En noviembre de 2025, Luis de Guindos, entonces vicepresidente del Banco Central Europeo, dio su diagnóstico sobre la vivienda en España: «La regulación está limitando la oferta de vivienda en alquiler». El alquiler, dijo, tiene que ser «el colchón» que absorba el aumento de población. Tiene razón en que el problema es la regulación. Solo olvidó decir de quién es.
Nació en Madrid en 1960. Se licenció en Económicas en el CUNEF y en 1984 fue el número uno de su promoción de técnicos comerciales y economistas del Estado. Con Aznar fue director general, secretario general y, de 2002 a 2004, secretario de Estado de Economía, a las órdenes de Rodrigo Rato. Fueron los años del suelo liberalizado y del ladrillo sin freno.
Después pasó a la empresa privada. De abril de 2006 a septiembre de 2008 presidió Lehman Brothers en España y Portugal. Salió el día de la quiebra que abrió la mayor crisis financiera en ochenta años. Siguió en PwC, en el IE y en el consejo de Banco Mare Nostrum, una entidad que acabaría rescatada. En diciembre de 2011, Rajoy lo hizo ministro de Economía. La prensa internacional lo resumió sin adornos: el antiguo jefe de Lehman en España iba a arreglar la banca española.
En junio de 2012 anunció el préstamo europeo de hasta 100.000 millones para sanear las cajas. Aseguró que aquel apoyo no tenía «en absoluto» que ver con un rescate y que los contribuyentes no pondrían «ni un euro». Dos años después ya no hablaba de euros, sino de ahorro: unos 14.000 millones en intereses de la deuda, según sus cuentas. Diez años después, según los datos del FROB, más de 52.000 millones seguían sin devolverse. Quienes sí pusieron dinero desde el principio fueron los clientes a los que las cajas habían vendido preferentes, a menudo como si fueran depósitos: en 2013, el FROB les impuso quitas del 38 % en Bankia, del 43 % en Novagalicia y del 61 % en Catalunya Banc.
Nacionalizó Bankia tras la salida de su antiguo jefe, Rato, y creó la Sareb, el banco malo que compró con deuda avalada por el Estado unos 200.000 activos de las cajas hundidas, entre ellos decenas de miles de viviendas. Desde las entidades intervenidas se vendieron carteras enteras de pisos e hipotecas a fondos internacionales: Catalunya Banc colocó la suya a Blackstone en 2014. La Sareb se diseñó para que su deuda no contara como pública. En 2021, Eurostat obligó a España a asumir como propios 35.000 millones. Años después, desde Fráncfort, De Guindos opinó sobre los bancos malos: «Por mi experiencia, es un instrumento poderoso».
Para las familias hubo otra cosa. En marzo de 2012, con los desahucios disparados, presentó un Código de Buenas Prácticas para proteger a los deudores más vulnerables. Era voluntario: ningún banco estaba obligado a cumplirlo. En su primer año sirvió para 291 daciones en pago; solo en 2012 hubo más de 30.000 desahucios de primera vivienda. A los bancos, cien mil millones con aval europeo. A las familias, un código de buena conducta para sus acreedores. La ley hipotecaria no cambió hasta 2013, y porque la obligaron un millón y medio de firmas y una sentencia europea.
El resto lo puso su Gobierno. La Ley 16/2012, de Hacienda, dejó a las SOCIMI tributando al 0 % en el impuesto de sociedades, frente al 19 % anterior. Hasta entonces no existía ninguna; después llegaron por decenas, y con ellas Blackstone. La Ley 4/2013, de Fomento, acortó los contratos de alquiler de cinco a tres años y la prórroga tácita de tres a uno, permitió al propietario recuperar la vivienda por necesidad tras el primer año, aceleró los desahucios por impago y dejó de vincular por defecto las subidas al IPC. Las firmaron Montoro y Ana Pastor. De Guindos se sentaba en la misma mesa del Consejo de Ministros, con la cartera económica. La Sareb vendía, las SOCIMI no pagaban y los contratos rotaban. Cada ministerio hizo su parte, y el resultado fue un mercado hecho a la medida de los fondos.
En 2018 se fue a Fráncfort, a la vicepresidencia del BCE, con fama de haber salvado a España. Pasó ocho años vigilando la estabilidad financiera de la eurozona. Su mandato terminó el 31 de mayo y en septiembre se incorporó al IESE y a Esade, donde dirigirá una cátedra de política económica y financiera. Dice que la política es para él un capítulo cerrado. El suyo, desde luego, lo está.
De aquellos polvos, estos lodos. Esta semana, el Congreso ha tumbado los decretos que prorrogaban los alquileres y prohibían desahuciar a personas vulnerables. Votó en contra el mismo partido que en 2013 acortó los contratos. De Guindos no ha tenido que decir nada; ya lo había dicho: la regulación limita la oferta. Lo que no explicó es que la regulación que dejó desprotegidos a los inquilinos salió del Gobierno del que formaba parte, y la que intenta protegerlos, no.
El colchón existe. Lo tienen los fondos.
Juan González Posada.
Fuentes consultadas: Banco Central Europeo, Consejo de la UE, BOE (Real Decreto-ley 6/2012, Ley 16/2012, Ley 1/2013 y Ley 4/2013), Eurostat, Colegio de Registradores, idealista, EjePrime, Cantabria Económica, Infobae (EFE), elEconomista, El Boletín, elDiario.es, El Salto, Telemadrid, El Español, El Debate, Valencia Plaza, Libertad Digital, Demócrata, Mundiario, Bolsamanía, Noticias de Navarra, Universidad de Yale (New Bagehot Project), El Notario del Siglo XXI, Instituto de Estudios Fiscales.
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