Al calor del estallido publico en defensa de la Sanidad Pública, realizando manifestaciones masivas tanto en Madrid, como en Cantabria, esperándose huelgas y más manifestaciones del enfado ciudadano por la mala o nula gestión de algo consustancial con la vida y la salud de la gente como es la sanidad nos surge la certeza de que la Sanidad, quizá sea la parte más visible y sangrante del abandono que sufre las diferentes instancias de la Administración, pero no la única.
Entendemos que el enfado es de sobra justificado porque somos usuarias (toda la población, más tarde o temprano utiliza la sanidad pública) de la sanidad. Es una preocupación prioritaria y visible. En cambio hay otras facetas de la Administración pública que no tienen el mismo reclamo, ni apoyo popular, por estar detrás de las necesidades vitales de la población. La salud es lo primero, solemos afirmar, pero cuando tenemos que gestionar pensión de jubilación, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), o bien consultas sobre asistencia sanitaria, certificados de pensión, cambios de domicilio y/o de entidad bancaria, solicitudes de pre cálculos de jubilación, tarjetas sanitarias, compatibilidad de trabajo y pensión, modificación de IRPF, petición de documentación que obra en sus expedientes, es cuando nos damos cuenta de la terrible ineficacia administrativa.
La ciudadanía tiende a culpar al/la funcionaria que tiene enfrente (con suerte, con mucha suerte) por la imagen proyectada por una realidad pasada, también literaria, que nos han mostrado del funcionariado. Esos vagos que apenas hacen nada y que ponen mil trabas a la persona que se acerca a solucionar sus cuitas y se enfrenta a un muro de incomunicación y desidia. Hay mala imagen del funcionariado. No podemos negarlo por lo que la ciudadanía tiende a personalizar el malestar sobre quien le atiende .
Durante la pandemia salíamos a aplaudir al personal sanitario que se dejó, en ocasiones, hasta la vida por salvar la nuestra, por lo que es posible que el agradecimiento sea también motivo de las manifestaciones masivas y la solidaridad que despiertan. Lo que olvidamos es que el sistema siguió funcionando. Se gestionaron dos millones de ERTES, los ingresos a las autónomas, las bajas, y todo el engranaje estatal que mueve un país gracias al personal oculto que desde su casa, en teletrabajo, o por turnos en oficinas, desplegó horas y agotamientos para que el estado siguiera funcionando. Viví ese tiempo de forma activa laboralmente, una de las ayudas que se cobraron en mi empresa estaba firmada por un funcionario a las 23,20 del jueves santo de 2020. Esa persona y muchas más, trabajaba a esas horas para que yo pudiera sobrevivir al caos pandémico. La saturación de trabajo los dejó exhaustos. Todo funcionó por lo que es tiempo de escuchar el lamento común a todas las administraciones, tanto las estatales como las comunitarias o municipales. Sin loas absurdas pero con justicia.
En los días que llevo documentando este artículo han sido innumerables y comunes las quejas. Quizá debiera expresarlo al contrario, han sido las quejas lo que me ha llevado a investigar lo que ocurre en la administración. Reitero, en todas. Los problemas son comunes a todos los ámbitos estatales administrativos.
La primera protesta es común. Escasez acuciante de personal, que conlleva saturación de trabajo, estrés, pésima atención ciudadana, demora en trámites…
Varias funcionarias conocidas se han quebrado en el vano intento de cumplir con lo requerido. Hace poco me refería una directora de departamento que se veía obligada a resolver problemas nimios, por falta de personal intermedio. Tenía becarios/as o personal no cualificado y luego…estaba ella. El personal a su servicio no sabía resolver determinadas situaciones para las que no estaban preparados, por lo que tenía que hacerlo ella, y retrasar de forma indefinida sus funciones. “Hay dinero, nos sobra el dinero, pero no puedo implicarme en planes de inversión y mejora de mi departamento porque no tengo tiempo para ello, enmarañada como estoy en resolver problemas administrativos que una funcionariado intermedio bien preparado, solventaría sin problema. Devolvemos dinero anualmente al estado central por no tener tiempo para hacer o renovar cosas” Las palabras salen de un departamento cultural de una autonomía con escandalosas carencias en mantenimiento de infraestructuras patrimoniales. No hay personal.
