*La apología del franquismo como delito: verdades y mentiras.*

La colisión entre el derecho a la libertad de expresión y la noticia de que el Gobierno pretende legislar para perseguir la “apología del franquismo”, es materia tratada hoy por los juristas consultados por El País en el artículo “El delito de apología del franquismo, un debate espinoso que afecta a la libertad de expresión”, que afirman debe primar el derecho a la libertad de expresión sobre el significado y las consecuencias del enaltecimiento del franquismo.

Según estos juristas -de apreciable corte conservador- existen graves obstáculos para que la ley pretendida por el gobierno de Sánchez pueda salir adelante en el Parlamento, y que, si así fuera, habría un grave problema de aplicación por la más que probable cadena de recursos judiciales que traerán parejas las sentencias condenatorias, ante la dificultad de perfilar los límites entre el derecho a opinar y la valoración penal de un régimen, el franquista, que no ha sido ilegalizado.

La derecha política, social, económica y religiosa, se rasga las vestiduras ante lo que consideran un ataque a la libertad de expresión que pretende implantar un relato “oficial” único sobre el franquismo, mientras que la noticia es celebrada con alborozo entre la izquierda y los sectores memorialistas y republicanos, como una señal de que la impunidad de que se ha rodeado el universo totalitario del franquismo parece toca a su fin.

Ni una cosa ni la otra, por cuanto –aunque desconocemos el texto gubernamental- las fuerzas conservadoras profranquistas no tienen serio motivo de preocupación, ya que llevados los litigios al ámbito judicial no habrá mayor problema, como no lo hay en la actualidad, en que los jueces y fiscales continúen amparando estas prácticas de tolerancia e incluso de glorificación del franquismo, basándose en el derecho constitucional a la libertad de expresión.

Consecuente con lo anterior, las fuerzas democráticas carecen de fundados motivos de esperanza visto el talante mantenido hasta aquí por jueces y fiscales, que ignoran a sabiendas la aplicación de las leyes de la ONU a que hacen referencia en sus informes los dos Comisionados del Comité de Derechos Humanos, y que colocan en evidente desamparo a las víctimas del franquismo y a la conciencia democrática de los españoles que consideran incompatible –incluso- con la Constitución de 1978, la apología del franquismo, como una agresión directa y perceptible al derecho al honor, no solo de las víctimas, si no de sus familiares legitimados para demandarlo.

Los juristas elegidos por El País para esta consulta se olvidan de una posibilidad: la de que previamente el Gobierno promueva una ley de ilegalización del franquismo, con amplios visos de poder ser aprobada en esta legislatura de existir voluntad política, ante la que la apología de aquel régimen ya no podría disfrutar de coartadas de amparo y justificación, como no las tiene en la actualidad la exaltación del terrorismo (Art. 578 del CP) que califica como delito castigado con penas de prisión, cualquier expresión de apología del amplio catálogos de delitos comprendidos entre el 571 y 577, entre los que se encuentran también los calificados como “delitos de lesa humanidad” a que se refiere en vigente artículo 607 bis del código penal.

Sin la ilegalización jurídica y penal del franquismo, la batalla contra la impunidad de todo el orbe totalitario representado por los golpistas de 1936 y la posterior dictadura de Franco, proseguirá con un rosario inacabable de recursos y el más que probable triunfo de los recurrentes profranquistas, *…porque no se puede ilegalizar la apología de algo que es legal.*