El ejecutivo de Pedro Sánchez destinó en mayo de 2024 un monto de 521.803,01€ a la empresa de ingeniería civil CADG Engineering Mauritania SARL para la rehabilitación de dos centros de atención temporal destinados a albergar un total de 118 personas (45 en Nuadibú y 73 en Nuakchot). Todo ello a través de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración de Políticas Públicas (FIIAPP), institución dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
¿Cómo y cuándo comenzó este desplazamiento de la frontera Sur?
Para hallar los orígenes del modelo de externalización del control migratorio hay que retrotraerse al Acuerdo Schengen de 1985. La idea es sencilla: sólo puede garantizarse la libertad de movimiento en el interior protegiendo las fronteras del exterior. Desde esta perspectiva jurídica, narrativa y política la migración se entiende necesariamente como un “problema” y como una “amenaza”. Si realizamos una búsqueda semántica en el Convenio de aplicación del Acuerdo Schengen del 14 de junio de 1985 veremos que la palabra “control” es la más repetida, con un total de 124 ocasiones en un texto de tan sólo 44 páginas. A partir de ahí, en los últimos treinta años se ha desarrollado un total de 27 instrumentos legislativos entre los que se cuentan el Enfoque Global de la Migración (EGM, creado en 2005), que exige a los países de origen y tránsito de la migración la colaboración en la gestión de los flujos migratorios, y el Enfoque Global de la Migración y la Movilidad (EGMM, creado en 2011), que llega a presentar la migración irregular como una posible amenaza terrorista. Contra la misma apuntan los medios financiados por Europa: dotaciones militares y de seguridad que incluyen el reconocimiento biométrico de personas no pertenecientes a la UE a las que se considera portadoras de riesgos potenciales.
El control migratorio Marca España
España entró en la Comunidad Económica Europea en 1986. Las instituciones comunitarias vieron entonces la oportunidad de convertir al país en el garante del control y la seguridad de la frontera sur. La entrada en vigor del Acuerdo Schengen en 1992 y la firma con Marruecos del primer acuerdo bilateral de readmisión se convirtieron en la pieza fundacional del proceso de externalización que pasaría a liderar España. Desde el primer momento la migración fue presentada ante la ciudadanía como un problema. O por lo menos en esos términos se expresó José María Aznar cuando en 1998 trató de justificar al mundo la expulsión ilegal de 103 personas migrantes en cinco aviones militares con destino a Mali, Camerún, Senegal y Guinea Bissau, narcotizadas con haloperidol, maniatadas y vendadas: “Teníamos un problema y lo hemos solucionado”.
https://elpais.com/diario/1996/07/20/espana/837813620_850215.html
Este tipo de estrategias no son un error. Son políticas que nacen fruto de la conciencia y la plena voluntad, que reciben el apoyo de la UE y cuya aplicación se acelera año tras año con independencia de la naturaleza ideológica del partido gobernante y siempre en consonancia con los convenios europeos. En 2004 nació la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), el organismo encargado de gestionar y proteger las fronteras exteriores del espacio Schengen. Desde 2021 Frontex coordina junto a las autoridades españolas la Operación Indalo (encargada de patrullar las costas del Mediterráneo Occidental entre Marruecos y España), la Operación Canary Islands (que apoya a las autoridades en la gestión de los flujos migratorios) y la Operación Minerva (activa únicamente en los meses de verano y centrada en el control de las entradas irregulares y las posibles amenazas de delincuencia fronteriza).
Si no vemos a los migrantes, no existen
La lógica de la externalización ha encontrado su plasmación material en una serie de acuerdos regionales y bilaterales que instan a los países de origen y tránsito a controlar a la población migrante con el objeto de impedir su llegada a Europa. Es el caso del Proceso de Rabat (2006-2015), una iniciativa española liderada por la FIIAP. Entre los acuerdos bilaterales destacan los acuerdos de readmisión de migrantes establecidos con Mauritania y Senegal para evitar la salida de embarcaciones desde sus costas. Paralelamente se desarrollaron los Proyectos Seahorse (2006-2010), por los que la Guardia Civil quedaba como encargada del control de la migración por vía marítima. A partir de 2010, el gran volumen de personas migrantes concentradas en el norte de Marruecos llevó a verticalizar también la frontera por el Sahel Occidental. En este contexto se inscriben los Proyectos West Sahel I (2011-2013), West Sahel II (2014-2016) y Blue Sahel (2017-2019). Este último incorporó, además, la formación y la capacitación de la vigilancia fronteriza.
