Alberto Núñez Feijóo cuenta siempre la misma historia: nació en Os Peares, una aldea de Ourense de apenas 200 vecinos, sin agua corriente ni nevera, criado por su abuela mientras sus padres trabajaban. La usa en podcasts, en El Hormiguero, en cada entrevista, incluso para justificar por qué a sus 64 años sigue sin hablar inglés: “esto de haber estudiado en una escuela rural tiene algún problema”, le dijo a Pablo Motos.
El problema es que no estudió en una escuela rural. A los nueve o diez años sus padres lo enviaron interno al Colegio Marista Champagnat de León, donde pasó los siguientes cuatro o cinco años —“una oportunidad reservada a una minoría de estudiantes en la España de los años sesenta y setenta”, resumió El Plural. Su entrada en la función pública tiene un pliegue parecido: trabajó años como interino en la Xunta y lideró una organización que exigía mecanismos de estabilización laboral; cuando el Gobierno de Fraga aprobó justo eso —una convocatoria extraordinaria para consolidar interinos, la “ley de las tres oportunidades”—, obtuvo su plaza por esa vía en 1991, sin oposición ordinaria. Ninguna de las dos cosas es ilegal ni extraordinaria. Lo que resulta difícil de sostener es la historia que él mismo cuenta: la del chico que llegó solo, con lo puesto, hasta la Moncloa.
Ya como presidente de la Xunta (2009-2022), el patrón familiar se repite con más peso. Su hermana, Micaela Núñez Feijóo, dirige para el noroeste de España Eulen, empresa que factura a la Xunta 54 millones en quince años, el 88,5% de sus contratos desde 2018 sin concurso. Su prima, Eloína Núñez Masid, gerente de los hospitales públicos de Santiago y Ourense, tramitó varios de esos contratos con Eulen —incluidos dos por cuatro millones—. Lo resumió la portavoz socialista Esther Peña: “Si tu prima le adjudica cuatro millones en un contrato público a tu hermana, algo no funciona bien en esa administración pública”. Su cuñado, Ignacio Cárdenas, director comercial de una empresa de telemarketing sin experiencia sanitaria, también obtuvo contratos de la Xunta en ese sector; el Consello de Contas halló en 2024 que varios de esos acuerdos se habían registrado como “contratos menores” pese a superar el límite legal, algo que la Xunta atribuyó a un “error”. Una comisión de investigación del BNG terminó bloqueada por la mayoría del PP, que vetó la comparecencia del propio Feijóo.
El mismo Consello de Contas certificó otro coste en 2024: 470 millones de sobrecoste en el hospital Álvaro Cunqueirode Vigo, por sustituir la financiación pública por un modelo público-privado; un estudio de la Universidad de Vigo eleva la cifra a 1.000 millones. El hospital, además, se quedó muy por debajo de lo prometido —de 2.000 camas planeadas nunca superó las 1.366—, tras autorizar la Xunta reducir en casi 12.000 metros cuadrados la superficie construida sin que las concesionarias cobraran ni un euro menos; el propio Consello de Contas habló de “beneficio injustificado” y remitió el caso al Tribunal de Cuentas. En su campaña de 2022, Feijóo había dicho de otros políticos: “cuando dice que inaugura un hospital la pregunta que hay que hacerle es: ¿lo deja usted a deber o está pagado?”. Su hospital, el más caro de la sanidad gallega, es la respuesta a su propia pregunta.
Su patrimonio tampoco es tan transparente como su relato de “gestor austero” sugiere. Entre 2020 y 2022 pasó de 81.393 a 930.517 euros en activos financieros. Vive de alquiler en El Viso, uno de los barrios más caros de Madrid, pese a tener otra vivienda en propiedad en Chamberí; cobró años del PP 52.346 euros anuales en “gastos de representación” para ese alquiler, y cuando Sánchez le preguntó en el Congreso si el partido lo sigue pagando, respondió, visiblemente molesto, que “el alquiler lo paga mi familia”. Solo ha presentado una declaración de bienes en toda la legislatura; un piso suyo en A Coruña ha desaparecido del Registro sin operación declarada; y en una finca en Ames que recalificó de rústica a urbanizable construyó un chalé con piscina de 375 metros cuadrados que nunca ha tasado oficialmente.
De Marcial Dorado, el contrabandista con el que viajó y veraneó en los noventa, ya se sabe casi todo. Menos repetido es que, cuando lo conoció, Feijóo ya era alto cargo de la Xunta —Agricultura, luego Sanidad—, el mismo período en que empresas vinculadas a Dorado habrían recibido contratos de esa Administración, según ha denunciado la prensa gallega. Dorado especula que otro habitual de aquellas reuniones era un cuñado de Feijóo en banca. Y no fue el único: por su órbita han pasado también Francisco Ramón Lucas (“El Conseguidor”, por su fama de facilitar adjudicaciones), el excargo de Gürtel, Pablo Crespo, y el banquero Juan Carlos Escotet.
Hay, además, un gesto que en el PP ya conocen bien. En febrero de 2022, Casado cuestionó el contrato de mascarillas del hermano de Ayuso —cerca de 280.000 euros en comisiones— y esa duda le costó la presidencia en una semana. Feijóo, preguntado ahora por el ático que la Comunidad de Madrid compró como oficina, ha reconocido que sabía desde abril que el equipo de Ayuso buscaba esa sede, y en la misma frase ha añadido que “es evidente” que Patrimonio “tendrá que explicar” la compra. Ni la respalda del todo ni la acusa del todo: el mismo gesto, casi con las mismas palabras, que hundió a Casado.
Llegó a la Moncloa desde una aldea. Pero también desde un colegio de élite, una plaza sin oposición, una familia que se administra a sí misma, un patrimonio que crece más deprisa de lo que declara, y unas amistades que, cada cierto tiempo, insisten en recordarle que existieron.
Juan González Posadas.
Fuentes consultadas:
El Plural, El Español, leonoticias.com, InfoLeón, La Nueva Crónica (Fran Balado, “El viaje de Feijóo”), El Debate, eldiario.es, Público, Newtral, infoLibre, donporque.com, Infobae, Cuatro, xornalgalicia.com.
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