En el marco del breve debate celebrado el pasado 26 de noviembre en el Congreso sobre la votación del nuevo presidente de RTVE, el diputado de Vox por Toledo, Manuel Mariscal Zabala, utilizó su turno de palabra no solo para desprestigiar a los medios de comunicación y referirse a las redes sociales como último resorte de “la verdad”, sino también para hacer apología de la dictadura franquista – sin hacer mención explícita del término y dirigiéndose a la misma como “la etapa posterior de la guerra civil”. Aquella fue, a su modo de ver, “una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional”. Afirmaciones de este tipo, sesgadas, manipuladas, blanqueantes, no deberían caer de susto en un país que faltó al juicio histórico que debió haber representado la Transición hacia la democracia. Porque en las guerras civiles, en las que en ambas trincheras hay hermanos, la paz no nace cuando la guerra termina. Porque en las guerras civiles, como en la vida misma, no se pueden ignorar las dolencias dejadas por episodios traumáticos y esperar que no rebroten con toda su crudeza con el paso de los años. Ya nos lo advirtió en la década de los ochenta el historiador Herbert Southworth: “Si la democracia española, recién establecida, no ayuda a confirmar la verdad histórica de la guerra civil, puede perder su propia legitimidad y, lo que es mucho peor, su alma”. Sin embargo, a estas alturas del siglo XXI, raro será el curso escolar en que se llegue al último trimestre con margen suficiente para hablar ampliamente de lo que fue y lo que dejó la guerra civil, como rara será la persona que en su deseo de mirar hacia el pasado no haya sido invitada a “olvidar”, arguyendo que “en ambos bandos hubo muertos”, “que ni los buenos fueron tan buenos, ni los malos tan malos”.
El diputado de Vox por Toledo, Manuel Mariscal Zabala
Pasos hacia adelante también se han dado. El primero, la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Pero siguen siendo los historiadores, los investigadores locales, las asociaciones memorísticas y los ciudadanos de a pie los que siguen recabando fondos con los que reparar a las víctimas, y testimonios con los que señalar a los arquitectos y los verdugos de la represión franquista, teniendo que ampararse para emprender esas acciones no en nuestra Audiencia Nacional, sino en la justicia argentina. En Cantabria, el pasado 4 de noviembre fue derogada la Ley de Memoria Histórica y Democrática autonómica, tildada por el diputado popular Iñigo Fernández de “ataque” contra la libertad de expresión y la convivencia, ya que, considera, “distingue” entre las más de 3.000 personas que en Cantabria fueron “represaliadas injustamente”, estableciendo víctimas “de primera” y “de segunda”, así como “buenas” y “mejores”. La portavoz de Vox, Leticia Diaz, fue todavía más allá en su declaración, achacando a la ya extinta ley la ilegalización del franquismo y su calificación como “totalitaria” porque “reprime la libertad con el insano propósito de crear una historia oficial”. Pero el rigor histórico es el que es. Los sublevados articularon una estrategia activa (y no reactiva) con anterioridad al 17 de julio de 1936. Ya en abril de aquel mismo año, el general Mola daba órdenes de “eliminar a todos los elementos izquierdistas” y prueba de ello es el elevado número de víctimas que se cobraron en aquellas zonas que cayeron inmediatamente en sus manos. En Galicia no hubo guerra y, sin embargo, la represión que siguió al triunfo de la rebelión dejó 3.233 “paseados” y 1.467 ejecutados.
Manifestación de la Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria frente al Parlamento
Esa represión, además, estaba pensada para trascender los límites cronológicos de la contienda. Así lo proyectaba el jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares, Antonio Vallejo-Nágera: “Nuestras esperanzas de justicia no quedarán defraudadas ni tampoco impunes los crímenes perpetrados, lo mismo los morales que los materiales. Inductores y asesinos sufrirán las penas merecidas, la de muerte la más llevadera. Unos padecerán emigración perpetua, lejos de la Madre Patria, a la que no supieron amar, a la que quisieron vender, a la que no pueden olvidar, porque también los hijos descastados añoran el calor materno. Otros perderán la libertad, gemirán durante años en prisiones, purgando sus delitos, en trabajos forzados, para ganarse el pan, y legarán a sus hijos un nombre infame, los que traicionan a la Patria no pueden legar a la descendencia apellidos honrados. Otros sufrirán el menosprecio social, aunque la justicia social no los perdonará, y experimentarán el horror de las gentes, que verán sus manos teñidas de sangre”. Así las cosas, la “etapa posterior de la guerra civil” nunca podría llegar a ser “una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional”.