Por estos acuerdos los países del Sur global asumen funciones de control fronterizo para la UE. En unos casos se opta por la regularización de personas migrantes: en 2014 y 2016, por ejemplo, Marruecos gestionó 50.000 regularizaciones administrativas. En otros, la opción más atractiva son las detenciones masivas y los desplazamientos forzosos desde el norte de Marruecos hacia el sur. En el verano de 2018 el gobierno marroquí llevó a cabo redadas, quema de campamentos de migrantes y expulsión de pisos en Tánger y Nador. Cuatro años después, en 2022, este tipo de procedimientos fueron una de las razones de fondo que llevaron a la masacre del 24 de junio. Una investigación de El País con la organización Lighthouse Reports y otros medios extranjeros ha documentado esta clase de estrategias internas en Marruecos, Mauritania y Túnez, orientadas a desplazar a la población migrante hacia el sur y rebajar la tensión sobre la frontera europea.
- En Marruecos, las Fuerzas Auxiliares y la Gendarmería arrestan a migrantes subsaharianos en redadas por las calles, en sus propias casas o en pateras. Luego de amontonarlos en autobuses, son conducidos a zonas remotas ubicadas a cientos de kilómetros del lugar de captura. Cuatro supervivientes guineanos arrestados al entrar en el Sáhara Occidental contaron a los investigadores cómo después de horas retenidos en un cuartel de campaña, durante las que sufrieron golpes por parte de las autoridades marroquíes y ataques de sus canes, fueron abandonados en el desierto atados de pies y manos, sin agua ni comida.
- Durante un día de guardia frente al centro de Nuakchot, en Mauritania, los investigadores fueron testigos de las entradas y salidas de migrantes en autobuses, furgonetas y camiones. A lo largo de 16 kilómetros siguieron a un autobús blanco que traslada migrantes rescatados del mar de nacionalidades senegalesa, maliense, guineana y costamarfileña. Según un informe de Amnistía Internacional, las autoridades mauritanas llevan apresando migrantes desde 2006, abandonados después en la frontera con Malí. España no es ajena a estas prácticas. Los periodistas pudieron identificar a agentes españoles visitando estas instalaciones.
- El pasado febrero de 2023 se inició en Túnez una violenta campaña contra las personas subsaharianas después de que el presidente Kais Said se refiriera a la migración como un “plan criminal” diseñado para “cambiar la composición demográfica” del país. Desde el mes de junio al menos 29 personas habrían muerto en el desierto tras ser abandonadas en la frontera con Libia. Pese a ello, Von der Leyen se ha referido al pacto migratorio con Túnez como un “modelo para el futuro”. 3.000 agentes de la Guardia Nacional y la Dirección General de Fronteras tunecinas, ejecutores primeros de estas prácticas, fueron entrenados gracias al millón de euros aportado por Berlín entre 2015 y 2023.
- https://elpais.com/internacional/2024-05-21/detenciones-masivas-y-traslados-forzosos-asi-se-destierra-con-dinero-europeo-a-migrantes-en-el-norte-de-africa.html#?rel=mas
¿Cómo se financia la externalización?
El análisis que la Fundación porCausa ha realizado para el período 2004-2024 ha permitido seguir el rastro de 9.344 millones de euros destinados a la externalización de fronteras de la UE, aunque la cifra real destinada a estas partidas podría ser todavía mayor. La primera de ellas abarca el marco temporal comprendido entre 2004 y 2014, durante el que la fuente de financiación se limitó a ayudas económicas puntuales o tratados comerciales con países fronterizos, como España y Marruecos. El primer proyecto con financiación estable y regular es el Fondo Europeo de Vecindad (2004), donde el 100% del gasto se concentra en Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Jordania, Siria, Israel, Palestina y, a partir de 2009, Libia. Entre 2015 y 2017 el gasto comenzó a diversificar los fondos hacia países localizados más al sur. Son el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África, el Fondo para el Asilo, Migración e Integración y el Fondo de Seguridad Interior. Desde 2018 y 2024 comenzó a reducirse el gasto en los países del norte de África y Oriente Medio dejó de ser financiado. Las ayudas económicas, en cambio, se ampliaron a los países correspondientes a las rutas atlánticas, central y oriental de la migración en África.
- Mauritania. Cuenta con 43 efectivos procedentes de España. De ellos, seis son miembros de la Policía Nacional integrados en un equipo conjunto de investigación, y otros tres miembros del mismo cuerpo trabajan en un equipo de partenariado conjunto de la UE. La Guardia Civil, por su parte, cuenta con 34 efectivos, que incluyen dos oficiales de enlace y los integrantes de los destacamentos aéreos, marítimos y terrestres de Nuakchot y Nuadibú. Este cuerpo opera dos patrulleras, un helicóptero y 14 vehículos todoterreno, periódicamente reforzados con un avión de vigilancia y un buque oceánico. Alguno de los vehículos utilizados en la detención y abandono de migrantes en zonas remota son de la misma marca, modelo y año de fabricación que los 32 suministrados por la FIIAP a este país entre enero de 2018 y mayo de 2024.
