado principalmente en algunas islas del continente europeo, debido a que su geografía favorece la contención. Ejemplo de ello son Lampedusa, las islas griegas y las islas Canarias, pero también las regiones del sur de Italia, los Balcanes, las ciudades de Ceuta y Melilla, Marruecos, Egipto o el Líbano. En estos momentos se está produciendo un proceso de intensificación de las políticas de contención en la Frontera Sur de España. El bloqueo tiene un fuerte impacto en la salud mental de las personas migrantes que se enfrentan, incluso durante años, a condiciones indignas y a altos niveles de incertidumbre. Además, estos espacios de contención facilitan la proliferación de discursos racistas y xenófobos, tal y como se ha podido observar en los últimos años en los territorios contiguos a las fronteras europeas. La situación de pandemia producida por la COVID-19 ha intensificado y legitimado los mecanismos más represivos del control de fronteras. La dificultad en la gestión de la movilidad durante la situación de emergencia sanitaria ha favorecido la improvisación de medidas que, en ocasiones, han tenido graves consecuencias en la afectación de los derechos fundamentales de las personas.
El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo aprobado por la Comisión Europea en septiembre de 2020 no plantea soluciones nuevas a las dificultades derivadas de la recepción de personas, sino que acentúa los aspectos que ya eran parte de la estructura de la Unión. El nuevo pacto pretende intensificar la cooperación con terceros países sobre todo en lo referente a la facilitación del retorno y de la readmisión. Esta cooperación queda negativamente condicionada a la obtención de visas y a acuerdos de readmisión. Además, plantea la solidaridad entre Estados en materia de retorno y de externalización de fronteras y deja de lado la solidaridad en la acogida y la defensa de los derechos fundamentales.
Dos factores recientes han influido en el contexto migratorio actual en los países de origen, ambos derivados de la pandemia de la COVID-19: la crisis económica y el cierre de fronteras. Con respecto al primero, se estima que la contracción de la actividad económica supondrá un incremento de entre 40 y 60 millones en el número de personas viviendo en el umbral de la pobreza extrema, el primer aumento de pobreza a nivel global desde 1998. África subsahariana emerge como la región mundial más afectada por esta problemática. Según un informe reciente de la Agencia Nacional de Estadística y Demografía de Senegal (ANSD en sus siglas en inglés), un 85 por ciento de los hogares consultados ha sufrido una disminución de los ingresos como consecuencia de la pandemia. El impacto ha sido especialmente grave en el sector informal, muy extendido en la región y que emplea al 80,3 por ciento de trabajadores mayores de 25 años y al 93,4 de trabajadores de entre 15 y 24 años. Por lo que se refiere al cierre de fronteras, las políticas de restricción de la movilidad llevadas a cabo por los diferentes Estados han afectado al 90 por cien de la población mundial. Las rutas migratorias africanas convergentes en el Mediterráneo se han visto fuertemente afectadas y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) estima que entre enero y abril de 2020 se ha producido un descenso del 48 por ciento en los movimientos en algunas de estas rutas, como las que atraviesan Camerún, Malí, Níger y Nigeria.
El cierre de las fronteras ha reactivado el tránsito de rutas más peligrosas, como es la ruta hacia las islas Canarias, en la que ACNUR estima que las salidas de personas migrantes desde el Sáhara Occidental, Mauritania, Senegal y Gambia se han multiplicado por seis. Al contexto actual en los países de origen cabe sumarle la situación en España como país receptor, donde se vive una radicalización del discurso racista que forma parte de un proceso global con consecuencias directas en los discursos políticos, en los medios de comunicación y entre la población. Las personas llegadas por vía terrestre a los enclaves de Ceuta y Melilla durante 2020 (1.755 llegadas) han descendido más del 70 por ciento en comparación con el mismo período de 2019 (6.346 llegadas). Según el Balance de la Inmigración Ilegal del Ministerio del Interior, también se ha observado un decrecimiento en las llegadas por vía marítima a estos dos enclaves: ha habido un 95 por ciento menos de llegadas a Melilla (898 personas en 2019 y 43 en 2020) y casi un 35 por ciento menos a Ceuta (655 llegadas en 2019 en comparación con las 430 llegadas en 2020). Por lo que se refiere a las llegadas a la Península y Baleares por vía marítima, estas también se han reducido, aunque no tan drásticamente: en 2020 llegaron 16.610 personas, un 25 por cien menos que en 2019. Según el informe “Derecho a la Vida 2020” de la ONG Caminando Fronteras, el total de víctimas mortales de migrantes que han intentado alcanzar las costas españolas ha ascendido hasta 2.170 personas. La ruta canaria se ha confirmado como la más mortífera de todas, y ha dejado un total de 45 naufragios y 1.851 víctimas mortales, de las cuales sólo 67 están confirmadas. Esta cifra corresponde al 85 por ciento del total de víctimas y, según los datos que ofrece el colectivo, esta ruta presenta una tasa de mortalidad del 32,1 por cien, es decir, tres de cada diez personas que cruzan la ruta atlántica mueren. Al contexto actual en los países de origen cabe sumarle la situación en España como país receptor, donde se vive una radicalización del discurso racista que forma parte de un proceso global con consecuencias directas en los discursos políticos, en los medios de comunicación y entre la población. Desde el momento en que las personas rescatadas por Salvamento Marítimo desembarcan, quedan detenidas por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía para su identificación, chequeo sanitario e iniciación del procedimiento de devolución.
