Verano negro para la Sanidad Pública en Cantabria El Gobierno regional de Cantabria se ha convertido en el peor enemigo de la Sanidad Pública en la región, a la par que en el mejor amigo de la industria privada de la salud. Dos noticias simultáneas recién emitidas desde el propio ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga nos sitúan ante un verano negro para este bien de todos los ciudadanos de la comunidad autónoma. Hablamos de la formulación del Plan de Salud de Cantabria 2025-2029, cuya presentación se hurtó a la sede de la soberanía popular que es el Parlamento regional en beneficio de un escenario tan fuera de lugar para la ocasión como es el Centro Botín. Y hablamos asimismo del reconocimiento, desde el propio gobierno cántabro, de que más del 60% de los consultorios del sistema de Atención Primaria quedarán completamente desasistidos en distintos periodos del verano por no contar con un sólo médico: una situación que desde la Plataforma Cívica en Defensa de la Sanidad Pública, con apoyo de la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (FECAV), la Unión de Profesionales Progresistas (UPP) y otras organizaciones civiles que firman este manifiesto, lamentamos y denunciamos como claro exponente de la desatención de nuestros gobernantes hacia la salud de aquellos de sus habitantes que no pueden permitirse un seguro privado, en contraste con un descarado trato de favor a determinadas empresas privadas del sector y aledaños. Del Plan de Salud para el quinquenio 2025-2029 preocupa ante todo, efectivamente, el propósito privatizador que lo recorre de principio a fin con sus continuas referencias a la “colaboración público privada”. 
Esa cooperación a la que tanto apego muestra el consejero César Pascual. Todos recordamos cómo, siendo gerente de Valdecilla, el actual responsable de Sanidad en la región hipotecó a los contribuyentes cántabros por décadas al entregar a Ferrovial la terminación de las obras de nuestro buque insignia hospitalario por importe de más de 750 millones de euros (más IVA): una cantidad muy superior, en decenas de millones, a lo que hubiera sido el coste de los trabajos y servicios contratados de haberse puesto en manos de la gestión pública. Es conocido el agradecimiento de Ferrovial al consejero. El Plan regional de Salud para los próximos cinco años tiene algo de taimado. Su peligrosa orientación privatizadora contrasta vivamente con la plausible, pero nos tememos que vacía declaración de intenciones que lo encabeza. Y es que nada hay que objetar a su reconocimiento de la importancia de nuestra asediada Atención Primaria. Ni ante su afirmación de que “la prevención debe ser el nuevo enfoque”, o su constatación de que “el envejecimiento es un determinante de la salud” y que “las enfermedades crónicas están en aumento”. Y tampoco habría nada que decir de su “compromiso con el ámbito rural”. Sin embargo, obligado es detenerse en este último punto sobre los consultorios rurales ya que, según adelantó el Boletín Oficial de Cantabria del pasado 25 de junio y el propio consejero reconoció en ulterior rueda de prensa, más de ochenta de estos centros, en una región de 102 municipios, han estado, están o van a estar sin médico durante días y hasta dos semanas por una inaceptable falta de organización en las sustituciones durante los periodos veraniegos de vacaciones: una situación que se repite por segundo año consecutivo y que el Gobierno ha paliado de manera claramente insuficiente a través de ayudas al transporte de los pacientes y de la contratación de facultativos de otras comunidades autónomas. 
