La noticia ha sacudido el panorama político español: el fiscal general del Estado, Alberto Ortiz Serrano, se enfrenta a acusaciones formales por supuestos delitos de prevaricación y revelación de secretos. Aunque los detalles del caso se mantienen en secreto, la importancia institucional de esta situación es evidente.
¿Se trata solo de una coincidencia que la persona encargada de garantizar la imparcialidad del Ministerio Público se encuentre ahora bajo sospecha, precisamente cuando el poder ejecutivo afronta un período legislativo tumultuoso y sigue tambaleándose por acuerdos parlamentarios que ponen en tensión el equilibrio democrático? ¿Es realmente una depuración necesaria del sistema o simplemente una estrategia política de la derecha para desestabilizar al gobierno?
Estas preguntas no solo se hacen en conversaciones casuales en cafés, sino también entre jueces, periodistas y legisladores, que se sienten cada vez más incómodos por cómo se están desarrollando las cosas.
Un fiscal en una posición incómoda… ahora, en riesgo.
El nombramiento de Ortiz Serrano había suscitado controversia. Desde el mundo académico se le criticó desde el principio por su proximidad al Gobierno de coalición, especialmente por su participación en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y en asuntos delicados como la amnistía a líderes catalanes.
A pesar de su enfoque serio y técnico, no ha podido protegerse de las críticas políticas. La oposición, sobre todo el Partido Popular y Vox, lo describieron como un brazo legal del Gobierno. Incluso dentro del propio Gobierno, algunos empezaron a considerarlo una figura incómoda, sobre todo por no apoyar ciertas decisiones judiciales contra destacados líderes de la oposición. Sin embargo, esta acusación ha desencadenado una serie de consecuencias imprevistas.
Cómo se originó el caso: revelaciones, influencias y una acusación detallada.
Según información procedente del ámbito judicial, la demanda contra Ortiz Serrano se deriva de una denuncia presentada por la organización judicial Justicia Clara, un grupo con fuertes tendencias conservadoras.
La denuncia gira en torno a supuestas presiones por parte del fiscal general para detener una investigación sobre corrupción que involucraba a un ministerio clave del Gobierno.
Sin embargo, lo que ha causado revuelo es la acusación de divulgar secretos, después de que se filtraran partes de conversaciones entre fiscales en un medio digital afín a la derecha, en las que se indicaban claramente instrucciones provenientes de altos cargos.
¿Se compartió la información a propósito para acelerar el fracaso? ¿Por qué en este momento específico?
La influencia de Miguel Ángel Rodríguez: ¿planificación o casualidad?
Aparece entonces un personaje que muchos ven muy activo en la escena política española: Miguel Ángel Rodríguez, consejero en las sombras —o quizás no tanto— de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
MAR, como se le conoce comúnmente, es hábil a la hora de controlar la atención mediática y de modificar la agenda pública mediante polémicas. Durante las últimas semanas, Rodríguez ha estado sugiriendo en sus columnas, entrevistas y conversaciones no oficiales que «el sistema judicial se está corrompiendo desde las altas esferas».
Para muchos, esto ha sido interpretado como una advertencia en clave. Tras la acusación a Ortiz Serrano, sus allegados expresaron en privado su alegría: «Esto es solo el comienzo».
¿Hasta qué punto ha influido MAR en esta caída? Es difícil de probar. Sin embargo, sí se puede comprobar la sincronización de mensajes en medios afines, la coordinación de discursos desde Génova y la rápida activación de la maquinaria parlamentaria para exigir la dimisión del fiscal… y, de paso, la del propio ministro de Justicia.
Una estrategia del PP para desgastar —o tumbar— al Gobierno.
Desde el entorno del Ejecutivo, ven este movimiento como una maniobra de demolición controlada. El momento no podría ser más oportuno —o más vulnerable—: el Gobierno navega con una mayoría frágil, los apoyos independentistas están tambaleándose y la economía muestra signos de fatiga. El PP huele sangre.
Fuentes cercanas al PSOE indican que este «golpe institucional» no solo busca erosionar la imagen del Gobierno, sino también precipitar una moción de censura o, al menos, abrir la puerta a elecciones anticipadas. Y, aunque en el Congreso aún no tienen los números, la presión social y mediática podría hacer el resto.
Por ahora, Núñez Feijóo se limita a exigir «responsabilidades inmediatas» y a «restaurar la confianza en la Justicia». No hace falta decir más. La coreografía del desgaste ya está en marcha.
¿Y ahora qué? Las instituciones ante su espejo.
La imputación de un fiscal general no es un asunto menor. Supone una llamada de atención sobre el estado del Estado de derecho. Pero también refleja cómo se instrumentaliza la justicia en un clima político envenenado.
El dilema es profundo: si las acusaciones son ciertas, hay que depurar responsabilidades, incluso en la cúspide. Sin embargo, si son falsas, el daño institucional podría ser irreversible.
El Gobierno, por su parte, se halla en una encrucijada: si cesa al fiscal, podría parecer una admisión de culpa o una injerencia; si lo mantiene, podría interpretarse como un acto de desafío que avivaría aún más el fuego.
En las próximas semanas, el Tribunal Supremo deberá decidir si convierte la imputación en procesamiento. Y ahí se abrirá otra batalla: la del respeto a la justicia.
Tino Vega
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