Aunque durante el primer momento de llegada intervienen actores sociosanitarios como Cruz Roja, este proceso se produce en un marco de privación de la libertad de movimiento. Por otro lado, cualquier actividad que las personas desembarcadas realizan debe ser autorizada por los agentes custodios. Tras haber superado una travesía de entre 2 y 8 días potencialmente traumática al no producirse en condiciones de seguridad, en las que se pone en riesgo la vida y, en la cual, han podido fallecer personas de la misma embarcación o se han podido enfrentar a una avería o un naufragio, se prioriza la actuación policial frente a la atención humanitaria. Dicho proceso de detención se ha llevado a cabo en Gran Canaria en diferentes espacios en los últimos años, normalmente en calabozos de dependencias policiales que no estaban preparadas para asumir dicha función.
A pesar de ser un lugar de llegada habitual de entrada de personas migrantes por vías marítimas informales e inseguras, el Ministerio del Interior no ha priorizado generar un espacio estable y digno para llevar a cabo dicha detención a lo largo de estos años. En la segunda mitad del año 2020 se han utilizado dos espacios como centros de detención para este procedimiento por parte del CNP en Gran Canaria: el muelle de Arguineguín y el CATE de Barranco Seco. Aunque nos encontremos en el contexto de emergencia sanitaria producida por la COVID-19, los derechos fundamentales de las personas en el marco de una detención están plenamente vigentes así como también lo debe estar la normativa en la materia. No obstante, hemos visto que el Ministerio del Interior y el CNP han generado situaciones en las que se han flexibilizado, sin amparo legal, tanto las condiciones como los tiempos de la detención. Este hecho ha generado espacios y situaciones excepcionales en los que entendemos que no sólo existen vulneraciones de los derechos de las personas migrantes sino también podría entenderse que existen indicios de delito que deben ser investigados en profundidad. Cabe destacar que la creación y mantenimiento durante 4 meses de un espacio de detención como es el muelle de Arguineguín supone una grave violación de los derechos humanos que contraviene de manera flagrante la normativa internacional relativa a derechos de las personas detenidas.
Las condiciones de detención que se produjeron (hacinamiento, estancia a la intemperie, condiciones higiénicas y sanitarias, así como la deficiente alimentación y la falta de espacios para el descanso) podrían considerarse contrarias al Art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al constituir un trato cruel, inhumano o degradante. También se han producido diferentes irregularidades en lo referente al acceso a la información y a la asistencia letrada durante la utilización del muelle de Arguineguín. Muchas de las personas migrantes que habían llegado hasta el 11 de noviembre de 2020 no habían tenido entrevista con sus abogados/as debido a la falta de condiciones en el muelle: los abogados eran citados en comisaría, a kilómetros de donde se encontraba la persona detenida ya que las instalaciones del muelle no cumplían la normativa referente a la COVID-19. La detención no puede superar el plazo de 72 horas. Sin embargo y, a pesar de la negativa del Ministro del Interior, diferentes organizaciones como Human Rights Watch o CEAR, cargos políticos locales e incluso el Juez de vigilancia del CIE de Las Palmas aseguran que en el muelle de Arguineguín se produjeron irregularidades en este sentido.
Se habrían detectado casos de personas que han superado los 10 e incluso los 20 días detenidas. En el caso de confirmarse dichas situaciones, no hay duda de que nos encontraríamos ante una grave vulneración de derechos humanos. Sin lugar a dudas, el muelle de Arguineguín era un centro de detención y las personas que se hallaban en su interior estaban privadas de libertad. El acceso al muelle era controlado en todo momento por agentes del CNP y los movimientos en el interior del muelle tenían que ser autorizados o supervisados por agentes del CNP. Si las autoridades hubieran necesitado crear espacios de no privación de libertad con carácter excepcional para la atención temporal de las personas migrantes con carácter anterior al traslado a plazas de acogida, se podrían haber generado dos zonas diferenciadas en el muelle. Por un lado, una zona custodiada como centro de detención y, por otro lado, otro espacio de emergencia previo a la derivación a otros recursos en el que las personas no se encontrasen restringidas de su libertad deambulatoria.
