En las dos primeras partes de este artículo hemos sostenido que el SNS puede estar entrando en periodo agónico. En la segunda parte hemos escrito acerca del deterioro del Ministerio de Sanidad, los problemas de financiación, la atención primaria y la salud mental, los profesionales y las listas de espera.

Esta tercera parte está dedicada a las propuestas.

No hace falta inventarlas. Están formuladas desde hace años por quienes conocen el sistema por dentro. Buena parte de las que siguen proceden del documento «Por una refundación del SNS», cuyas recomendaciones consideramos aún válidas y ahora urgentes. Aquel comunicado, recordémoslo, no obtuvo respuesta alguna del gobierno ni del parlamento.

El escrito afirmaba expresamente que el SNS, en su realidad actual, ya no responde debidamente ni al espíritu ni a la letra de la CE de 1978 ni de la LGS de 1986 y que, por tanto, debe «refundarse». Más allá del término «refundación», discutible en su carga retórica, se planteaban con precisión técnica cuestiones de enorme relevancia.

El marco general de esas medidas sería un «Pacto de Estado» entre el Gobierno de España y los gobiernos de las CC. AA., refrendado por las Cortes Generales.

La primera propuesta, y condición de todas las demás, es reconstruir el gobierno del sistema. Eso exige dotar de carácter vinculante a las decisiones del Consejo Interterritorial del SNS (CISNS) —el órgano que reúne al Ministerio de Sanidad y a los consejeros de sanidad de las CC. AA.—, hoy un foro deliberante cuyos acuerdos cada comunidad cumple si quiere y como quiere. Nadie plantea «recentralizar» la asistencia. Se propone algo distinto y perfectamente compatible con el Estado autonómico: que las decisiones comunes obliguen a todos, como obligan las de cualquier órgano de gobierno digno de ese nombre. Y exige, en paralelo, que el Estado ejerza las funciones que la CE y la LGS le encomiendan. Debería valorarse la transformación del SNS en un ente con personalidad jurídica propia cuyo Consejo Rector esté participado por la Administración del Estado y las CC. AA. No se puede mirar al futuro sin un mínimo de imaginación.

Gobernar exige conocimiento. Por eso el documento de 2020 proponía una Oficina de Información Sanitaria dependiente del propio CISNS, y Agencias de coordinación técnica compartidas (central de compras, evaluación de tecnologías, inversión en tecnologías de alto coste…). La pandemia demostró que España no disponía de información sanitaria homogénea, interoperable y en tiempo real sino, por el contrario, diecisiete subsistemas contando de diecisiete maneras. Sin información común —¡y veraz!— no hay evaluación posible, ni comparación entre servicios de salud, ni rendición de cuentas. La opacidad de las listas de espera es solo el ejemplo más visible. Hay que reconstruir la capacidad técnica del Ministerio de Sanidad, no para que vuelva a «gestionar hospitales…», sino para que pueda realizar las funciones que nadie más puede ejercer: medicamentos y productos sanitarios, requisitos técnicos mínimos, planificación general, estadísticas de interés supracomunitario… y la Alta Inspección.

La segunda propuesta es financiera, y tiene dos caras. Una es la suficiencia: no se puede pedir al SNS que atienda la demanda del siglo XXI con la financiación de finales del XX. Recordemos que España gasta en sanidad menos que la media europea. Se propone alcanzar un gasto sanitario público que corresponda en porcentaje del PIB a la media de la eurozona, lo que supondría alrededor de un punto más en términos de PIB. Pero no solo hay que aumentar los presupuestos sanitarios, también hay que recuperar el carácter finalista de las transferencias anuales que hace el Estado a las CC. AA., de modo que los recursos transferidos para la sanidad vayan a sanidad, identificables y evaluables, y no diluidos e indetectables en el presupuesto de cada comunidad. Hay que dar visibilidad al compromiso de cada Administración con la sanidad pública.

El acceso de los pacientes a todos los medicamentos necesarios es una prestación irrenunciable de nuestra sanidad pública; deben garantizarse su calidad, su seguridad y un precio asumible para el SNS. El gasto público en medicamentos es de unos 24.000 millones de euros anuales (2024). Para percibir su magnitud, hagamos un ejercicio teórico: con lo que el SNS gasta en un año en medicamentos se pagarían íntegramente las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Instituciones Penitenciarias, más el Congreso y el Senado, la Casa del Rey, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Estado. Y aún sobraría.

El sector público debería blindar su capacidad de producción de medicamentos ante situaciones de crisis sanitaria. Habría que promover la transparencia en la información sobre costes de fabricación, de I+D y precios de los medicamentos, y revisar la forma en que se fijan actualmente los de los nuevos, vinculándolos a esos costes. Pues bien, muy recientemente, PSOE, PP y Sumar pactaron una enmienda transaccional en la Ley 3/2026, de 29 de julio —Ley de modificaciones de normas sobre el programa de cribado neonatal—, enmienda que fue tramitada por vía de urgencia y sin apenas debate, relativa a la financiación de los medicamentos, que establece que «Los acuerdos de financiación que se alcancen, así como la información derivada de los mismos o de su aplicación, incluyendo los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos que celebren las Administraciones públicas, tendrán carácter confidencial». La cuarta parte del gasto sanitario público va a quedar velada a los ojos de los ciudadanos. Y por consenso.