El volumen global de pérdidas humanas que dejó aquella guerra suma entre un mínimo de 651.000 y un máximo de 735.000 víctimas en todas sus facetas, lo que supone nada menos que entre el 2,63% y el 2,97% de los 24,69 millones de habitantes registrados en España en 1936. El consecuente desplome de las tasas de natalidad (estimado en una media de entre 400.000 y 600.000 niños y niñas “no nacidos” durante el trienio) y el espectacular incremento del número de exiliados (hasta 734.000 personas de manera temporal y entre 200.000 y 300.000 de forma definitiva) tendría un considerable impacto en el desenvolvimiento socioeconómico del país. Prueba de ello son los datos relativos a la esperanza de vida al nacer, que en el caso de los hombres pasó de estar en 50,8 años en 1935 a 43,1 en 1939. En el caso de las mujeres, el indicador se desplomó de 54,6 años en 1935 a 51,8 en 1939. El efecto lesivo de esas pérdidas también puede advertirse en el volumen y formación del capital humano. Como resultado de las bajas tasas de escolaridad durante el trienio y de la quiebra de los servicios educativos (ya fuera por destrucción, represión y exilio de maestros o recorte de inversión), la generación nacida en 1931 volvió a situarse en niveles de escolarización y alfabetización de principios del siglo XX. En el plano material, el producto interior bruto nacional cayó un 20% entre 1935 y 1940, la producción agraria más de un 21% y la producción industrial cerca de un 30%. El impacto económico de la contienda se prolongó durante dos décadas, y posiblemente los españoles de la época sacrificaron algo más de cinco años de renta.
En todas las instituciones públicas y también en las empresas privadas comenzó un proceso de depuración ideológica e incautación de bienes. El decreto promulgado por la Junta de Defensa Nacional el 13 de septiembre de 1936 ilegalizó todos los partidos políticos, sindicatos y organismos sociales que hubieran apoyado al Frente Popular, debiéndose proceder “urgente y rigurosamente a la incautación y destrucción de cuantas obras de matiz socialista o comunista se hallen en bibliotecas ambulantes y escuelas”. Tres años más tarde fue aprobada la Ley de Responsabilidades Políticas. Al frente del Tribunal Nacional encargado de tramitar las causas de esta naturaleza, se encontraba Enrique Suñer Ordóñez. Decidido a eliminar a cualquier intelectual que hubiera contribuido con sus letras al engrosamiento de la cultura republicana, envió numerosas denuncias al Servicio de Información Militar, como aquella interpuesta contra María Goyri, feminista, filóloga y esposa de Menéndez Pidal, primera mujer en España en obtener una licenciatura universitaria (1896) y un doctorado (1909). Era ésta, a ojos de Suñer, una de las personas más peligrosas de España, pues con sus ideas había pervertido a su esposo y a sus hijos. Es interesante señalar que a las mujeres acusadas de adherirse a la rebelión se les imponía la pena de muerte o condenas de cárcel, y, sin embargo, ni siquiera se les concedía el estatus de presas políticas, sino de delincuentes comunes. Por esa misma razón tampoco existieron campos de concentración para mujeres. Fueron encerradas en todo tipo de edificios públicos donde eran sometidas a las mismas penalidades que los prisioneros de los campos, si bien la violencia vertida sobre las mismas siempre fue más refinada, como las descargas eléctricas en orejas, pezones y genitales, o los paseos en ropa interior que daban por las calles después de haber sido rapadas y obligadas a ingerir aceite de ricino. Muchas sufrirían, además, el robo de sus bebés.
