La justicia española se ha convertido en un problema para la democracia. Según las encuestas esta institución figura entre las más desprestigiadas del Estado, y no ha tocado fondo. Es de temer que seguirá cayendo en el descrédito mientras gobierne la izquierda cosa que, afortunadamente, puede ir para largo. Pero cuando la mayoría social de un país percibe que la justicia no es justa, que no es igual para todos, que es arbitraria o que es, simplemente, el brazo de un determinado sector ideológico y político, entonces la democracia se tambalea. Podríamos llegar a ver un «no nos representan» destinado a la justicia, porque lo cierto es que se percibe que tenemos a una parte importante de uno de los poderes del estado levantado contra la democracia.
La independencia que reivindican constantemente tanto desde el CGPJ como desde la justicia en su conjunto no significa en modo alguno posibilidad de independizarse de la democracia, que es lo que está ocurriendo. La independencia judicial no significa que quepa la posibilidad de corregir lo decidido en las urnas. Los jueces son independientes sí, pero su independencia consiste en aplicar las leyes aprobadas por el parlamento sin atender a presiones externas.
Su independencia se garantiza para que puedan defender la ley (es decir, la democracia) frente a los diversos poderes que pueden pretender situarse al margen o por encima de aquella. Lo que vemos en muchas ocasiones es lo contrario. Sentencias que pretenden proteger a los poderes de la democracia; sentencias cada vez más desligadas de las leyes aprobadas, sentencias que tratan de imponer un determinado modelo de sociedad, un modelo reaccionario, sentencias que retuercen la realidad lo que haga falta, sentencias sin pruebas, sentencias que claramente son tendenciosas desde el punto de visto político.
La élite económica y social de este país, representada por la derecha, sigue pensando que el país es suyo, y en parte lo creen con razón, ya que nunca les fue arrebatado. A la muerte de Franco aceptaron que era inevitable aprobar nuevas reglas, sí, pero se encargaron de que dichas nuevas reglas no supusieran una completa ruptura con el pasado. Así que nadie detuvo a los torturadores, nadie obligo a los ladrones a devolver lo robado, nadie expulsó de la carrera judicial a los jueces franquistas, nadie desposeyó de nada a las grandes fortunas que se hicieron sobre la rapiña de la guerra y la posguerra; las reglas cambiaron mansamente para ellos y aunque llegó la democracia, la derecha quiso que eso no implicara pérdida de privilegios ni de poder.
No voy a entrar en si se pudo o no se pudo hacer de otra manera, esa es otra cuestión. Se hizo así y así estamos. Desde entonces, la derecha gobierna cuando puede y, cuando no puede porque así lo decide la ciudadanía, la única política que sabe hacer consiste en deslegitimar a quienes han sido elegidos como representantes legítimos. No conocen otra manera de hacer política en la oposición que esa. Y eso incluye a un Poder Judicial que, cada vez más, está defendiendo los intereses ideológicos y políticos de la derecha más dura y si para ello tienen que torcer la democracia y deslegitimar a la justicia en su conjunto, ya han demostrado que no les importa hacerlo.
Pero cuando se rompió el bipartidismo y el PSOE tuvo que pactar por primera vez una coalición de gobierno con un partido que está a su izquierda y que pretende hacer políticas socialdemócratas (no tiene otro nombre), la derecha se echó al monte viendo que, además, tiene difícil gobernar próximamente. Por una parte el PP ha arrasado a sus posibles aliados de la derecha nacionalista y si decide volver a la senda moderada para tratar de pactar con esa derecha, entonces con quien no contará será con Vox, así que sus opciones son cada vez más limitadas. Ante esta situación, el Partido Popular se ha lanzado a hacer un uso descarado del poder judicial para tratar de achicar desde ahí el espacio de las políticas que se pueden hacer desde el gobierno y para tratar de condicionar la política sea cual sea el resultado de las elecciones. Es lo que se conoce como lawfare y lo que está haciendo la derecha cuando comprueba que no llega al poder por las urnas, un golpe de estado «blando» que usa la justicia en lugar de las armas.
El CGPJ es un órgano político en estado de insumisión. Sus integrantes han decidido no dimitir y ocuparlo hasta que el PP quiera, y si este partido decide no renovarlo nunca pueden estar ahí siempre. La propuesta del partido popular de que «los jueces elijan a los jueces» es inimaginable desde el punto de vista democrático. Recordemos que el CCGPJ es un órgano político, no jurisdiccional, por lo que es normal que en una democracia este órgano político sea elegido por el parlamento.
