CANDIDATURAS LIMPIAS, CANDIDATURAS MANCHADAS

Cada día, en cada tertulia de los medios generalistas, cuando se menciona a EH Bildu, hasta el más progre de la mesa (los pocos críticos que había ya fueron apartados) tiene que decir cosas como que es un partido repugnante.

La última noche electoral, a la par que hablaban durante horas sobre cómo arrasó la derecha junto a la ultraderecha, afirmaron también que la mala noticia de las elecciones era que EH Bildu había sido la primera fuerza vasca.

Ahora el PP negocia con el PSOE para “retirar a Bildu de cualquier posibilidad de gobierno” en ningún lugar.

En este relato dominante, EH Bildu está criminalizado porque es ETA, aunque la inmensa mayoría de la plataforma política está formada por partidos que siempre condenaron a ETA (Eusko Alkartasuna y Alternatiba, que nunca estuvieron en la izquierda abertzale y formaron parte de gobiernos con el PNV). De los otros partidos que la conforman, Aralar se enfrentó a la violencia y abrió una valiente brecha en el independentismo hace más de 25 años. Y Sortu, la que sería heredera de Herri Batasuna, rompió desde su creación incluso con todas las plataformas políticas ilegalizadas anteriormente (así lo anuncia en sus estatutos fundacionales). A los pocos días de su fundación se produjo un tiroteo entre miembros de ETA y la Gendarmería francesa, y Sortu lanzó un comunicado en el que rechazaba inequívocamente la violencia de ETA.

Los medios les llaman “la formación proetarra”. Cada vez que sucede esto en España pienso que la cara de un militante de Eusko Alkartasuna o de Alternatiba al que le dicen que pertenece a ETA sería como la que pondría un militante de Ciudadanos al que le denominaran “el partido franquista”.

Más allá de que, en España, según de qué lado caiga la violencia hay cosas que nunca prescriben o que nunca se juzgan, plantearía la pregunta de por qué hay otras violencias políticas que están absolutamente normalizadas.

Es decir, el último asesinato de ETA sucedió hace 14 años. Pero en España pervive el terrorismo machista, que en los últimos veinte años se ha cobrado la vida de más de 1.200 mujeres.

Las plataformas de la izquierda abertzale fueron criminalizadas e ilegalizadas, aplicando la Ley de Partidos, por “lamentar”, pero sin condenar, las acciones de ETA. “No condenar” significaba que no firmaban el comunicado de condena que le ponía delante el resto del arco parlamentario.

Cada asesinato del terrorismo machista en España tiene en las instituciones el boicot sistemático de Vox, reventando minutos de silencio, negando la violencia o achacándola a la «ideología de género” sin que suceda absolutamente nada con esa formación.

Cuando un militar neonazi asesinó en el metro al joven Carlos Palomino en 2007, las fuerzas políticas de la Asamblea de Madrid redactaron un comunicado de condena. El PP lamentó el suceso, sin condenarlo. Y, cuando le pusieron el comunicado delante para firmarlo, lo rechazó con las mismas palabras que utilizaba la izquierda abertzale. No pasó absolutamente nada.

Una vez más, el derecho a no condenar es un privilegio de según qué partidos.

El candidato a la Generalitat de Vox para el País Valencià militó en Fuerza Nueva (un grupo de pistoleros de extrema derecha cuya diferencia con ETA es que estos gozaron de una inmunidad casi total) y es un condenado por violencia machista el año pasado. No creo que le conozca mucha gente en España, porque los medios estaban muy ocupados de contarnos sobre los 44 integrantes de las listas municipales de EH Bildu que cumplieron sus condenas por delitos sucedidos hace 40 años.

Porque de un político vasco todo el mundo sabe al momento dónde pasó su juventud, pero nadie habla de que Díaz-Ayuso era una «falangista de rompe y rasga», como explicaba el falangista García Serrano cuando contaba que le perseguía como un caniche por los pasillos para escucharle historias sobre Primo de Rivera. Ha habido «pateapolicías» en Podemos, «okupas violentos» en Más Madrid… pero nunca nadie ha llamado a Ayuso «Flechita«.

En EH Bildu nadie ha defendido a ETA en los más de diez años de su existencia, mientras que Vox defiende abiertamente la dictadura franquista. EH Bildu, ante las protestas de las víctimas por los ongi etorris a los excarcelados, pidió que dejaran de celebrarse. Vox, sin embargo, hace suya la violencia callejera ultra con publicaciones de los monumentos vandalizados y el texto “Derogad la Ley de Memoria Histórica: Primer aviso”. EH Bildu soporta en el Congreso sin levantar la voz ni caer en las provocaciones cuando, por ejemplo, un periodista de extrema derecha, con acreditación, llama “hija de puta” a la portavoz del partido en una rueda de prensa; o los diputados del PP la llaman “asesina” en el hemiciclo; o cuando un miembro de la mesa daba la espalda cada vez que intervenían… Vox, por su parte, llama “Mi general” al terrorista y torturador condenado Rodríguez Galindo o convierte las sesiones en esperpentos en la cámara castellano-leonesa una vez han llegado al gobierno.