Aquel decreto del 36 creó también tribunales especiales dirigidos a determinar qué empleados públicos, funcionarios y maestros de escuela podían continuar ocupando sus cargos. Por dar un ejemplo, cuando Cataluña fue ocupada al final de la guerra, de los 15.860 funcionarios públicos, solo 753 conservaron su empleo. Aquellos puestos vacantes fueron entonces ocupados por los hijos, hermanos y demás familiares de personas vinculadas al nuevo régimen. Así es como Pedro Barrie de la Maza forjaría el imperio del grupo FENOSA, beneficiado por el asesinato del diputado republicano Pepe Miñones, quien, hasta su fusilamiento en 1936, controlaba el sector de la electricidad en la región a través de su empresa Unión Eléctrica Coruñesa. Quienes no podían demostrar su fidelidad a Franco, tampoco fueron autorizados para abrir nuevos negocios. El caso de Luis Ortiz Alfau resulta muy representativo. “Me liberaron en 1943. Mi mujer trabajaba en una fábrica de pilas y ganaba una miseria. Vivíamos en un piso de esos que hoy llaman pisos patera […]. Las empresas necesitaban gente, pero solo contrataban a quienes habían hecho méritos en el Ejército franquista, por muy cazurros que fueran. Yo fui a varias empresas y me aceptaron, pero antes de empezar tenía que presentarles un impreso de aceptación sellado por el sindicato vertical. […] Recuerdo que me decían siempre lo mismo: ‘Ese trabajo no es para usted. Usted puede trabajar levantando las vías del tranvía o bajando a los muertos desde las casas a los coches funerarios’”. Finalmente, oyó acerca de un funcionario fácilmente sobornable. “Le tuve que pagar bajo cuerda 5.000 pesetas. […] Movilicé a medio Bilbao para que me prestaran dinero: vecinos, familiares… Tardé meses en reunirlo y dos años en devolver todo ese dinero, pero tuve mucha más suerte que la mayoría”.
La España de la posguerra necesitaba de reservas de mano de obra para emprender la reconstrucción del país y hacer reflotar la economía. Y ello sin renunciar al objetivo primero de culminar el genocidio ideológico que constituiría el basamento de la larga duración del régimen. Hasta la fecha han sido recuperados 303 campos de concentración destinados a clasificar a los cautivos en tres categorías: los enemigos irrecuperables (fusilados o condenados a largas penas de prisión), los individuos contrarios al régimen con posibilidad de ser “reeducados” (sometidos a trabajos forzados y políticas de miedo) y los “afectos” al Movimiento (incorporados al Ejército franquista o puestos en libertad condicional). Los testimonios de los cautivos son unánimes a la hora de calificar los juicios sumarísimos en que se dirimían sus destinos.
Entre ellos se cuenta el de Ramón de Galarza, preso en el penal de El Dueso. “Vamos 57 a juicio. No hay sitio para todos. […] el juicio dura hora y media. Bastante tiempo, teniendo en cuenta que no tenía demasiada importancia. Petición, 48 penas de muerte y el resto cadena perpetua”. En 1937 nació la primera estructura de trabajo esclavo del franquismo, los Batallones de Trabajadores (BBTT), integrado por personas que ni habían sido juzgadas, ni redimían condena (solo los batallones de redención de penas por trabajo, creados en octubre de 1938, enrolarían hombres y mujeres acusados, juzgados y condenados). La lista de batallones iría menguando progresivamente hasta ser disuelta en 1940. Pero la estrategia se mantuvo, solo que con otros nombres. En diciembre de 1939, aquellos prisioneros pasaron a integrar la “mili de Franco”, los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores. Nuevamente, estos batallones irían reduciéndose paulatinamente para dar una imagen de mayor benevolencia, nutriéndose de presos comunes. El último destacamento penal fue disuelto en 1970 tras trabajar para la constructora privada Banús en la edificación de la Colonia Mirasierra en Madrid, si bien el sistema de redención de penas se mantendría hasta bien entrada la democracia. Empresas que hoy cotizan en el IBEX 35, como Naturgy, OHL o Iberdrola, se nutrieron con el trabajo esclavo de estos presos.
- https://www.lapajareramagazine.com/los-ricos-cachorros-del-franquismo-poder-y-dinero
- “Trabajando a todo correr, azuzados a gritos y a palos, hacíamos un promedio de sesenta kilómetros diarios, yendo y viniendo cargados con cestas de tierra”. Juan Rodríguez Doreste, prisionero en el campo de concentración de La Isleta (Gran Canaria).