Y más normal todavía porque el CGPJ, además de gobernar a los jueces, se encarga de elegir a dedo a los integrantes del Tribunal Supremo, que sí tienen función jurisdiccional Si el CGPJ es siempre de derechas, los jueces que llegan al Supremo, y que sí dictan sentencias, y muy importantes, serán siempre cercanos al PP y VOX, como estamos viendo. Y si la llegada de Podemos al gobierno supuso la rebelión del Partido Popular respecto a sus obligaciones democráticas con el CGPJ, la llegada de Vox al Congreso ha supuesto que este partido tenga ahora la posibilidad de recurrir al Constitucional cualquier ley aprobada en el Parlamento. Y eso es lo que está haciendo ante un Tribunal Constitucional que parece que se siete cómodo con lo que VOX representa.
Y en la medida en que los altos tribunales dictan sentencias que son discutibles e ininteligibles para la mayoría, los jueces «de a pie» comienzan también a atreverse a hacer lo mismo en cuestiones que no son menores; sobre todo en 
las relativas a la libertad de expresión, delitos de odio y violencia de género. La persecución judicial a Podemos es absolutamente incomprensible desde el punto de vista democrático y roza lo ridículo si no fuera porque es muy real y sólo pretende torcer la voluntad popular. Vemos como la corrupción grave no recibe castigo mientras que se puede condenar sin prueba alguna y a penas desproporcionadas a personas de izquierdas.
Si quemas la bandera de España puedes acabar en la cárcel, si quemas la senyera no pasará nada; si insultas al rey puedes acabar en la cárcel, si insultas a una alta autoridad del estado que sea de izquierdas no pasará nada. Si llamas a alguien «negro de mierda» es libertad de expresión, pero si llamas a alguien «nazi» te pueden condenar; si te ríes de la muerte de un torero te espera la cárcel, pero si te ríes de la muerte de un político de izquierdas, no te pasará nada.
Tenemos a un tribunal que ha admitido a trámite una denuncia de Vox porque no le gustan las sentencias de Tezanos, tenemos a una jueza que ha decidido censurar unos libros de los que la propia ley decía que debían estar en la biblioteca, tenemos a otra jueza llamando a declarar a activistas feministas por educar contra la violencia machista, tenemos a cargos políticos condenados sin prueba alguna mientras que otros diputados, como Espinosa de los Monteros, están condenados en firme y ahí siguen.
Vemos que Francis Franco encañona a un policía y sale absuelto mientras hay gente condenada por un tuit en el que insulta a la policía; se absuelve a Cifuentes de una falsedad documental retransmitida en directo y a Rocío Monasterio se la absuelve de lo mismo porque su falsificación «es demasiado burda«. Todo el país lee que no es posible identificar a M. Rajoy y mientras vemos un caso Dina Bousselham en fase de esperpento. Cualquier persona de Podemos puede ser llamada a declarar en cualquier momento por lo que a un juez o jueza le parezca, por la demanda de cualquier grupo de extrema derecha que en cualquier otro país estaría ilegalizado, por el afán de venganza de un ex empleado, por un narcotraficante que pretende ganar tiempo. Podríamos llenar un libro de arbitrariedades inexplicables, sentencias políticas, ideológicas, sentencias ejemplarizantes (en democracia las sentencias no pueden ser nunca ejemplarizantes, tienen que ser ajustadas a de derecho, sin más), sentencias que parecen venganzas.
Tanto es así que la palabra «prevaricación» ha dejado de tener sentido en este contexto porque cada vez más los jueces dictan sentencias que son injustas a ojos del más elemental sentido común. Lo cierto es que en los últimos años parece que tenemos un poder judicial que tiene agenda propia, que no responde a ningún control y el único que tiene, su elección parlamentaria, ha decidido que no será efectivo hasta que pueda asegurarse de que sea la derecha quien pueda configurar la mayoría. Digamos, por último, que un PSOE timorato no ayuda, que la intervención de Batet ha sido desastrosa, que no se acaban de derogar leyes como la ley Mordaza, o las referidas a la libertad de expresión: ofensa a los sentimientos religiosos o injurias al rey. que son de otra época y que no pasarían por un mínimo estándar democrático.
¿Qué democracia puede aguantar una justicia completamente injusta? ¿Cuánto tiempo antes de que reaccionemos?
Beatriz Gimeno
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