El Ministerio del Interior y el CNP han tenido alternativas para que la legalidad fuera respetada en todo momento. Sin embargo, no se han generado dichas alternativas y se ha entendido el muelle de Arguineguín como un centro de detención. Es por eso que se considera imprescindible la depuración de responsabilidades tanto dentro del Gobierno y del CNP como en el seno de los órganos jurisdiccionales. Las condiciones de vida en el CATE de 
Barranco Seco no respetan los derechos de las personas detenidas, tanto en referencia a las condiciones de alojamiento en tiendas de campaña (que no aíslan del frío ni de la humedad) como a las medidas higiénicas y sanitarias. Asimismo, se han detectado situaciones de personas que han superado las 72 horas de detención y no se garantiza una asistencia letrada individualizada en un espacio adecuado. También se ha detectado la presencia durante más de 72 horas de menores de edad. Exigimos también la depuración de responsabilidades tanto dentro del Gobierno y del CNP como en el seno de los órganos jurisdiccionales. El Gobierno de España, tras el aumento de llegadas a las islas Canarias durante la segunda mitad de 2020 ha implementado una política de contención de personas migrantes. Esta práctica continúa a pesar de que distintas organizaciones de derechos humanos (como CEAR o Amnistía Internacional) han solicitado que se lleve a cabo el traslado de las personas migrantes desde las islas a la península a partir de un reparto proporcional y planificado entre las plazas de acogida de diferentes territorios, tanto para personas solicitantes de protección internacional como para personas que no sean solicitantes.
Desde el mes de septiembre de 2020, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones habilitó hoteles afectados por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria en la zona de Maspalomas y Mogán para el traslado y la acogida de las personas que se encontraban en el muelle de Arguineguín. En todo caso, es importante remarcar que, si bien esta fue una actuación improvisada debido a que no se contaba con soluciones estables en las islas, cabe valorar la firma de acuerdos con empresarios hoteleros que han ofrecido una solución temporal en este contexto excepcional. Ante la implementación del Plan Canarias y tras la aprobación de 7.000 plazas de estancia en condiciones precarias para las personas migrantes, se ha perdido la oportunidad de realizar una transición y traslado amplios y efectivos desde los hoteles hacia plazas de acogida menos precarias en la península, a través de un reparto equitativo entre comunidades. Sorprende el carácter pretendidamente estable de las plazas de acogida cuando cerca del 50 por ciento de las plazas de nueva creación están previstas en tiendas exteriores. La ubicación de tiendas de campaña en estos espacios supone una infraestructura provisional y, por lo tanto, cabe preguntarse cuánto tiempo se utilizarán y se mantendrá a las personas en estos espacios a la espera del acceso a una plaza de acogida digna.
Según varias organizaciones locales, cabe destacar que hasta julio de 2020 las personas solicitantes de protección internacional no tenían problema para viajar a la península con su documentación. Sin embargo, en el marco actual de readaptación hacia el desarrollo de una política de bloqueo en las islas Canarias y a pesar de la sentencia mencionada del Tribunal Supremo (que reafirma la libertad deambulatoria de las personas solicitantes de asilo) han aumentado los casos de personas a las que se les impide viajar con dicha documentación. Estas negaciones se llevan a cabo a través de controles realizados por el CNP en los aeropuertos canarios. Las denuncias emitidas por parte de algunos medios de comunicación y partidos políticos en referencia a que el Gobierno podría estar realizando traslados masivos a península, generó una reacción en el Ministerio del Interior que consistió en la extensión de los controles en los aeropuertos impidiendo, de una manera completamente discriminatoria, el viaje de personas migrantes sin permiso de residencia y trabajo. El nuevo sistema de vallado fronterizo en Melilla aumenta, en muchos puntos, la altura de la valla hasta los 10 metros. La estructura se corona con un cilindro anti trepado y con peines invertidos que puede suponer un aumento en la lesividad en los saltos y cruces, a pesar de la retirada de las concertinas en el lado español de la frontera.