La formación de extrema derecha lanza bulos contra los menores no acompañados o activa un discurso abiertamente homófobo, colectivos que más tarde sufren la violencia (los delitos de odio de carácter racista o xenófobo aumentaron casi un 25% en 2021; los de carácter homófobo o contra el colectivo LGTBIQ, aumentaron un 67%, todo según Interior).

Pero todas las aristas del régimen van en la misma dirección de ataque, al igual que fueron contra Podemos. ¿Se imaginan que la edil de Parla detenida por liderar una red de narcotráfico y con tenencia ilícita de armas hubiera sido de Podemos en lugar de Vox? El hostigamiento de los mass media hubiera sido diario. Sin embargo, nadie sabe de su existencia.

Por supuesto, en este relato, Sánchez es el traidor por “gobernar con ETA” (aunque no haya firmado pacto alguno con EH Bildu). Los medios difunden el bulo de que Sánchez tiene un pacto con EH Bildu, aunque las investiduras (tanto del gobierno español como del navarro) han sido facilitadas con las correspondientes abstenciones. Lo que sí es EH Bildu es un socio habitual del gobierno. ¿Por qué? Porque ha ayudado sistemáticamente a tramitar en el Congreso toda ley que fuera dirigida a recuperar derechos. Como afirmó un periodista crítico, la diferencia entre EH Bildu y Vox es que todos los puntos del programa político de unos van encaminados a recuperar derechos, mientras que en los otros van exactamente en la dirección contraria. Otra diferencia entre ambos es que Otegi (que cumplió dos condenas íntegras, una por militar en ETA y otra por organizar una vía exclusivamente política) nunca será invitado a El Hormiguero para pasar un rato agradable mientras nos reímos en casa con las tontunas, como cuando va Abascal o cualquier otro ultra.

Pero Sánchez tiene que oír los gritos de “¡Que te vote Txapote!” cuando sale de casa, frase que repite Vox en los debates electorales; algo igual de normalizado que cuando Iglesias y Montero no podían ni sacar a sus hijos al parque, porque durante más de un año un grupo de ultraderechistas les acosaba tras filtrar medios afines a la extrema derecha la dirección de su casa o donde iban a ir de vacaciones. Esto, si pasa en Euskadi con otros protagonistas, era motivo de crisis nacional. Pero, de nuevo, la condición de víctima en este Estado es otro privilegio según quién sufra la violencia.

Y, más allá del terrorismo machista o de la violencia ultra, ¿por qué no importan igual las 7.291 personas que murieron en Madrid en 2020 por la prohibición de derivarles a hospitales? ¿Por qué aceptamos que Díaz-Ayuso no pida perdón –al contrario, dice que “pasa” cada vez que se lo requieren– por firmar los protocolos de la vergüenza que impedían tratar a los residentes que no tuvieran contratado un seguro privado? Encerraron en sus habitaciones a miles de residentes y, una vez que sabían lo que estaba pasando (y que el protocolo se aplicaba como una orden en todos los centros), se negaron a atenderlos y murieron solos, abandonados y, en ocasiones, escondidos en cualquier rincón de la habitación sin saber qué sucedía.

La carcunda mediática mantuvo, mientras pudo, que fue culpa de Pablo Iglesias, cuando lo que ordenó Iglesias fue la medicalización de las residencias, ofreciendo a la UME. Díaz-Ayuso respondió, con su chulería habitual, que la UME estaba para otras cosas, y se declaró insumisa como habitualmente. El consejero Reyero (que dimitió para no participar en esta política de exterminio) sostiene que no se hizo nada por medicalizar los centros.

Este horror suma 8,5 veces las víctimas de ETA, pero nunca habrá problemas en las listas de la derecha porque la Justicia les protege y nunca condenará a nadie por estas cosas.

¿Por qué ponemos en lo más alto de la infamia haber pertenecido a ETA en los años 80 y vemos como algo normal desmantelar la sanidad pública para cambiar la tarjeta sanitaria por la tarjeta de crédito? Solo el año pasado el desvío en Madrid de la Sanidad pública a la privada fue de 2.513 millones, según CCOO.

