Como se ha dicho al principio, son muchos los esfuerzos de distinto tipo empeñados en desarrollar y aplicar los presupuestos y valores de la SE. La Plataforma por un Nuevo modelo energético es uno de ellos. Se trata de una iniciativa ciudadana surgida en agosto de 2012 en Madrid, que defiende la transición hacia un modelo energético socialmente justo y ambientalmente sostenible, basado en las energías renovables, la eficiencia, el ahorro y la soberanía energética. Otros objetivos de esta Plataforma son la lucha contra la pobreza energética y la denuncia del Oligopolio eléctrico en España.
Se trata de un movimiento horizontal de carácter esencialmente abierto e inclusivo, que a finales de 2014 ya agrupaba a más de trescientas organizaciones ecologistas, sociales, políticas, sindicales, empresariales, etc. así como a miles de personas a título particular, siendo hasta la fecha la única plataforma que reúne a colectivos e individuos tan diversos con un mismo objetivo.
La Plataforma se define así en su documentación: “La soberanía energética reside en la capacidad de una comunidad de decidir y legislar sobre cómo se quiere gestionar la energía que necesita para la reproducción de su vida social, desde la producción de la energía, a su utilización, pasando por la distribución y la financiación. Pero sobre todo, entendemos que la soberanía energética es la capacidad de una comunidad de decidir sobre cuáles son las prioridades de la política energética que le afectan de forma directa. Soberanía significa poder, y en lo que se refiere a la energía, poder decidir cuál es el destino de los fondos públicos, cuáles los derechos que se quieren proteger, cuáles los objetivos de las políticas energéticas, cuáles los impactos sociales y ambientales que se quieren asumir y cuáles los mecanismos para proteger a los miembros de esa comunidad y el medio que habitan y del que dependen”
La PNME es muy activa estableciendo alianzas de distinto tipo. A mediados de febrero pasado se unieron en la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética a Fridays for Future, Ecologistas en Acción y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para elaborar un manifiesto con siete puntos concretos, junto a otros colectivos y organizaciones sociales entre los que se encuentran Amigos de la Tierra, Ecoserveis, Yayoflautas, Madres por el Clima, Som Energía, CECU, CCOO, UGT, Alianza por la Emergencia Climática, Extinction Rebellion Bilbao y Nasti de Plastic Bizkaia. Esos puntos son los siguientes:
“1.- Optimizar las facturas para no pagar por encima de nuestras necesidades, ajustando el término de potencia a la demanda real y formando a los usuarios en los hábitos de consumo. Esto debería hacerse por parte de las compañías distribuidoras, que están en posesión de nuestros datos de consumo y desde luego de manera obligatoria dirigiendose a los clientes que tengan el bono social concedido.
2.- Reducción del tipo de IVA aplicado a los beneficiarios del Bono Social (del 21 por ciento de IVA de lujo al 4 de IVA reducido).
3.- Concesión automática del Bono Social sin necesidad de realizar petición por el usuario ni entrega de documentación, sino cruzando datos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y Servicios Sociales.
4.- Reducción efectiva de consumos para lo que es necesario realizar al menos una inspección básica que identifique las carencias más evidentes y permita aplicar medidas de eficiencia sencillas.
5.- Rehabilitación de hogares beneficiarios del Bono Social a cargo de las administraciones públicas.
6.- Creación de una Oficina de Atención al Ciudadano para todo tipo de consultas sobre temas energéticos (dudas en las facturas, medidas de eficiencia, información sobre autoconsumo, etc.) en las localidades donde no existan. Estas oficinas se pueden llevar a través de las instituciones o agencias que se encargan de energía y eficiencia en cada Comunidad Autónoma, como la Agencia Andaluza de la Energía, Fenercom en Madrid, Instituto Catalán de la Energía, EVE (Ente Vasco de la Energía), AVEN (Agencia Valenciana de la Energía), etc.