El Plan de Salud recién presentado, lejos de contener medidas que prevengan y eviten desajustes de este tipo en la atención a los pacientes, pone su mayor énfasis en un modelo de colaboración publico privada que, insistamos en ello, sólo puede implicar una mayor externalización y privatización en la prestación de los servicios sanitarios. Un modelo que de manera destacada va a sustanciarse (si la ciudadanía no lo impide) en el Parque de innovación en Salud de Cantabria sobre los terrenos que deje libres el derribo de la Residencia Cantabria. Un proyecto con liderazgo de la empresa privada y que, para colmo, la Consejería pretende hacer pasar como fuente de financiación para nuestra sanidad. No nos engañemos. Estamos ante un verdadero Caballo de Troya que mete a los enemigos de nuestra Sanidad Pública dentro de casa. Pues, con todo el respeto a la iniciativa privada en sí misma, es obvio que su propia naturaleza la lleva a convertir la salud en negocio, más que en servicio a la ciudadanía. Y el Consejero ya dejó clara su anuencia y hasta su sumisión a los campeones de la sanidad privada cuando en marzo pasado, a bombo y platillo, fue a presidir la inauguración en los bajos del Casino de Santander de un centro de atención primaria privado de la empresa Quirón. Es muy significativa la autoría del Plan de Salud 2025-29,
con sus llamativas presencias y sus clamorosas ausencias. Entre las primeras destacan casi una treintena de miembros de equipos directivos de la Consejería de Salud, Servicio Cántabro de Salud (SCS), Hospitales y Atención primaria. Como representantes de médicos asistenciales del SCS, dos MIR de familia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV); como representantes de los Colegios Profesionales, sólo cuatro personas en nombre de los colegios profesionales de enfermería (dos), psicólogos y farmacia. En representación de las empresas, nada menos que diez personas, entre expertos en penetración de mercados de Lilly, Gillead, Pfizer, Amgen (dos miembros) y Roche, más directivos de Mutua Montañesa, Área de innovación del Hospital Virtual de Valdecilla y Hospitales Santa Clotilde y Mompía. En la parte científica, únicamente tres representantes: uno de la Universidad de Cantabria, en concreto un matemático especializado en algoritmos, otro del Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) y un tercero de la Fundación Marqués de Valdecilla. En el apartado de Consultoría, cinco miembros de una misma consultora privada (Pëtri) especializada en análisis, innovación e IA, entre otros ámbitos, para el sector sanitario. ¿Y como portavoces de la Sociedad? Seis personas con nombre y apellidos que “representan a la ciudadanía”. A estos desequilibrios se suman unas lagunas aún más escandalosas. Porque resulta incomprensible la ausencia, en el equipo de redacción del Plan, de representantes democráticos de los usuarios de nuestra sanidad, del Colegio de Médicos de Cantabria, de las Facultades de Medicina y de Enfermería de Cantabria, de médicos y enfermeras asistenciales (poner a dos médicos en formación y tres enfermeras entre las casi 60 personas que elaboraron este Plan de Salud es todo un manifiesto de intenciones no sabemos si involuntario) de nuestros Equipos de atención primaria y especializada y de sus responsables profesionales, sindicales y científicos (sociedades médicas y de enfermería especializadas en estos asuntos, como semFYC y FACAP). Tampoco se ha consultado a nuestra prestigiosa Escuela Nacional de Salud (ENS) del Instituto de Salud Carlos III pese a su enorme bagaje y experiencia en el estudio de modelos asistenciales sanitarios, con aportación de ideas para la solución de sus problemas. En lugar de ello, la consejería prefirió acudir al consejo de una empresa privada de la que carecemos de referencias científicas o publicaciones que respalden sus recomendaciones, muy al contrario que nuestra ENS y sus decenas de publicaciones científicas sobre los temas que pretende abordar este Plan. El documento no resistiría la crítica de expertos en Salud Pública y Organización Sanitaria, ni tan siquiera de expertos en Gestión, al no contener ni un esbozo de memoria económica. 
Porque, si bien incluye apartados correctos y citas de fuentes solventes como la OMS en temas como la Salud Digital, la Salud en Todas las Políticas, el Envejecimiento Saludable y otras, los redactores del Plan renunciaron a ofrecer cálculo alguno que sustente el desarrollo del proyecto. Tal es la mecánica de una fórmula de tándem público-privado donde el beneficio va a parar a manos de la empresa, no del ciudadano. Desde la Plataforma Cívica en Defensa de la Sanidad Pública veíamos ya con extrema preocupación algunas iniciativas en idéntico sentido a cargo de nuestra Consejería de Salud, como la que derivó millones de euros del erario público hacia el hospital privado Santa Clotilde, o la que postergó el traslado a la comunidad de más de una decena de médicos de familia de otros territorios a quienes les correspondía por concurso. O como el citado proyecto sobre los terrenos de la Residencia Cantabria o la también mencionada muestra de entreguismo del consejero ante el Grupo Quirón. Ahora, con su Plan 2025-29 y su No Plan para remediar los alarmantes y creciente desequilibrios en todos los niveles de la atención sanitaria en Cantabria, el Gobierno regional y su consejero evidencian ya del todo sus propósitos y disparan todas nuestras alarmas. La sanidad pública corre un grave peligro en nuestra región.
Plataforma Cívica en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP de Cantabria, FECAV, Verdes EQUO Cantabria, Ecologistas en Acción Cantabria, Plataforma Ciudadanía Contra la Exclusión Sanitaria) y UPP. En su representación firman: Fernando García del Río, DNI 13 750 471J. Antonio Jiménez Gómez, DNI 02041284B. Ángeles Méndez Batán, DNI 33807507Z. Fernando Rodero García, DNI 07786921H
Santander, 16 de julio de 2025
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