Preguntadas las funcionarias de la Seguridad Social, la desesperación tiñe el discurso. No pueden. No saben cómo afrontar la enorme avalancha de requerimientos ciudadanos por falta de personal. Otra vez el mismo problema. Como ven, no solo en la Comunidad de Madrid falta personal sanitario.
En la Seguridad Social, se tramitan necesidades vitales de la ciudadanía que trazan una fina línea con la dignidad. Como ejemplo traemos el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que ha sido difundido con boato propagandístico por el ministro Escrivá (bestia negra del personal y de los distintos sindicatos) y la “perversa” Hacienda, en manos de la ministra Montero. El desorden absoluto ha sido la tónica general en la tramitación del IMV, caos que supone un drama en cientos de miles de hogares precarizados de España. Quizá parte del problema sea que los funcionarios y funcionarias que atienden el IMV son voluntarios, extraídos de los centros de atención de la Seguridad Social que quedan privados de ellos dejando en cuadro a otros departamentos…Es posible…o también colabora una ley mal redactada, poco escrupulosa con la variedad de casos a tener en cuenta.
En otro orden de cosas, la Ley 21/2021 establece que el Gobierno ha de aprobar el proyecto de ley de creación de la Agencia antes del 30 de junio de este año, resulta que el Ministerio se encuentra por el camino con el freno del Ministerio de Hacienda y no es capaz de llevarlo al Consejo de Ministros porque Función Pública no quiere autonomía para el personal de la Seguridad Social sino más bien su control, influencia que ha llevado a la ruina actual, según comunican los sindicatos.
Me viene a la memoria, al anécdota que viví mientras tramitaba en ICASS, el grado de invalidez para mi anciana madre. La persona que me precedía en la ventanilla solicitaba algo o era requerida para mostrar un documento que desconocía. La mujer de mediana edad, con voz tranquila que acendraba el dramatismo, respondía al funcionario: “usted cuando dice que no tiene dinero, es que se le acabó y no puede ir al cine. O a tomar un café. Yo, cuando digo que no tengo dinero, es que no puedo comprar comida, o pagar la luz. Esa es la diferencia” Tramitaba su IMV.
La mirada de desolación y de impotencia del joven administrativo daba pena porque en sus ojos se adivinaba la impotencia y quizá la rabia por no poder agilizar un proceso que debiera ser rápido y eficaz.
Es fácil aprobar medidas sociales. Fácil y ocupa las primeras planas de los medios de comunicación. En cambio, es difícil ponerlas en marcha si faltan medios y voluntad política que busque agilizar la solución. Es lo que tiene la propaganda, fácil de hacer, difícil de cumplir.
El funcionariado, tan denostado, se queja y pelea de firme para mejorar el servicio. Tanto los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, protestan con insistencia en que cientos de miles de llamadas telefónicas han quedado desatendidas, (solamente en enero y febrero del presente año se contabilizan más de 733.000) poniendo en evidencia la imposibilidad de comunicar con la Seguridad Social, presencial o telefónicamente por parte de quienes querrían hacerlo, o lo que es más grave, por parte de quienes necesitan hacerlo.
¿Quién no ha desesperado ante el teléfono que suena indefinidamente ante nuestra llamada a cualquier estamento de la administración? Ante la insolvencia telefónica optamos por ir en persona al departamento del que depende nuestra gestión y…Es imposible entrar sin cita previa. Cita que debe ser tramitada por teléfono o en enrevesadas webs que no todo el mundo sabe manejar…cuando funcionan.
Con sorna un sindicalista comenta que cuantos altos mandos ministeriales han recurrido a ayuda para solventar su pelea con los certificados digitales de funcionarios. No, no todo el mundo está preparado para la teleasistencia administrativa. Criticamos como algo inverosímil la sugerencia de Ayuso de consultas telemáticas, sustituyendo la presencia medica por una tablet o pc. En la administración, no será tan grave como en la medicina, pero igual de irresponsable. La comunicación personal, la escucha activa, el derecho ciudadano a aclarar dudas y gestionar de forma personal su problemática es inalienable. La tecnología está para agilizar trámites, para facilitar el trabajo y la gestión pero JAMÁS, para evitar el trato personalizado.
