La Fiscalía Anticorrupción tenía una tesis: el PSOE pagaba la defensa de Koldo García. Primero escribió que «cabría no descartarlo»; semanas después, en el caso de Leire Díez, lo dio por hecho, sin ninguna prueba nueva entre un escrito y otro, según Estrella Digital. Cuando la propia Fiscalía pidió las facturas, estas la desmintieron: según ellas, Dos Mil Palabras, la editora de OKDIARIO, abonó 181.500 euros el 27 de noviembre de 2025 y 60.500 el 23 de enero de 2026. La Fiscalía que dirige Alejandro Luzón señaló al partido equivocado. Que se sepa, no ha rectificado. Ernesto Ekaizer se pregunta por qué ignoró «deliberadamente» lo que, según él, era «un secreto a voces»: que pagaba Inda y que el abogado del PP Alberto Durán estaba en la trama.

Después, su nombre apareció en un lugar peor. En unos audios emitidos el 10 de noviembre por La Séptima, Koldo, condenado por el Supremo, cuenta que Eduardo Inda le hizo una segunda entrevista porque la primera «no valía nada», y que le dijo: «A Luzón no le vale. Si no sois más explícitos, vais a prisión». Y que le enseñó su teléfono: «Como ponía Luzón y señor Feijóo. Ahí estaban las llamadas». Inda niega las acusaciones de Koldo: en esRadio sostuvo que las facturas son falsas y anunció acciones contra quien diga lo contrario. Es la palabra de Koldo y no prueba que Luzón hablara con nadie ni supiera nada. Pero si es falsa, el primer interesado en desmentirla debería ser él. Y si es cierta, alguien ha usado el nombre del fiscal jefe Anticorrupción como amenaza para fabricar un testimonio. En ambos casos, su silencio es la peor respuesta. El PP, mientras tanto, ya ha reconocido la reunión de su abogado con Koldo, que una semana antes negaba.

Unos lo invocan; otros quisieron quitarlo de en medio. Según la UCO y las libretas de la propia Leire Díez, la llamada fontanera del PSOE quería «apartar» a Luzón, buscaba alguna «ilegalidad» suya y lo describía como «afín al PP», futuro fiscal general con Feijóo. Es la opinión de quien lo quería fuera; en el juicio de las mascarillas, el propio Luzón descartó que Sánchez fuera «el número uno» de la trama. Pero los escritos de su Fiscalía dibujan un mapa que conviene mirar.

En junio de 2022, Luzón firmó en persona el decreto que archivaba la investigación sobre el contrato de mascarillas que dejó al hermano de Isabel Díaz Ayuso 234.103 euros en comisiones: no vio «conductas penalmente relevantes» ni «intervención directa ni indirecta» de la presidenta. En enero de 2026, su Fiscalía se opuso a que la Audiencia Nacional volviera a investigar a María Dolores de Cospedal por unos audios de 2014 con Villarejo, como pedía el PSOE; es la misma Cospedal a la que el comisario contaba en 2017 que a Inda le habían dado «la documentación esa de Podemos falsa». En la causa de Equipo Económico, el despacho fundado por Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda del PP, Luzón ordenó a la fiscal Carmen García Cerdá que no investigara unos correos que el jefe de gabinete de Montoro, también imputado, le había enviado; según ella, revelaban el uso de datos de Hacienda contra políticos y periodistas. Él los vio sin relevancia penal. Hubo un «cisma» en Anticorrupción, según El Correo Gallego, y la junta de fiscales le dio la razón por amplia mayoría. Cuando García Cerdá intentó que la diligencia la pidiera un agente de los Mossos, Luzón promovió un expediente contra ella. Lo instruyó Manuel Moix, el exfiscal jefe al que ella había desafiado en el caso Lezo, y García Ortiz se negó a apartarlo. Acabó en una multa que el Supremo confirmó. Tres frenos en causas que afectan al PP, una prisa con el PSOE. No siempre ha sido así —en el caso Kitchen, su Fiscalía sí pidió imputar a Cospedal— y puede ser casualidad. Pero quien ocupa su puesto no puede permitirse que parezca otra cosa.

