Ante las preguntas por el ático de Chamberí, Isabel Díaz Ayuso ofreció la explicación de siempre: una “campaña de desprestigio que promueve el Gobierno y su prensa afín”. La frase merece detenerse en ella. No por lo que acusa, sino por quién la pronuncia y contra quién la dirige.
Porque “prensa afín”, en su boca, resulta ser sinónimo de prensa que pregunta. Quienes informaron quedaron adscritos, sin matices, al bando enemigo. La prensa que de verdad le es afín hizo, mientras tanto, lo que mejor sabe hacer: nada. El Mundo, según denunció El Plural, ni siquiera mencionó el escándalo.
La coincidencia no es casual, y conviene aquí ser precisos en vez de indignados. El Mundo fue, en 2023, el medio que más dinero recibió en publicidad institucional de la Comunidad de Madrid: 1,06 millones de euros, según reveló un análisis del diario Público sobre un reparto que ninguna comunidad autónoma se ha molestado nunca en explicar con claridad. No hace falta imaginar una orden ni una llamada telefónica. Basta con que el silencio resulte más rentable que la pregunta.
Ahí está el mecanismo completo, en dos movimientos.
Primero, se llama “afín” a quien informa, para que la información deje de leerse como información y pase a leerse como ataque.
Segundo, la prensa que sí es afín no necesita desmentir nada: le basta con callar. No hace falta censura cuando la supervivencia económica de un medio y de varios periodistas y comentaristas depende de quien debería estar sometido a su escrutinio: la dependencia hace, en silencio, el trabajo que antes exigía una orden.
Tampoco hace falta que nadie mienta. Basta con que una parte de los lectores no llegue a enterarse de que hubo ático, y con que la otra lo lea como una persecución más: dos públicos, dos realidades, y ninguna mentira concreta que señalar en ninguna de ellas.
El resultado no es una opinión pública informada que discrepa. Es una opinión publicada, fabricada por selección y por silencio, que consume convencido de estar leyendo la realidad.
Y ese vaciamiento no es un detalle menor de la vida mediática española. La libertad de expresión, como derecho formal, sigue intacta: los periódicos publican lo que quieren, las tertulias dicen lo que quieren. Lo que se ha vaciado es su función democrática, que no consiste en existir sino en hacer posible que el poder rinda cuentas ante quienes lo eligen. Una prensa que sustituye la pregunta por la lealtad no viola ninguna ley; simplemente deja de cumplir la única tarea que justificaba su libertad. Y ese vaciamiento, silencioso y rentable, resulta más difícil de combatir que cualquier censura declarada: no hay ley que invocar contra él, solo una ausencia con precio de mercado y factura conocida o no.
Juan González Posadas.
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