Dinero público para las necesidades sociales: ¡No paguemos su deuda!

Tras un año de pandemia, la crisis sanitaria y la económica se ceban contra la clase obrera y los sectores populares. Con el paro oficial en los 4 millones, el informe de Oxfam cifra en un millón la cifra de nuevos pobres en este año de pandemia. Mientras, el número de multimillonarios vieron aumentar su riqueza en más de 26.500 millones de euros, una cifra superior al coste para el estado de prestaciones por ERTEs y exenciones en las cotizaciones de la Seguridad Social, que sumaron a 24.000 millones. Con los ERTE’s a pocos meses de finalizar y el riesgo de que muchos de ellos se transformen en despidos.

El Gobierno espera el maná de los fondos europeos para paliar la situación. A fines de enero, conseguía con la ayuda de Vox validar el decreto de reparto de los fondos. A mediados de marzo, y para el capítulo de reconstrucción económica con una aportación de 58.000 millones, las grandes empresas (Iberdrola, Repsol, ACS…) ya habían presentado proyectos por valor de 123.000, decir, del 212%.

La Unión Europea ha renovado los titulares de hace 10 años, ahora no se habla de austeridad ni de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ahora se pone una cara más amable para hablar de reconstrucción, de economía verde, sostenible, de futuro, pero el plan en poco difiere al que hace una década rescató la banca y grandes empresas y terminamos pagando todos y todas. Next Generation UE, es el “mayor paquete de estímulo jamás financiado” con 750.000 millones de euros.

Al estado español, segundo receptor, le llegarán 140.000 millones de euros, de los que la mitad pasarán a engrosar la deuda pública. Y el “gobierno más progresista de la historia”, con comunistas como ministros, se limita a embellecer con vocablos como “que nadie se quede atrás” la legalización de esta enorme transferencia de capital a manos privadas. Los destinatarios del dinero: la banca que hace de intermediario y se queda su parte y las grandes empresas; pero la deuda la acabaremos pagando otra vez con recortes, la clase obrera y los sectores populares.

A pocos días de presentar el plan que permita reactivar los fondos, el vicepresidente de la Comisión europea Valdis Dombrovskis, ya advierte de las condiciones: “Una reforma integral y ambiciosa del mercado laboral es la primera prioridad”. Completan las exigencias de Bruselas: pensiones y unidad de mercado. Es decir, más flexibilidad empresarial que traducido significa más precariedad y/o despido libre. Recorte en pensiones y más garantías para la libre circulación de capitales. Y el recorte en pensiones ya se ha puesto en marcha con las recomendaciones del Pacto de Toledo.

A los efectos de la crisis económica hay que añadir el aprovechamiento de las grandes multinacionales para avanzar en una restructuración productiva con las deslocalizaciones de industrias, que afectan principalmente a la automoción. Nissan cierre, Ford despidos, Seat con ERTE, Bosch, Acciona…Con la reforma laboral vigente, que PSOE-UP no quiere derogar, las empresas saben que tienen completa impunidad. Tampoco los sindicatos mayoritarios están dispuestos a exigir al gobierno su derogación.

Y ante los cierres prima el corporativismo y la desmovilización impuesta por los sindicatos: 1) aceptación del cierre a cambio de dinero para las indemnizaciones y compromisos abstractos de reindustrialización) y 2) la firma por separado de las condiciones para la empresa principal, dejando abandonadas a las subcontratas a su suerte.

Hay que acabar con la desmovilización. La lucha es el único camino. Unir las empresas en lucha. Exigir de inmediato la derogación de la reforma laboral. Prohibición de despidos. Nacionalización de las empresas que despiden poniéndolas bajo control de los y las trabajadoras e impulsando un proyecto industrial público compatibles con el medio ambiente.

Por un plan obrero de urgencia para que la crisis la paguen los capitalistas:

El dinero público para las necesidades sociales: sanidad, servicios sociales y educación: 100% públicos. Ni un euro público para subvencionar las grandes empresas privadas.