Con los arrepentidos, la balanza también se inclina. En noviembre de 2024, su Fiscalía pidió la salida de prisión de Víctor de Aldama después de que decidiera colaborar; Luzón se explicó en una nota que, según elDiario.es, no disipó las dudas. Feijóo usó enseguida aquella excarcelación como aval: el fiscal Anticorrupción, dijo a Federico Jiménez Losantos, «vería verosimilitud en el testimonio de Aldama cuando lo saca de prisión». En el juicio, Luzón pidió para Aldama siete años, frente a los veinticuatro de Ábalos y los diecinueve y medio de Koldo.

Según Ekaizer y The Objective, propuso a la fiscal general, Teresa Peramato, rebajarle aún más la pena, y ella se negó: tenía delitos muy graves y otras causas pendientes. En su informe final respaldó la atenuante muy cualificada que pedía la defensa: «Se debe recompensar a quien sale del entorno criminal y lo denuncia». Según elDiario.es, hubo entonces «una clara sintonía» entre Luzón y Alberto Durán, que formaron «un tándem acusatorio perfectamente engrasado» y fueron los principales valedores de la rebaja que libró a Aldama de la cárcel que sí cayó sobre los demás. Es el mismo Durán al que Koldo acusa ahora de ofrecerle un millón, algo que el PP niega. Ekaizer lo resumió en TVE: Luzón «se ha entregado» a Aldama y a su abogado, y se está «preparando» para ser el próximo fiscal general. En su newsletter habló de «la cruzada de Luzón contra el PSOE», que seguirá, «con la ayuda de Aldama», lo que queda de legislatura. Son opiniones de un periodista. Curiosamente, coinciden con lo que pronosticaba Leire Díez.

Su historial también tiene sombras. Su gran caso fue la salida a Bolsa de Bankia: sostuvo que Rodrigo Rato había ocultado «de forma consciente» que la entidad no era viable, y en 2020 la Audiencia Nacional absolvió a todos los acusados. Ese mismo año, Ignacio Stampa, el fiscal que investigaba a Villarejo en Anticorrupción, se quedó sin plaza tras una denuncia de la que después fue exonerado; acusó a la fiscal general Dolores Delgado y a su número dos, Álvaro García Ortiz, de maniobrar para apartarlo.

Queda el currículum. Madrid, 1964. Hijo de José María Luzón, teniente fiscal del Supremo que logró condenar a José Barrionuevo y a Rafael Vera por el secuestro de Segundo Marey. Derecho en la Complutense. Fiscal desde 1989 y miembro del equipo fundador de Anticorrupción en 1995. Acusó a Mario Conde en Banesto y, por los fondos reservados, a Corcuera y a los mismos Barrionuevo y Vera que había perseguido su padre. En julio de 2017, con Rajoy en La Moncloa, lo eligió el Consejo Fiscal con los votos del bloque conservador y el padrinazgo, según elDiario.es, de la exfiscal general Consuelo Madrigal. En 2022 lo renovó García Ortiz, con quien mantenía, según The Objective, una relación «muy buena», y al que el Supremo condenó en 2025 por revelar secretos de la pareja de Ayuso. Pocos fiscales han puesto de acuerdo a PP y PSOE. Hoy los dos tienen motivos para pedirle cuentas.

Un fiscal jefe Anticorrupción no puede ser, a la vez, el objetivo de unos y la contraseña de otros. Y mucho menos callar mientras lo es.
Juan González Posadas
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Fuentes consultadas:
Estrella Digital (escritos de la Fiscalía y facturas), elDiario.es, Ernesto Ekaizer (Analítica y Malas Lenguas, TVE), La Séptima, El Plural, El Constitucional, Público, El Independiente, El Español, Vozpópuli, Telemadrid, COPE, El Correo Gallego, Diari de Tarragona, Infobae, Euronews, Mundiario, Libertad Digital, ESdiario, Demócrata, esRadio, Ara, The Objective, Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado (currículum oficial), Wikipedia.

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