Eligen un 20-N para dar un «golpe de Estado judicial» (en palabras de Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo) condenando a un Fiscal General sin pruebas de nada.
Lo único probado es que el jefe de Gabinete de la CAM, con dinero público, dedicó todos los esfuerzos posibles a difundir los bulos desde su cargo y a amenazar periodistas para defender a un ciudadano particular, pareja de la presidenta.
Si es malversación enviar un e-mail como asistenta de la mujer del presidente en la universidad, esto ya no tiene nombre (pero ahí no se atreverá a entrar la UCO ni ninguna instancia judicial del régimen).
El jefe de Gabinete de Ayuso, viendo que habían pillado al novio cometiendo delitos, filtró un correo a El Mundo y luego se inventó todo para enmierdar y culpar al Fiscal. Varios periodistas reconocieron que ya tenían la información desde varios días antes y que no fue el Fiscal quien la filtró (el Tribunal, a un periodista que se acogía a su derecho a no revelar sus fuentes, le espetó un «¿Me está usted amenazando?»). Por supuesto, aparecen como siempre los granujas como las víctimas (aquello de que el fiscal «me ha jodido la vida» (cuando más bien uno se jode la vida él solito si roba a manos llenas del erario público).
Desde que está con Ayuso, González Amador (que era un simple técnico sanitario) ha conseguido millones de euros (como su madre, su padre, su hermano, su anterior pareja, su cuñada…) a costa del negocio de ser intermediario en la privatización de la salud y llevarse comisiones por la patilla. Después ha cometido varios delitos de fraude fiscal, facturas falsas con empresas pantalla… Con ello se ha comprado un Masserati y vive a todo tren con la presidenta en un barrio exclusivo de Madrid. Todo un aprendiz de Ayuso (que ya se levantaba 4.200 al mes de dinero público por llevar la cuenta de Twitter del perro de Esperanza Aguirre).
Justo el día antes de que se publicara esta vergonzosa sentencia, González Amador anuncia que va a comprar también el ático de lujo en el que ya vive con Ayuso con un alquiler de 5.000 euros al mes (que se suma al piso de la sexta planta que ya compró con las comisiones que sacó a la CAM y con lo que dejó de pagar a la hacienda pública).
Lo llaman «Justicia», pero solo es una comisión de jueces abiertamente de derechas (y sin oposición alguna) que ejecuta leyes según convenga a la derecha política (ya sea para liberar a violadores y así poder culpar a las feministas de las fisuras de la ley, para castigar a la respuesta social o la disidencia política o para intentar hacer caer al gobierno tras el llamado a «el que pueda hacer, que haga«).
Ahora, además, la justicia del régimen postfranquista condena al Fiscal General a pagarle 10.000 euros por algo que no ha hecho.
Ya solo falta que salgan y nos meen en la cara.
Igor del Barrio.
Pues si como tu dices . El TSJ lleno de fascistas a impuesto una pena al FGE que no se merece y ademas bajo mentiras del asesor de Ayuso, borracho, pendenciero, y mentiroso. La IN-justicia de los togados no tiene nombre, dan ganas de salir corriendo.
Denigrar a esa mujer intentando sacarla de la peor manera posible, con fotografías rebuscadas para que impresión de esquizofrénica es de una misógina, un machismo y una crueldad digna de las peores canciones de reguetón, la verdad. Creí que esta era una revista medio feminista.