- “En los primeros tiempos, a los trabajadores de carreteras que sólo habían manejado libros, se les llenaron las manos de llagas. No había remedio. Al día siguiente empuñaban palas y picos chorreantes de sangre. Se orinaban en las manos para cicatrizarselas. Algunos se dejaban caer en el polvo a esperar la muerte, que se les mostraba propicia en los palos recibidos, uno tras otro, sobre la cabeza, en las costillas y los huesos sonaban a quebrados y la muerte llegaba llevándoles por delante algún ojo, que caía arrancado, o los testículos, que les desprendían a navajazos”. Carlota O’Neill, presa en el Fuerte de Victoria Grande (Melilla).https://www.lapajareramagazine.com/carlota-o-neill
- “Estábamos llenos de bichos. La ropa, las mantas… todo estaba repleto. Aquello era una plaga. Cuando alguna vez te quitabas la ropa y la dejabas en el suelo parecía que se movía de la cantidad de piojos que tenía. Solíamos pasar el tiempo matándolos, pero era imposible. Se nos quedaban los dedos negros del montón que aplastábamos con las uñas”. Francesc Vernet, prisionero en el campo de concentración de Orduña, Vizcaya.
- “Al no tener enfermería, ni medicinas, los médicos-prisioneros hicieron verdaderos milagros. Recuerdo que en una ocasión el Dr. Guimón empleó como bisturí un trozo de la tapa de un bote de leche condensada para, después de aguzado, hacer a un joven palentino una incision de un absceso grave que tenía en un costado”, Víctor Uriarte, prisionero en las bodegas del barco Upo Mendi.
- “¡Angelitos de dios! ¡Hijos de la Pasionaria! ¡Dinamiteros! ¡Vosotros! ¡Hay que quemaros como se quemó a los judíos! Les puedo hablar del Quinto Mandamiento porque lo mismo que el labrador hace la escarda de la mala hierba ¡eh!, Cristo también permite que se extirpe para que haya una buena cosecha. De modo que están ustedes en un error. Lo que se hace es limpiar la sociedad de gente maligna, indeseable”. Discurso del padre Nieto a los prisioneros de la Isla de San Simon.
Clase patriótica en el campo de concentración de Corbán y formación en el campo de las caballerizas de La Magdalena
Las familias de los cautivos también quedaron marcadas por el estigma del “rojo”. Sufrieron la persecución de la Guardia Civil y Falange, y fueron marginadas, social y económicamente, por sus vecinos. Antonio Ruiz Villaplana, que ejerció como secretario judicial en Burgos durante el dominio franquista, da cuenta de ello al recordar el caso de una viuda de Buniel. “La pobre mujer no tenía un céntimo y vio como la justicia les dejaba abandonados, arrebatándoles todo lo que poseían, incluso un cerdo que, con grandes sacrificios, conservaba para vender y con su importe ir defendiéndose ella y sus chiquillos”.
Hallándose en aquellas circunstancias, no pocas mujeres se vieron en la obligación de prostituirse. El historiador Julián Casanova ha recuperado la carta de una de ellas: “¿Es que iba a dejarte a ti y a los chicos morir de hambre o es que tu crees que no os amo y que yo consentiría que nuestros hijos murieran de hambre o que les faltase lo más principal, la educación?” Otros testimonios dan cuenta de la violación de las esposas e hijas que visitaban a los cautivos. Maria Dolez, con tan solo 13 años, fue testigo de lo que ocurrió en la plaza de toros de Valencia. “Iban las hijas a traer la cestita, para llevarles comida. ¿Qué hacían?Los guardianes se la quedaban. Además decían: ‘No verás a tu padre si no pasas a hacerme compañía’. ¿Que querían? ¡Violarlas!”. En el campo de Castuera, los internos, conscientes de aquella realidad, cantaban: “Mujer que adoro, cuánto lo siento no poderte abrazar ya […] Lloro porque todo ha terminado, por salvarme tu honra has dado, eso también lo sé yo…”. En El Dueso, el capellán del campo, el padre Tomé, utilizaba este tema para humillar y burlarse de los cautivos. “Mirar si sois desgraciados, que vuestras mujeres, en un arranque de lujuria, se entregan a nosotros buscando el placer que no les dais vosotros”.