Hay unos puntos básicos que reclaman atención según los sindicatos.
. Citas previas, no previas o sin cita, servicio deficiente a la ciudadanía.
- Cierre de Oficinas de atención a la ciudadanía.
- Cambio de modelo de atención al público.
- Pérdida de empleo.
- Falta de ocupación de los puestos de trabajo.
- Avanzada edad del personal que hace inviable el necesario traspaso de conocimientos.
- Cargas de trabajo insostenibles y deslocalización de expedientes.
- Tiempos de gestión y de tramitación de expedientes que se dilatan en el tiempo.
Como verán, en las demandas no se hace hincapié en mejoras salariales y laborales, y sí en una adecuación del servicio con el fin de favorecer a la ciudadanía. Poco o nada escuchadas por la administración según confirmación de los propios sindicatos.
Los/as funcionarias están envejeciendo, hay más del 60% del funcionariado tiene más de cincuenta años. La media de edad está próxima a la jubilación además de que conforme la edad avanza, las bajas son más frecuentes, lógicamente. No hay repuesto. Durante los años de los gobiernos del PP apenas se convocaron oposiciones, pero en el gobierno actual tampoco hay cambios. Si ahora la administración adolece de carencias dramáticas de personal ¿Qué pasará en unos pocos años cuando la mayoría del personal activo se jubile? Pregunta retórica sin respuesta de momento. Quizá se convoquen plazas deprisa y corriendo, costumbre arraigada en diversos estamentos, pero el problema surge en que la gente recién incorporada ni puede, ni sabe, ni está capacitada para solventar trabajos que requieren experiencia plena. No habrá tiempo para que los antiguos formen al personal de recambio. No hay previsión de futuro en la Administración pública, esa es una realidad que nos salta a los ojos a poco que observemos.
Una informante me decía hace poco: “Os daréis cuenta de la gravedad del problema cuando las pensiones no lleguen a tiempo…o no lleguen. Cuando cualquier trámite se demore o no se efectúe” La administración está a punto de colapso, como afirman los sindicatos, porque se han perdido más de la cuarta parte de sus efectivos y han visto incrementadas sus cargas de trabajo convirtiéndose en un sistema que se desangra, víctima de la falta de efectivos y la pésima ordenación de los restantes para convertirse en una Administración hostil hacia el administrado al que se le intenta disuadir de que se acerque a las oficinas.
Hemos consultado a miembros de las Fuerzas de Orden Público, funcionarios al fin y la respuesta de integrantes de la Guardia Civil nos confirman los mismos problemas. La asociación mayoritaria en el Cuerpo, la AUGC, lleva tiempo alertando de la pérdida de efectivos dedicados a labores de Seguridad Ciudadana en lugares como Burgos, La Rioja, Teruel, Huelva o Ibiza. Hay una falta de personal por el progresivo envejecimiento de los integrantes. Hubo, en los años 90, una entrada masiva de personal debido a la carencia de los mismos en años anteriores. Se abrieron las compuertas de entrada a miles de personas que accedieron sin preparación ni análisis previos de su capacidad psicológica para el desempeño de sus funciones, lo cual produjo problemas variados. Es importante realizar una criba exhaustiva de un personal que vestirá uniforme y portará un arma supuestamente útil para defender a la ciudadanía. La falta de previsión puede ser letal entre efectivos cuyo trabajo sea la seguridad ciudadana.
La generación que entró masivamente en los años noventa, ha envejecido, está próxima a jubilarse, como decíamos en el anterior análisis sobre la Seguridad Social. ¿Qué ocurrirá entonces? Si en el funcionariado administrativo la formación por personal experimentado es importante, imaginen en las funciones policiales que desempeña la Guardia Civil o la Policía Nacional. De tres a cuatro años, nos confirman desde dentro, que son necesarios para que un número realice con soltura y sin riesgos innecesarios su labor.
En cuanto a los medios de que disponen en la actualidad, nos confirman que son penosos, inexistentes y precarios. Coches con más de veinte años de antigüedad. Material arrasado por el tiempo, antiguo y en desuso. Hay una anécdota que define lo que nos dicen: La persona que nos informa, en enero debe realizar un cambio de trabajo. Pasa de un departamento a otro más burocrático para el que requiere un nuevo uniforme…que a mediados de noviembre no ha recibido. Con cierta sorna, nos confirma que está seguro de que no llegará, teniendo que asumir él la confección del nuevo traje en una sastrería especializada de Madrid. Y pagarlo de su bolsillo, naturalmente. No hay ni dinero ni agilidad para renovar y pertrechar al personal policial.
