Alberto González Amador nació en Ceuta en 1976. A principios de siglo vivía en un barrio modesto de Madrid, con su padre y un hermano. En 2022 compró un piso en Chamberí por 850.000 euros, y un año después el ático de encima por 950.000. En julio de 2026 puso los dos a la venta por 3,3 millones, justo cuando la Comunidad de Madrid anunciaba que también vendía el ático que compró como oficina para Ayuso. Entre la compra y la venta hay dos delitos fiscales confesados, un fraude cuya cuantía cambia según el documento que se lea, y algo más singular: dos identidades falsas, una para el público y otra para su propio cliente.
La primera se la inventó la prensa del corazón en 2021: “técnico sanitario”, divorciado, padre de tres hijos. En realidad llevaba entonces casi veinte años como consultor y auditor de certificaciones ISO para el Grupo Quirón, su único cliente relevante, la sanitaria privada que gestiona buena parte de la pública madrileña.
La segunda identidad se la inventó él mismo, o alguien en su nombre, en 2023: dentro de la intranet de Quirón figura como “Alberto Burnet González”, con correo corporativo propio y el cargo de “Director de Proyectos, Servicios Centrales”, pese a no ser empleado de la compañía. El apellido no salió de la nada: es el que usaba el detective encubierto Sonny Crockett en la serie “Corrupción en Miami”, y coincide con el nombre de una sociedad suya en Florida, Burnet & Brown Investments.
Con esas identidades, y con la pandemia como excusa, montó un pequeño imperio de sociedades —Maxwell Cremona, Masterman & Whitaker, otra ya disuelta en Panamá— que le reportaron casi dos millones de euros en comisiones por intermediar en la compra de mascarillas, con la ayuda de un testaferro mexicano para las facturas falsas. Una de esas empresas, Masterman, pasó de facturar 58.000 euros en 2020 a 327.000 en 2021, casi todo procedente de una sola factura a Quirón de 396.000 euros, sin tener un solo empleado que justificara el servicio. Y pagó 500.000 euros por una empresa vacía —un ordenador portátil y tres aparatos de depilación— propiedad de la esposa de su jefe en Quirón, lo que un juzgado investiga ahora como posible corrupción en los negocios.
Su red asoma también en Sevilla, Miami, México, Costa Rica y Costa de Marfil. Ante el Tribunal Supremo resumió todo esto con una frase: “pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España”. No dijo que hubiera dejado de serlo.
Ceuta ha sido, este verano, sinónimo de patera, valla y titular sobre “invasores”. González Amador salió de allí por otra vía, sin necesidad de saltar ninguna: un despacho, un alias corporativo, y una sociedad en Panamá. A él nunca lo llamó nadie invasor. Como mucho, comisionista.
Juan González Posadas
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