7.- Pero, sobretodo, no limitar la concesión de ayudas (Bono Social) a ‘unidades familiares justificables mediante libro de familia’ y hacerlo acorde a las necesidades reales sin esa clase de discriminación”
Pobreza energética
La PNME colabora estrechamente y muy especialmente con la Alianza contra la Pobreza Energética, una entidad que se presenta así: “La pobreza energética en el Estado español es una realidad que ya ha arrastrado a la muerte a más de 7.000 personas. En otras palabras, un 17 por ciento de la población tiene dificultades para pagar la luz, el gas o el agua. Los cortes de electricidad afectaron a más de 1,4 millones de familias en 2012. Los cortes de agua al área Metropolitana de Barcelona se triplicaron respecto al 2011… Son demasiadas las familias que se ven obligadas a decidir entre pagar la hipoteca, pagar la energía y el agua o alimentar sus hijos e hijas, y esto sin contar el colectivo de personas a las que, por motivos de salud, un corte en el suministro energético, puede poner en grave peligro su vida. A pesar de todo esto, el oligopolio energético -Endesa, Gas Natural-Fenosa, Iberdrola, EON España, EDP y AGBAR, lejos de sufrir la crisis, aumenta sus beneficios y no duda a incrementar tarifas: la electricidad ha subido un 83 por ciento desde el 2013 y el agua se ha encarecido en un 65 por ciento desde el 2008” La Alianza está formada por la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras, Confederació d’AV de Catalunya, Coordinadora d’assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, Federació d’AV de Barcelona, Federació d’AV del Baix Llobregat, Front Cívic de Catalunya, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Plataforma Aigua és Vida, Unió de Consumidors de Catalunya, la ya mencionada Xarxa per la Sobirania Energètica y el Observatori del Deute en la Globalització.
Mónica Guiteras es miembro destacado de la Alianza:
-¿Puede hacer un balance a grandes rasgos de lo conseguido por la Plataforma desde que nació en 2014?-
-Desde 2014 hemos llevado a cabo muchas iniciativas, la más importante es la Ley 24/2015 aprobada por unanimidad en el Parlament en julio. Son cinco años de vigencia de una norma nacida de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que impulsamos junto con otras entidades y en especial la PAH y que por primera vez en Europa plantea la prohibición de cortes asociada a un baremo de renta amplio, de tal modo que no haga falta estar demostrando constantemente pobreza, con lo aleatorio que eso puede llegar a ser. El procedimiento se basa en el ‘principio de precaución’ que pone por primera vez la responsabilidad en las operadoras, de tal modo que son ellas las que han de preguntar a los servicios sociales antes de efectuar ningún corte si en esa vivienda hay una familia en situación de vulnerabilidad. Con esta ley se han parado más de 40.000 cortes de suministro en Cataluña y ahora se están negociando los convenios que han de resolver quién paga la deuda acumulada de las familias. En la Alianza defendemos que esta factura debe ser asumida por las propias operadoras puesto que se están lucrando en la gestión de un servicio esencial para la vida y porque gestionan algo que es un derecho y, por tanto y en ese sentido, son unos privilegiados.
Otros logros son, por ejemplo, el impulso de un protocolo conjuntamente con un colectivo de bomberos de la Generalitat y del municipio de Barcelona para detectar situaciones de vulnerabilidad y poder trasladar esa información a los servicios sociales: contadores conectados de manera irregular, uso de hornillos de gas u otros combustibles peligrosos, etc.
Hacemos asesoramientos colectivos en nuestras asambleas quincenales y, en el día a día, en nuestro grupo de Telegram, damos seguimiento a las personas que participan activamente; es una herramienta de empoderamiento ciudano y de creación de cocimiento.