La Guardia Civil –imaginamos que el problema es común a otras fuerzas de seguridad- sufrió restricciones presupuestarias en 2008 bajo el gobierno de Zapatero cuando estalló la Gran Crisis. Durante los ocho años del gobierno del PP, el descenso presupuestario fue brutal. En personal y medios. Nada, no llegaba nada –luego se les llena la boca con panegíricos a las fuerzas de seguridad. Recordemos que sufrieron una rebaja en sus sueldos como el resto del funcionariado-
Hacemos el inciso que esa reducción de sueldos la resolvió el Procés, como nos dice con sorna el informante. De no haber sido por el estallido catalán los sueldos seguirían congelados con una flagrante diferencia con el resto de las policías del estado.
En estos tres años y medio de gobierno de coalición no se ha paliado nada. Cada año se incrementa la plantilla (reitero, son datos aportados sobre la Guardia Civil) en unos mil efectivos, cuando anteriormente a la crisis eran aproximadamente seis mil. No se cubren las bajas, las jubilaciones… No se cubren servicios, se abandonan poblaciones y lugares donde la seguridad es prioritaria, por falta de personal.
Dentro de la Policía Nacional, el problema es el mismo, aunque no tengamos tanta información. Puede servir como apunte una experiencia personal. En el año 2018 mi empresa sufrió una cadena de robos. Era verano, agosto, donde la población santanderina se triplica. Al efectuar la denuncia y reclamar la presencia policial que no se personó en ningún momento, ante mis quejas, la amable policía que atendió en Comisaría mi denuncia, me dijo: “mire, son dos policías para patrullar toda la ciudad durante todo el día y no podemos desplazarnos porque se han producido robos y agresiones importantes” ¡dos policías! para una ciudad en plena temporada turística. La joven, me extendió una reclamación para que manifestara mis quejas al Ministerio de Interior, cosa que hice bajo su mirada agradecida. “Quéjense, a ver si así nos mandan más gente. A nosotras no nos hacen caso, a ver si se lo hacen a la ciudadanía” Huelga decir que nadie respondió a mi requerimiento.
Las quejas se extienden también al funcionariado de prisiones cuyas necesidades son acuciantes. A la enseñanza, sobrecargados de trabajo y con una precariedad de medios escandalosa.
Es común el desfalco administrativo a todos los estamentos. Es común la desesperación (sí, desesperación del funcionariado) porque, como afirman los sindicatos “son problemas que llevan detectados más de treinta años y para los que se recomendó en los Pactos de Toledo una reestructuración del sistema a través de la creación de una Agencia Única de la Seguridad Social, en la que se pudiera racionalizar la gestión y la ordenación de los recursos humanos”.
Traemos las palabras de los sindicatos en donde hacen hincapié en lo que comentábamos al principio. La preocupación, no tanto por su situación personal, que también, como por la indefensión de la ciudadanía ante los desmanes de una Administración adelgazada que se desangra por momentos, muy dada a incluir medidas propagandísticas y poco a poner los medios al alcance de quienes tienen que canalizar los problemas y las soluciones.
“CSIF, CCOO y UGT defendemos la dignidad de los administrados porque somos empleados y empleadas públicos que queremos atender a la ciudadanía como tiene derecho y se merece, sea presencial, telefónica o telemáticamente. La ciudadanía merece el tiempo necesario para un asesoramiento suficiente cuando lo necesitan y no hablar con una máquina que no les entiende ni les atiende o, sencillamente, recibir como respuesta que sigan luchando por conseguir atención”
Se anuncian movilizaciones por los sindicatos porque estos problemas nos afectan al común de la población que al igual de lo ocurrido en Madrid y en el resto del territorio nacional, debe ser un grito común, no sectorial. Más tarde o temprano necesitaremos a sanitarias pero también al funcionariado que nos gestiona la vida administrativa.
María Toca Cañedo©
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