El Presupuesto de Acogida y Asilo por el Estado español.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es el principal responsable de la red de centros de acogida. La inversión total durante  2025 del presupuesto para el sistema de acogida de protección internacional (asilo) y atención humanitaria ha alcanzado un techo histórico de aproximadamente 713 millones de euros (un aumento del 52% respecto a planes anteriores).

El coste por plaza y día que el Estado maneja con tarifas de referencia que varían según el perfil de la persona que son las siguientes:

• • Fase de acogida estándar: Entre 50 € y 58 € por persona/día.
  • Personas con vulnerabilidad: El coste asciende a 64 € por día.
  • Vulnerabilidad reforzada: Puede llegar hasta los 150 € por día en casos que requieren cuidados especiales.
  • Fase de autonomía: Una vez que la persona sale del centro, el apoyo se reduce a unos 32 € por día.
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El Coste de los Menores No Acompañados (CC.AA.) tan cuestionado últimamente con bulos malintencionados es como sigue:

La competencia de los menores recae en las Comunidades Autónomas. Supone el mayor el gasto de lo presupuestado  debido a los requerimientos de tutoría legal, educación y seguridad 24 horas por lo que nos encontramos con la primera falacia que asigna mayores cifras de inseguridad a dichos centros.

El coste por menor en situación de acogimiento se estima en una media de 4.400 € al mes por plaza (unos 146 € al día).

Existen variables  regionales, ya que dependiendo  de la comunidad, el coste oscila entre los 3.100 € y los 5.700 € mensuales, destinados principalmente a los sueldos de educadores, psicólogos, mantenimiento de los pisos de acogida y seguridad.

Como ejemplo, la Comunidad de Madrid ha presupuestado recientemente más de 18 millones de euros solo para la creación y mantenimiento de centros específicos en zonas como Fuenlabrada.

• Otro ejemplo donde se observan las amplias diferencias lo observamos en la Comunidad de Cantabria, cuyo presupuesto en 2025 supone 10,7 millones de euros a estancias concertadas. Para 2026, se prevé que esta cifra aumente a 11,8 millones de euros (un incremento de más de un millón) para cubrir la subida de precios de los servicios y la gestión de nuevos recursos

Además de la acogida residencial, existen costes logísticos significativos de emergencia que suponen en la parte de mantenimiento y seguridad. Como ejemplo sirve que en septiembre de 2025, el Gobierno aprobó una partida extraordinaria de 400 millones de euros específicamente para la seguridad y el mantenimiento de los centros de inmigrantes ante el aumento de la presión migratoria.

También existen partidas para el Salvamento Marítimo,  cuyo   coste, de las operaciones de rescate en el mar (Cruces en Canarias y el Estrecho) supone una inversión que supera los 180 millones de euros anuales.

El retorno voluntario de los menores tiene una partida presupuestaria  para 2025/2026 contempla aproximadamente 1,7 millones de euros para programas que ayudan a migrantes a volver a sus países de origen de forma asistida.

Es importante señalar que una parte sustancial (entre el 30% y el 50% según el programa) de estos gastos es cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

Resumen del Gasto (Estimado 2025-2026)

Dato comparativo: Si sumamos todas las partidas (acogida, menores y seguridad), el gasto anual estimado supera los 2.300 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 0,15% del PIB de España. Lo que supone una cantidad respetable que quizá justifica -de no conocer los datos que siguen- la protesta ante la acogida de menores no acompañados por una parte de la población española.

Vamos a continuación a exponer lo que estos menores aportan al Estado en el momento que se convierten en población activa. Entendiendo que todos los menores, españoles y extranjeros suponen un gasto tanto individual (familias) como al Estado…lo que no impide que se solicite incrementar la llegada de hijos por todos los estados occidentales.

Aportamos un dato incuestionable y sólido: la población migrante tiene una tasa de actividad más alta que la española ( llegan en edad próxima a la de trabajar).  Es decir, producen y trabajan más y mejor que la población española.

Hacemos notar con los datos que nos aporta la Seguridad Social,  los afiliados extranjeros a inicios de 2026, España  son aproximadamente 2,9 millones de trabajadores venidos de fuera y que fueron dados de alta por tanto se encuentran desempeñando trabajos cotizables.

La aportación anual que dichos trabajadores extranjeros se estima que son unos 16.500 millones de euros anuales en cotizaciones sociales.

Lo que supone un soporte incuestionable para la sostenibilidad de pensiones ya que  actualmente, el 13% de los ingresos de la Seguridad Social proviene de inmigrantes, mientras que ellos apenas representan el 1% del gasto en pensiones, porque como hemos apuntado más arriba, conforman una población joven que aún no se ha jubilado.

Haciendo balance del «Saldo Fiscal» (Lo que aportan vs. Lo que reciben) llegamos a las siguientes conclusiones:

Varios estudios (incluyendo los del Banco de España y la OCDE) indican que la población inmigrante suele tener un saldo fiscal positivo basado principalmente en el IVA e IRPF porque además de las cotizaciones, los inmigrantes pagan impuestos indirectos (IVA) por todo lo que consumen y, los que están regularizados, pagan IRPF (de ahí se pone en valor la importancia de su regulación para el Estado). Se estima que su aportación fiscal total (incluyendo IVA e IRPF) supera los 25.000 millones de euros.

Como balance neto concluimos que si restamos el gasto en servicios públicos que consumen (Sanidad, Educación y los 2.300 millones en acogida), el beneficio neto para las arcas públicas se estima en unos 5.000 millones de euros anuales. Es decir, aportan más de lo que reciben.

El  Impacto de la población extranjera  en el PIB del Estado es de suma importancia, debido al crecimiento ya que se calcula que la inmigración es responsable de aproximadamente el 10% al 15% del crecimiento del PIB español en las últimas dos décadas. Además se ocupan de sectores clave que sin la población inmigrante,  ocupaciones como la agricultura, la hostelería y el cuidado de dependientes (sector doméstico) sufrirían un colapso operativo o un encarecimiento de costes inasumible, ya que el 30% de los empleados en estas áreas son extranjeros.

Comparativa Final de Cifras (Estimaciones 2026)

Como conclusión, y obviando de forma dolorosa que el acogimiento de personas extranjeras, muchas de ellas en riesgos claros de precariedad o peligro vital, es una obligación moral inherente a un Estado de derecho y aunque el gasto inicial en centros de acogida y menores es muy alto y genera mucha atención política, los datos económicos muestran que, una vez integrados en el mercado laboral, los inmigrantes no solo cubren su «coste», sino que generan un excedente que ayuda a pagar las pensiones y los servicios públicos de la población nativa envejecida.

Por lo que concluimos, la inmigración no es solo una obligación moral, sino que supone el sostén de las futuras pensiones y el mantenimiento de un estado bien dotado.

Quizá debiéramos explicar a los colectivos que quieren expulsar o no recibir a extranjeros, las conclusiones de este artículo que se han sacado de datos oficiales precisos y concretos.

Lo demás es demagogia, populismo enfermo digno de épocas pasadas que creíamos superadas. Los inmigrantes suponen una gran inversión de futuro para los países occidentales.

María Toca Cañedo©