-¿Sólo actúan en Cataluña o se han extendido a otras zona del Estado bien directamente o a través de terceros?-
No lo hemos hecho hasta ahora aunque hay contactos e intercambio de información con distintas entidades, sobre todo a través de la PAH, Ingeniería sin Fronteras y otras. Nuestra voluntad es, desde luego, que este movimiento se extienda y crezca.
¿Cómo debiera ser un modelo energético que haga innecesaria la existencia de la Plataforma?
Un modelo que ponga la vida de las personas y del planeta en el centro. Las personas son actores de cambio a mejor, no sujetos a los que culpabilizar de nada. Sería un contexto en el que el marco legislativo y el de movilización ciudadana fuera propositivo. Ambas cosas son necesarias porque siempre hay nuevas necesidades y es claro que si la ciudadanía no está movilizada, es muy difícil controlar al poder político y económico.
-¿Estamos en el camino adecuado en Cataluña, en España y en Europa?–
-Consideramos que la ley 24/2015 que mencioné es de las más garantistas de la UE. En el Estado español se intentaron improvisar algunas leyes que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional. No es fácil con el sistema eléctrico y el modelo energético que tenemos, el oligopolio… El panorama estatal nos parece complejo, pero es un hecho que la ciudadanía en Cataluña está ahora más protegida contra los cortes que en el resto del Estado. Es un agravio que nos gustaría que se corrigiera. Nosotros estamos en Cataluña, pero tratamos de intervenir siempre en el ámbito estatal. Hay que cambiar la lógica del mercado para luchar contra la pobreza; y es un error poner el acento en las instituciones del estado y no en las empresas.
En Europa este tema lleva más tiempo en la agenda política, pero hay países que se centran más bien en la eficiencia energética, eso nos parece peligroso si es el único enfoque y no se ataca el asunto del precio. La UE prefiere no ocuparse de eso porque está impulsando desde hace mucho una liberalización de los mercados de la energía y esa tendencia es una mala noticia porque parecen decir que solo se puede proteger a los consumidores en la medida en que no afecte al mercado.
La Alianza está en camino de extender su experiencia más allá de Cataluña que es en donde nació Ecologistas en Acción, en cambio, lleva muchos más años en el activismo y la pobreza energética está en el centro de su interés en iniciativas para el conjunto del Estado pero también en Europa. Como ya hemos dicho, esta organización también estuvo en la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética; tuvo un papel activo y, a parte de suscribir el manifiesto, ha recordado que, según un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) https://www.cienciasambientales.org.es/ “la pobre e insuficiente climatización en hogares está detrás de la muerte de 7.000 personas al año, más que los accidentes de tráfico, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por comunidades autónomas, la más afectada es Castilla-La Mancha donde un 20 por ciento de la ciudadanía sufre pobreza energética, seguida por Castilla y León, Extremadura y Murcia. En el lado opuesto se encuentran Euskadi, Canarias y Comunidad Valenciana.”
Ecologistas en Acción insiste en que la situación de la pobreza energética en España es alarmante. Con la entrada en vigor de las nuevas condiciones del Bono Social, de aplicación desde el 1 de enero de 2019, solo se ha conseguido reducir el número de beneficiarios, pasando de 2,3 millones en 2017 a 1,1 millones en el momento actual. Sin embargo, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del año 2018 del INE, el 21,5 por ciento de la población vive por debajo del umbral de riesgo de pobreza, es decir, casi 10 millones de personas. Esto deja al colectivo de población más vulnerable en total estado de indefensión por parte de nuestras administraciones públicas.
Las organizaciones firmantes de aquel manifiesto reivindican que es hora de actuar y exigen al Gobierno de PSOE-UP que actúe con contundencia. Por un lado, reconocen que el documento Estrategia Nacional contra la pobreza energética 2019 – 2024 elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, define por primera vez de manera oficial el concepto de pobreza energética como: “la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”. Asimismo, supone un avance que en los cuatro ejes de este documento se acojan buena parte de las reivindicaciones sociales.
Continuará.
Juan A. Cabrera Padilla.
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