La tercera es la atención primaria; el documento «de refundación» hizo suya la recomendación de los expertos de destinarle al menos el 25 % del gasto sanitario. Sin calendario esa cifra es puramente retórica, por lo que hay que concretar ese compromiso. Con el dinero también debe llegar lo demás: la autonomía real de gestión clínica y los equipos multidisciplinares completos —trabajo social, psicología clínica y capacidad administrativa que libere a los médicos de la burocracia que devora sus agendas—, así como la recuperación de la dimensión comunitaria, que fue seña de identidad de la reforma de 1984, para conocer a la población que se atiende y no solo despachar la demanda que llama a la puerta.

La cuarta es la salud pública, la eterna cenicienta. España, ya lo hemos visto, le dedicaba antes de la pandemia —y le sigue dedicando después— un porcentaje misérrimo del gasto sanitario. Una salud pública digna de ese nombre exige financiación suficiente y constante, planes actualizados de respuesta a las emergencias y una orientación preventiva que trabaje en tiempos de estabilidad, no solo en la gestión reactiva de las crisis. Es la inversión sanitaria más rentable que existe y la que ningún político inaugura.

La quinta es la salud mental. La propuesta está formulada con toda claridad: duplicar su peso en el gasto sanitario público, del 5 al 10 %, para hacer real por fin el modelo comunitario que la LGS consagró en 1986. Cualquier plan de acción sin dotación económica equivalente es un gesto baldío.

La sexta, y quizá la más difícil, es el nuevo contrato con los profesionales. En 2020 lo llamábamos «contrato social», ya que no se trata solo de retribuciones, sino de redefinir la relación completa entre el sistema y quienes lo hacen funcionar. Sus elementos están descritos en la segunda parte de este artículo. Estabilidad en el empleo; evaluación del trabajo, obligatoria e incentivada; selección por adecuación al puesto, con competencias definidas de antemano y un margen de discreción (y responsabilidad) para el gestor; reconocimiento efectivo de la dedicación exclusiva y de las diferencias reales dentro de un colectivo heterogéneo. Y un compromiso temporal razonable de vinculación con el sistema público tras la formación especializada.

Dentro de ese contrato hay un capítulo propio para la enfermería. Corregir el desequilibrio entre el número de médicos y enfermeros descrito en la segunda parte no es un lujo corporativo: ningún refuerzo de la atención primaria ni ninguna estrategia de crónicos será creíble sin un plan sostenido de crecimiento de la enfermería.

Y hay también un capítulo organizativo. Es necesaria una simplificación de los organigramas de hospitales y servicios. La estructura de nuestros hospitales no puede seguir reproduciendo la de los aparatos y sistemas del cuerpo humano, con el paciente peregrinando de servicio en servicio. Hace casi un siglo que ya había hospitales organizados en torno al paciente y a su proceso clínico. Aquel espíritu sigue siendo hoy una aspiración. Organizar la asistencia alrededor del enfermo, y no de las cátedras y servicios, no cuesta dinero: cuesta vencer inercias. También es «vital», para el paciente y para el sistema, que haya un consultor responsable, perfectamente conocido por el enfermo y su familia.

La séptima propuesta es la integración sociosanitaria. Una población envejecida, con dependencia y pluripatología, desborda las fronteras de la asistencia sanitaria estricta. La pandemia lo enseñó de la manera más cruel en las residencias de mayores, tierra de nadie entre dos sistemas que no se hablaban. Sanidad y servicios sociales deben planificar juntos, compartir información y responder a la vez. Cada año de demora se mide en sufrimiento evitable.

Nada de lo anterior es original. No falta diagnóstico. No faltan propuestas. Falta voluntad política para asumir costes a corto plazo en beneficio de resultados a largo, que es exactamente lo que nuestro ciclo electoral castiga. Por eso la reforma del SNS necesita la forma de un «pacto o acuerdo de Estado» entre partidos y con las CC. AA., que la ponga a salvo de la alternancia.

El SNS no solo se defiende en la calle con promesas electorales o pancartas, sino, sobre todo, en el centro de salud y el hospital, haciendo que el paciente sienta que merece la pena la sanidad pública.

Ernest Lluch demostró en los años ochenta que una reforma sanitaria ambiciosa era posible en España. Cuarenta años después, la pregunta no es técnica sino política: si alguien estará dispuesto a intentarlo de nuevo antes de que la agonía del SNS sea irreversible. Los enfermos, se sabe, no pueden esperar indefinidamente. Los sistemas sanitarios, tampoco.

Jesús Gutiérrez Morlote.

Agosto 2026

(Hemos utilizado la IA para revisar y editar formalmente el texto, así como para confirmar cifras estadísticas y verificar las fuentes utilizadas).

Continuará…