El Gobierno dispone de un plazo de 18 meses para introducir las medidas que deberán servir de acomodo al marco nacional del Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado en mayo por el Consejo Europeo.
La actual ley de asilo, vigente desde 2009, deberá ser reemplazada, antes de final de año, por una nueva normativa que se ajuste a la hoja de ruta europea y ofrezca una salida alternativa a un sistema cada vez más colapsado. En 2023 las solicitudes de asilo ascendieron en España a más de 163.000 – en su gran mayoría ciudadanos de países latinoamericanos – y hasta noviembre de este mismo año las cifras registradas superaban ya las 155.000. Una demanda tan disparada, junto con una escasa oferta incapaz de contenerla, sirvieron de caldo de cultivo para que emergiera un mercado negro en el que las citas de asilo llegaron a venderse a 200€. Como primera solución preventiva, se decidió que éstas fueran tramitadas por vía telefónica. Sin embargo, un año y medio después aquella fórmula provisional sigue siendo el instrumento primero para solicitar asilo.
Ante este colapso, son los propios migrantes los que, a través de una gestión colectiva en espacios como Telegram, intercambian información acerca de los canales para pedir citas y la documentación requerida. Todos ellos se encontrarán en situación irregular hasta que no reciban esa llamada que les permita trabajar con un contrato formal y, en caso necesario, acceder al sistema de acogida. Jeff, un joven venezolano, lo explicaba así para El País: “Durante esos meses, uno lo que hace es sobrevivir; y ponerte a trabajar reduce tus posibilidades de conseguir la cita: o trabajas o sacas la cita; o sea, o comes o sacas la cita”. Y agrega: “Hay momentos en los que tú quieres que llegue sábado y domingo porque ahí descansas, porque sabes que esos días no abren las oficinas y tú estás tranquilo mentalmente de que puedes hacer cualquier cosa y no tienes que estar llamando”.
La nueva norma estará destinada precisamente a acelerar la resolución de los expedientes y reducir los perfiles con posibilidad de acceso al asilo, aumentando así las expulsiones. El plan se aplicará, además, de manera paralela a la nueva ley de extranjería, que amplía los requisitos para la regularización de la situación de los migrantes en España, mientras que desincentiva el asilo como una vía para lograrlo. En lo que respecta a la tramitación de los expedientes, el pacto europeo busca identificar en la misma frontera los perfiles de los migrantes y decidir en un plazo máximo de 12 meses, incluyendo los posibles recursos que interpongan los demandantes, aquellos que podrán cruzar la frontera en condición de refugiados. Al mismo tiempo, para agilizar la devolución de aquellos solicitantes a los que se les denegará el asilo, la nueva ley incluirá un procedimiento de retorno especifico.
En un comunicado emitido a comienzos del mes de diciembre, organizaciones como Accem, Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o la Cruz Roja española alertaron ya de que nos encontramos ante “un contexto especialmente inquietante y cada vez más desfavorable para la garantía de derechos a nivel europeo”. El documento hace especial mención a los campos de concentración abiertos por Italia en Albania y blanqueados como hubs o centros logísticos. La propuesta de Meloni, que se topó con serios reveses en los tribunales italianos, es ahora respaldada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que en una carta de su ejecutivo afirma estar estudiando “la mejor manera de introducir en el marco jurídico la posibilidad de establecer estos centros” y sus “implicaciones financieras”, a los que ella y los Estados miembros partidarios del proyecto se refieren como “soluciones innovadoras”.
El Pacto europeo supone ya en sí mismo una amenaza en materia de derechos humanos, debido a que “a todas luces pone en riesgo el principio de no devolución y en peligro de muerte el derecho de asilo en Europa”. El Estado ya demostró saber cómo resolver el atasco en las solicitudes de asilo al margen de esta clase de iniciativas. El mejor ejemplo fue el procedimiento habilitado para las personas de Ucrania que huían de la guerra desde marzo de 2022. Una centralita se encargó de gestionar todas las peticiones y junto a ella se crearon cuatro Centros de Recepción, Atención y Derivación. Las trabas interpuestas a la migración procedente del Sur vuelven a evidenciar que el valor de la vida humana es inversamente proporcional conforme el color de la piel se oscurece, las cruces se tornan en medialunas y los ojos se vuelven rasgados. Sólo falta la voluntad política que hace dos años sí hubo para Ucrania.
La lógica de la “raza” se ha reactivado y está ligada a una potenciación de la ideología de la seguridad y la instauración de mecanismos destinados a calcular y minimizar riesgos. Es el caso del Entry/Exit System (EES). En este contexto de securitización, los ciudadanos y las ciudadanas hemos sido redefinidos como sujetos beneficiarios de la vigilancia, ejercida a través de la transcripción en huellas digitales de características biológicas, genéticas y comportamentales. Las partes identificativas del cuerpo se convierten así en el eje articulador de sistemas inéditos de identificación, vigilancia y represión. En el contexto de la ola antimigratoria en Europa, la raza es lo que permite identificar y definir grupos poblacionales en la medida en que éstos serían, por sí mismos, portadores de riesgos diferenciales y más o menos aleatorios.
El arraigo y la normalización de estos discursos, especialmente en las redes sociales y entre la población más joven, es a lo que ya se refirió Chimamanda Ngozi como el “peligro de la historia única”, cuya principal amenaza reside en su capacidad para depositar en los individuos una actitud parcial, sectaria, intolerante y dominadora. Trazada la frontera entre el “nosotros” y el “ellos”, se buscan incansablemente motivos irrefutables que justifiquen esa discordia encuadrada en un trasfondo de ajenidad irreconciliable. Los “otros” “nos” invaden, los “otros” amenazan “nuestra” identidad nacional, “nuestra” religión, “nuestra” cultura, los “otros” quiebran los pilares de la seguridad de “nuestro” país. Mientras que “nosotros” somos necesariamente, por definición, las víctimas inocentes.
Emma Rivas Plata.
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