Mujeres y niños evacuados de Santander
Quienes salvaron la vida y llegaron a abandonar el campo de concentración o la unidad de trabajadores, no alcanzaron una libertad definitiva y real. Un buen porcentaje de hombres y mujeres volvieron a ser detenidos, encarcelados o fusilados. Y aquellos que se encontraban en edad militar iniciaron un nuevo período de cautiverio y trabajo esclavo con la mili de Franco. Manuel Vega regresó a su pueblo desde Infestó, donde realizó trabajos esclavos en un batallón. “Todos los domingos teníamos que presentarnos en el cuartel de la Guardia Civil y al más mínimo desliz que tuvieras eras llamado al cuartel”. Ernesto Caballlero acompañaba a su madre en esos interminables paseos hacia la comisaría. “Aquellas presentaciones, además del temor permanente de ser detenidos o interrogados, impedían trabajar en el campo, obligando a las personas a permanecer todos los días en el pueblo, lo que producía situaciones de hambre en los hogares”. Un 25% de quienes salieron de las cárceles y un porcentaje indeterminado de los que abandonaron los campos sufrieron el destierro. Guillermo Gómez Blanco le contó a su hijo lo que le sucedió un día en Valencia, donde estaba desterrado. “Estaba sentado en una terraza en compañía de mis padres cuando pasaban por delante unos flechas falangistas cantando El Cara al Sol. Todos los presentes se tenían que poner de pie y hacer el saludo fascista, pero mi padre no lo hizo a pesar de los ruegos de mi madre. De pronto, un niño que no tendría más de 10 o 12 años se le acerca y dándole una patada en la espinilla le dice. ‘¡Ponte de pie y saluda, rojo de mierda!’ Otros no fueron tan afortunados, decidiendo poner fin a su vida después de haber logrado sobrevivir a largos períodos de cautiverio. Hilario Gómez Luna no soportó la ruina que se encontró al regresar a Villanueva de Córdoba. Miguel Gómez del Pulgar se ahorcó el día de Reyes de 1946, solo quince días después de obtener la libertad condicional, consciente de que jamás podría rehacer su vida en Manzanares.
Santanderinos celebrando la entrada de las tropas nacionales en la ciudad.
Sin memoria no hay futuro. Derogada la Ley de Memoria Histórica y Democrática en Cantabria, los civiles vuelven a verse en la obligación de conquistar espacios para el recuerdo, la investigación y el aprendizaje. Abordar estas cuestiones no debe ser entendido como la imposición de “otra historia”, mucho menos como una forma de adoctrinamiento. Desde 1939 se ha contado la historia de los vencedores. Las personas directamente afectadas y sus familias han sido, y siguen siendo, deliberadamente silenciadas. Si bien podemos tener opiniones distintas, e incluso enfrentadas, en lo que a todo esto respecta, debemos respeto a las víctimas de una violencia que fue meditada, estructurada, desmesurada e inhumana. Debemos empatía hacia las familias de las víctimas que durante décadas fueron humilladas. Debemos rendir homenaje a quienes fueron rechazados por su propio país, a los exiliados, a los prisioneros de las cárceles y de los campos de concentración. Y una forma de empezar a hacerlo es dándoles voz y un espacio en las aulas, ofrecer a los estudiantes las herramientas necesarias para afrontar con un espíritu crítico los discursos sesgados difundidos en las redes sociales en el actual contexto de radicalización de las formaciones nacionalpopulistas. Ejemplo de ello son centros como el IES Zapatón de Torrelavega. Durante mis prácticas del Máster en Formación de Profesorado de Secundaria, tuve la suerte de participar en la “Semana de la Memoria”. El departamento de Historia organizó diversas actividades, entre las que se contaban una exposición con documentación cedida por una asociación memorística sobre los españoles deportados en Mauthausen y una jornada dedicada al cine que incluyó la representación de varios testimonios recogidos en el libro Los campos de concentración de Franco, de Carlos Hernández de Miguel. Desde aquí les doy las gracias por su contribución desde la trinchera de la educación.
HERNÁNDEZ DE MIGUEL, Carlos. Los campos de concentración de Franco. Sometimiento, torturas y muerte tras las alambradas. Barcelona: Penguin Random House, 2021.
MAESTRO, Antonio. Franquismo S.A. Madrid: Akal, 2019.
MORADIELLOS, Enrique. Historia mínima de la guerra civil española. Madrid: Turner, 2016.
PRESTON, Paul. El holocausto español. Odio y exterminio en la guerra civil y después. Barcelona: Debate, 2011.
Emma Rivas Plata.
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