- Senegal. En el país hay desplegado un total de 40 efectivos españoles. La Policía nacional cuenta con un destacamento aéreo integrado por tres agentes que operan un helicóptero y tres oficiales de enlace con las autoridades policiales senegalesas y con Frontex. De otro lado, la Guardia Civil tiene 34 efectivos repartidos en destacamantos terrestres y marítimos que operan cuatro patrulleras y 13 vehículos todoterreno, reforzados de manera puntual con un avión de vigilancia y un buque oceánico. Una investigación de porCausa demostró que el gobierno senegalés empleó vehículos blindados entregados por España para reprimir a los manifestantes. Además, en dichas operaciones participaron unidades de la gendarmería senegalesa entrenadas y equipadas por la Guardia Civil en el marco del proyecto GARSI.
- Gambia. De los 10 efectivos desplegados en el país, cuatro son agentes de la Policía Nacional que pertenecen al Equipo POC (Partenariado Operativo Conjunto) de la Unión Europea y seis integrantes de un destacamento de la Guardia Civil en Banjul, que opera una embarcación semirrígida y un vehículo todoterreno.
- Túnez. La Unión Europea ha proporcionado más de 1.000 millones de euros para revitalizar la economía de Túnez y reducir la migración irregular, con independencia de la naturaleza dictatorial del régimen imperante. En 2023, concretamente, el país recibió 105 millones de euros a través de un acuerdo de “asociación estratégica” para el control de la migración irregular.
- Libia. Pese a los sucesos acaecidos en el contexto posterior a la guerra de guerrillas, la Unión Europea ha decidido mantener intacta su cooperación con el Congreso General de la Nación mediante la provisión de fondos, lanchas rápidas, capacitación y otros apoyos, contabilizados en unos 700 millones de euros en asistencia a través de instrumentos como el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África o el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (EVA).
- Níger. Entre 2015 y 2022 la Unión Europea financió 19 proyectos por un valor de 687 millones de euros, con especial énfasis en el control de fronteras, en aplicación de la Ley 2015-36 que criminalizaba la movilidad y tuvo importantes efectos sobre las personas migrantes de Níger y la población local de la región nigerina de Agadez.
- https://www.elconfidencial.com/mundo/2024-10-09/que-esconde-fiiapp-control-migratorio-espanol_3973767/
Los efectos del caos migratorio
La Unión Europea bendice con estas crudas políticas de externalización las peores prácticas represivas contra poblaciones altamente vulnerables que lejos de deponer sus ansias por llegar a su destino, después de sufrir en el camino expulsiones arbitrarias, torturas, secuestros, abusos sexuales o chantajes crecen en su empeño por cruzar a Europa. Este descontrol, además, está alimentando los arsenales de organizaciones yihadistas y paramilitares que se mueven libremente por la región, a menudo en connivencia con los gobiernos a los que España entrena y equipa.
Las tramas, los sobornos, los chantajes, etc. tienen numerosas ramificaciones que conducen no sólo a este tipo de organizaciones criminales, sino al propio Estado español. La Fundación por Causa ha contactado con fuentes del CNI y la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional que aseguran que España utiliza dinero de los fondos reservados para comprar información a los pasantes clandestinos sobre la fecha y lugar de salida de las embarcaciones que esos mismos pasantes fletan en países como Senegal, Mauritania y Marruecos.
Otra de las implicaciones más tangibles de la externalización se advierte en el campo de las relaciones con el exterior. La Unión Europea adopta el papel de potencia neocolonial, imponiendo a los países de origen y tránsito el desempeño de funciones de control migratorio a cientos de kilómetros de la frontera real entre ambos continentes. Pero esta forma de proceder es en realidad una vulnerabilidad de la que sacan buen provecho sus socios del Sur. Un claro ejemplo de ello es el continuo juego de demostraciones de fuerza con Marruecos: la crisis de salidas hacia Canarias a finales de 2020, la crisis en Ceuta en mayo de 2021 o la masacre de Melilla de junio de 2022.
Así las cosas, la lógica del control migratorio también ha afectado necesariamente a las políticas de cooperación internacional y desarrollo. La implicación de una agencia pública de cooperación como la FIIAP en el control migratorio va directamente en contra de los principios raíz que deberían sustentar la filosofía de la cooperación y la ayuda internacional. De este modo, instrumentos como el Fondo Fiduciario de la UE para África o el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) están viendo sus cimientos seriamente dañados, pudiendo ser interpretados como una estrategia destinada a encubrir los esfuerzos de control migratorio de la UE.
Emma Rivas Plata.
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