En febrero de 2023, Miriam Nogueras apartó la bandera de España antes de su rueda de prensa en el Congreso. Cuando le preguntaron por qué, explicó que estaba «muy cerca». La de la Unión Europea, que estaba todavía más cerca, la dejó en su sitio porque «queda muy chula». Esta semana ha apartado violentamente otra cosa que también estaba muy cerca: los dos decretos de vivienda que el Gobierno aprobó tras el desahucio de Maricarmen.
Nació en Dosrius (Maresme) en 1980, la mayor de tres hermanos de una familia acomodada del textil, durante años dueña de la empresa de hilaturas Bonclasfil, de la que ella figura como copropietaria. Estudió con los maristas de Mataró y se matriculó en Comunicación Audiovisual. Según ha contado, no terminó la carrera porque no le gustaba. Fue camarera, administrativa, carnicera y productora ejecutiva en publicidad.
Su primera causa pública fue No Vull Pagar, la plataforma que se negaba a pagar las autopistas catalanas. Allí y en el Cercle Català de Negocis, la patronal independentista, conoció a Jordi Turull. Era votante de ERC, según ha contado, hasta que rompió con los republicanos tras una conferencia de Junqueras después de la consulta del 9-N, en 2014. Un año después, Turull, que la había visto defenderse en las tertulias, se la propuso a Francesc Homs para Democràcia i Llibertat, la lista de Convergència al Congreso: era independentista y, según el Ara, tenía éxito en las redes. Desde entonces, su carrera ha sido de saltos a tiempo: vicepresidenta del PDeCAT en 2018, portavoz en Madrid desde 2021 y vicepresidenta de Junts desde 2024. En 2023, su partido pidió al Centre d’Estudis d’Opinió, el CIS de la Generalitat, que midiera su popularidad en Cataluña como posible candidata: la conocía menos de la mitad de los catalanes. Esta semana se ha impuesto, junto a Puigdemont, al dirigente que la llevó a la política, y según El Independiente ya juega su propia partida por el liderazgo del partido. En julio, cuando Illa admitió que quizá se equivocaron al quitar los peajes, la activista del «no quiero pagar» defendió una viñeta para la AP-7: se paga por uso, aunque matizó que no es lo mismo que un peaje.
El tono viene de lejos. En 2018, según recogió El Español, llamó a España «estercolero putrefacto». En enero de 2025 dedicó al PSOE diez descalificaciones en ocho minutos: negligentes, trileros, gandules, piratas, prepotentes, manipuladores… En octubre proclamó que Sánchez y el PSOE «podrán estar en el poder, pero no podrán gobernar», y en la misma entrevista descartó presentar una moción de censura: el botón, dijo, lo tiene Sánchez.
Este año ha subido el volumen. En abril defendió en el pleno que al fascismo se le combate «con un puñetazo en la boca». En julio, que Aznar y Ayuso son la viva imagen del español con un odio irracional por todo lo catalán, ahora votan juntos. En septiembre se declaró «harta de españoles incumplidores y embusteros que se ríen de los catalanes mientras chupan el dinero». Lo dijo en el Congreso de esos españoles, que es también el suyo, y cobrando más de 134.000 euros brutos al año en el Congreso.
Tanta dureza tiene una causa, y no es la fuerza. Junts sacó 35 escaños en Cataluña en 2024 y no logró recuperar la Generalitat. El CEO de julio le da entre 16 y 18 y lo coloca por detrás de Aliança Catalana. Las propias fuentes de Junts admiten a Vozpópuli que el partido de Orriols ha cambiado su margen en cada votación en Madrid. Cuando el suelo se hunde, se levanta la voz.
Según Vozpópuli, fueron Nogueras y Puigdemont quienes impusieron el no a los decretos, frente a un Turull que advertía del riesgo de elecciones. Ayer cayeron los dos. El primero, que prorrogaba los alquileres y prohibía desahuciar a personas vulnerables, por 178 votos contra 172: con la abstención de Junts habría salido adelante. En la tribuna, Nogueras aseguró que no le da miedo «el chantaje de los extremos». Lo dijo antes de votar con Vox. Salvador Illa, que preside la Generalitat, ha calificado el rechazo de «incomprensible e irresponsable».
Las declaraciones de bienes del Congreso cuentan el resto. Tres de los siete diputados de Junts cobran alquileres, la proporción más alta de la Cámara: Josep Pagès declara casi 15.000 euros al año en rentas de inmuebles arrendados; Pilar Calvo, 1.500 euros al mes por un piso, y Josep Maria Cervera, 12.000 euros al año por un local. Una cuarta diputada es dueña de una empresa de promoción inmobiliaria. En ERC no cobra alquileres ninguno. Nogueras no está entre los arrendadores: solo es su portavoz. El viernes, en el pleno, Rufián les acusó de tener «intereses inmobiliarios» y añadió: «Lo sabe todo el mundo». Su jefe, Carles Puigdemont, vive de alquiler desde 2018 en una casa de 550 metros cuadrados en Waterloo. El contrato lo firmó un empresario amigo, por 4.400 euros al mes, y lo pagan él y amigos de su entorno, según contó él mismo. En 2024, preguntado por cuánto paga, respondió que no lo recordaba. Dos semanas antes de los decretos, en Sant Cugat, Nogueras había pedido suprimir el impuesto de sucesiones. Su patrimonio inmobiliario declarado es heredado, y para quienes no heredan y alquilan no habrá prórroga. Defiende a su bancada, y lo hace en nombre de Cataluña.
Una diputada que no gobierna Cataluña, que no decide sola en su partido y que no sabe cómo frenar a Orriols tiene un único poder: tumbar leyes en Madrid. Lo ejerce con estruendo, porque el estruendo también es una candidatura. Su dureza no es la expresión de una fuerza; es el ruido que hace la ambición cuando no tiene votos detrás.
Apartó la bandera porque estaba muy cerca. Lo que tiene cerca ahora no se aparta arrastrándolo: se llama Aliança Catalana y, según el CEO, dejaría a Junts con la mitad de sus escaños. Esta semana, para no parecer blanda ante Orriols, ha apartado a los inquilinos. Estaban más cerca todavía.
Fuentes consultadas:
Ara, NacióDigital, El Español, Crónica Global, Telemadrid, Vozpópuli, Europa Press, Infobae (EFE), El Nacional, The Objective, El Debate, Libertad Digital, Cugat Mèdia, El Independiente, Demócrata, Newtral, infoLibre, Que.es, El Plural, Público, Moncloa.com, COPE, elDiario.es.
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