Desde el año 2018 se han producido decenas de devoluciones sumarias de personas que han accedido a Melilla por vías no regularizadas, ya sea tras saltar la valla o habiendo llegado a las islas Chafarinas. También ha aumentado la práctica de las devoluciones exprés, que supone el retorno de las personas hacia Marruecos en menos de 72 horas, tras llevarlas a comisaría y notificarles un procedimiento de devolución con asistencia letrada. La situación provocada por la pandemia ha sido aprovechada para intensificar la política de bloqueo de personas migrantes en Melilla, a pesar del alto grado de hacinamiento en el que se ha encontrado el CETI durante todo el año, así como otros recursos complementarios que se han abierto y activado excepcionalmente. Tanto las personas que sufren el bloqueo en Melilla como las organizaciones entrevistadas realizan declaraciones sobre el fuerte impacto y la incertidumbre que provoca la contención y la posible salida de Melilla. La preocupación por el futuro, la percepción de falta de empatía por parte del entorno, la desconfianza hacia los cauces administrativos así como hacia las instituciones (que no facilitan una respuesta ni una solución), la depresión y la desesperación son algunas de las principales consecuencias que manifiestan. Referencian haber detectado casos de personas con pensamientos autolíticos en relación a esta situación.
El CETI de Melilla cuenta con una capacidad para 780 personas. Sin embargo, a lo largo del año 2020 ha estado habitado por más de 1.600 personas, y 200 de ellas fueron niños, niñas y adolescentes menores de edad que realizaron el recorrido migratorio junto a sus familias. Dada la situación de hacinamiento, era imposible cumplir las medidas de distancia social planteadas al resto de la población en el marco del confinamiento domiciliario. El complejo del V Pino ha albergado a unos 200 hombres y a una mujer, sin ventilación ni climatización. Con las lluvias de abril y mayo, las carpas se llenaron de goteras que caían directamente en las literas. Especialmente destacable era la situación de los aseos: tres váteres y una ducha en mal estado para unas 200 personas. Frente a estas malas condiciones, muchas de ellas preferían orinar en botellas. Además, las camas, tipo literas, carecían de colchón, sábanas o almohadas. Tampoco había servicio de lavandería, las personas referían escasez de comida y agua –1,5 litros por persona y día antes de ramadán– y no había conexión a internet o teléfono para comunicarse con el exterior. Preocupaba especialmente la atención sanitaria, ya que los equipos médicos no acudían con regularidad. Las personas que estaban en el espacio de la Plaza de Toros se hallaban en condiciones muy poco dignas e higiénicamente muy deficientes. Asimismo, afirman que existía un alto grado de hacinamiento y no había un espacio destinado para que las personas recién llegadas pudieran hacer cuarentena separadas del resto del grupo. Una persona que estuvo residiendo tanto en el V Pino como en Plaza de Toros nos indicaba que tan sólo había un baño para todas las personas que se encontraban allí e indicaba que el acceso al agua era muy limitado. Asimismo, manifestó que no se garantizaba que cada persona tuviera un vaso individual para beber agua, y que el agua se entregaba junto a las comidas en grandes garrafas. En España, las llegadas de personas de nacionalidad tunecina aumentaron a partir del 2018. En 2019, 1.238 personas tunecinas (4 por ciento) llegaron a España por mar y por tierra. Sin
embargo, este porcentaje aumenta si nos fijamos en las entradas a Melilla. En 2018, las llegadas de tunecinos sólo constituían el 9 por cien del total. En el año 2019, el número de llegadas de personas tunecinas a Melilla es la más numerosas, constituyendo el 22 por cien del total. Desde el verano de 2019, el bloqueo en Melilla ha afectado de manera específica y devastadora al menos a unas 760 personas de nacionalidad tunecina que se encuentran retenidas en Melilla, concretamente en el CETI , a quienes se ha impuesto una orden de expulsión. Entre estas personas bloqueadas se encuentran niños, niñas, adolescentes que están sufriendo una situación especialmente dura. 30. 31. Los niños, niñas y adolescentes menores de edad no acompañados que llegan a Melilla también sufren desde hace años una política de bloqueo en una ciudad que, para la gran mayoría, es una etapa más dentro de un proyecto migratorio de más largo alcance. La situación se agrava cuando al cumplir la mayoría de edad muchos de ellos no cuentan con la situación regularizada o la pierden antes de poderse trasladar a la península.
Aunque la opacidad, la informalidad y la falta de transparencia son características fundamentales del proceso de deportación, España continúa con su política de alcanzar y ampliar acuerdos para la deportación y readmisión de personas migrantes, siguiendo el modelo de implementación del Plan África con el que, en 2006, respondió ante la llamada crisis de los cayucos y que sirvió de modelo para el resto de países comunitarios. En este contexto, el Gobierno español ha reforzado sus acuerdos con Senegal, Mauritania y Marruecos con el objetivo de reactivar las deportaciones. Las deportaciones a países de tránsito como Mauritania o Marruecos es una práctica habitual en la política migratoria del Gobierno español. Estas deberían ser una herramienta en base al principio de no devolución y no deberían vulnerar los derechos humanos de las personas migrantes»
Juan A. Cabrera
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