Brecht escribió que hay muchas maneras de matar. Una de ellas es negar el tratamiento a los enfermos de hepatitis C, de los que murieron 4.000 en 2014 porque el gobierno del PP se negó a comprar los medicamentos porque era muy caro.

Para el PP, después de ETA, lo más grave es lo que hizo el pueblo catalán queriendo votar en 2017. Pero ellos se permiten declararse en desobediencia cuando quieren para incumplir las leyes del gobierno central. Se venden como el partido constitucionalista, pero ante cada derecho fundamental se ciscan en la Carta Magna. Díaz-Ayuso, frente al problema de la vivienda, dice que lo importante es el casero, que si sube el precio un 20% está en su derecho (ella no aplicará la ley ni el artículo 47 de la CE) y es el inquilino el que se tiene que marchar a otro barrio acorde con sus ingresos. Otra vez ostentan el privilegio de estar por encima de todo.

En 2003 consiguieron la presidencia de la Comunidad de Madrid tras perder las elecciones y gastarse cientos de miles de euros (a través de tramas inmobiliarias) en comprar el voto de dos tránsfugas del PSOE, revirtiendo la decisión de las urnas en beneficio propio, sin que nadie rindiera cuentas por ello.

Han sacado rédito electoral del dolor de las víctimas de ETA durante décadas, pero nunca dejaron de humillar a las víctimas del franquismo, como cuando se reían diciendo que los de la memoria histórica eran unos carcas, porque estaban siempre “con la guerra del abuelo y las fosas de no sé quién”, o que solo se acuerdan de desenterrar a sus familiares “cuando hay subvenciones”. Por no decir cuando destrozaron el memorial a los 3.000 fusilados en el cementerio de la Almudena, o cuando restablecieron una calle en Vallecas a un crucero que participó en los bombardeos a la columna de refugiados de la Desbandá.

Tampoco ha sido nunca problema lo que hizo Aznar en 2003, metiéndonos en una guerra ilegal (que se pasaba por el forro a la ONU y se hacía bajo el pretexto de supuestas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron) que se cobró la vida de más de un millón de iraquíes en nuestro nombre.

Ni las mentiras tras el 11-M, cuando el CNI, a primera hora de aquella mañana ya hace llegar al gobierno que los atentados no pueden ser obra de ETA (ni por los materiales que encuentran ni por todo lo que rodeaba, ya que tenían controlados a los miembros de la organización y no había rastro de estructura alguna en Madrid). Esas mentiras desembocan en cosas como el asesinato de Ángel Berroeta en Pamplona a manos de un policía nacional, cuando se negó a poner un cartel de “ETA NO” en su panadería.

Ni las decisiones políticas sobre el Prestige, cuando el gobierno del PP decidió alejar el barco de la costa (lo que aumentó exponencialmente el desastre ecológico).

Ni el rescate bancario de las entidades privadas, que se llevó el dinero destinado a la educación y la sanidad sobre la promesa de que sería devuelto hasta el último céntimo y que suma más de 100.000 millones de euros perdidos.

Ni haber establecido una policía política en las cloacas del Estado para investigar adversarios.

Lo que sí ha ratificado la justicia española es al Partido Popular como organización criminal (ningún partido político mundial tiene más de 900 cargos imputados en sus filas, con un coste de casi 50.000 millones de euros por la corrupción en 261 casos investigados). Y, como en las mejores pelis de mafiosos, incluyendo casi veinte muertes en extrañas circunstancias de personas que tenían que declarar contra el partido.

Pero los mismos que llaman “la formación proetarra” a EH Bildu y toman las sentencias de la Audiencia Nacional como verdades absolutas (en las que forman parte de ETA hasta los activistas contra el TAV), jamás denominarán así a los populares. Sin olvidar que en el origen del Partido Popular hay siete ministros franquistas, algunos de ellos con las manos manchadas de sangre.

Mientras tanto, tomará los próximos días en Barcelona su acta de concejal uno de los fundadores de la secta ultracatólica y paramilitar El Yunque https://www.lapajareramagazine.com/sectas-catolicas-yunque-y-kikos. Esto sucede en un país en el que existe la Fundación Nacional Francisco Franco, creada por la hija del dictador tras la muerte de este, que ostenta unos 30.000 documentos (300.000 páginas, incluyendo secretos de Estado) que deberían estar en manos públicas. En lugar de confiscar este material, los gobiernos del PP les inyectaron ingentes cantidades de dinero. A esos materiales solo tienen acceso historiadores afines, como han denunciado prestigiosos historiadores progresistas.

¿Por qué debemos tratar a unos eternamente como asesinos mientras a los otros les permitimos absolutamente todo?