Demasiadas administraciones públicas tienen un talento admirable: convertir lo evidente en discutible y lo denunciado en invisible. Se supone que están para proteger, para gestionar con criterio y para escuchar al vecindario. Pero en la práctica han perfeccionado otro modelo, mucho más ágil: no hacer nada… hasta que ya no hay nada que hacer.
El drama del Bocal encaja con precisión quirúrgica en ese patrón. No es solo un hecho trágico: es el síntoma de un modelo que debería estar caducado. Porque aquí no falló la información. El vecindario avisó. Insistió. Señaló el peligro de unas pasarelas que, lejos de garantizar seguridad, parecían diseñadas para ponerla a prueba. Quienes transitan a diario por ese espacio conocían los riesgos, los denunciaban. No fue un arrebato puntual ni una exageración colectiva: fue conocimiento directo, cotidiano, de quien pisa el terreno. Pero, claro, eso no tiene mucho peso frente a la tranquilidad de despachos con una inercia administrativa que, en demasiadas ocasiones, solo reacciona cuando ya es tarde. Y así funciona ese sistema que debería haber caducado en los años 80: mientras no pase nada, todo está bien.
Cuando pasa, se habla de accidente. De fatalidad. De circunstancias imprevistas. Una cadena de palabras cuidadosamente elegidas para evitar la más incómoda de todas: responsabilidad. No fue mala suerte, fue desinterés. No fue un fallo puntual, fue una forma de gestionar basada en ignorar todo, hasta que todo explota. Porque el accidente de El Bocal no tiene nada de imprevisible. Era, en todo caso, una cita aplazada. Una consecuencia tan lógica como terrible, de ignorar advertencias reiteradas. Pero reconocerlo, eso, al parecer, sí que es para algunos que se dicen gestores, verdaderamente peligroso. Además si se rasca un poco la historia gana, porque las pasarelas no están ahí por casualidad ni responden a una demanda vecinal.
Forman parte de un proyecto mayor: un campo de golf con sus urbanizaciones. Sí, un campo de golf. Porque, evidentemente pocas cosas hay más urgentes para el interés general que transformar terrenos y casas del vecindario en instalaciones de ese tipo. Y aquí es donde el lenguaje también hace su magia. A lo que el vecindario llama expolio, otros lo presentan como desarrollo. A lo que unos consideran una imposición, otros lo elevan a proyecto estratégico. Y, entre tanto eufemismo, se gestiona el relato. Todo encaja. Lo único que queda claro es quién decide y quién paga las consecuencias. El proceso es casi admirable en su lógica interna.
Primero, se impulsa un proyecto sin contar con quienes son propietarios o afectados. Después, se ejecutan obras que generan problemas evidentes. Más tarde, se ignoran sistemáticamente las advertencias. Y, finalmente, cuando sucede lo inevitable, se activa el protocolo de evasión: nadie sabía, nadie podía preverlo, nadie es responsable. Una forma de “gestionar” en la que lo público deja de ser un espacio de respeto para convertirse en una maquinaria de impunidad. Porque no hay mayor impunidad que la que se construye sobre el silencio administrativo y la falta de consecuencias. Se puede ignorar al vecindario, se puede intervenir en sus terrenos, se puede mantener infraestructuras peligrosas… y, aun así, los mismos siguen funcionando igual.
Al vecindario se le reserva el papel de siempre: molestar lo justo, advertir sin ser escuchado y, llegado el caso, soportar las consecuencias. Una participación ciudadana impecable e innovadora, si el objetivo claro, es que no cambie absolutamente nada. Quizá lo más honesto sería dejar de fingir. Admitir que, en demasiadas ocasiones, las administraciones no están para proteger al vecindario, sino para gestionar su paciencia. Que la escucha activa consiste en archivar quejas.
Y que la prevención de riesgos empieza, curiosamente, después de que estos se materialicen. Lo de El Bocal no es una excepción. Es un síntoma. Es un espejo. Y el reflejo no admite demasiadas interpretaciones: cuando lo público se utiliza para imponer, ignorar y eludir responsabilidades, deja de ser una herramienta de servicio para convertirse en un ejercicio de impunidad bastante bien organizado y ya no hablamos de un accidente, sino de un modelo donde el expolio se disfraza de desarrollo y la negligencia se maquilla de gestión.
Eso sí, siempre les quedará el recurso de repetir que todo se hace por el bien común. Visto lo visto, convendría empezar a preguntarnos de qué “común” estamos hablando exactamente. Con ese modelo, seis vidas ya no están, seis ausencias irreparables que no caben en ningún informe ni en ninguna rueda de prensa. Frente a ellas no valen excusas, ni tecnicismos, ni silencios. Solo queda la memoria, la dignidad y una exigencia clara: que ese modelo de gestión se arranque con las pasarelas y que gestionar lo público no vuelva va a ser jamás ni negocio, ni negociable.
Marisa Maliaño Toca. Médica. Activista de EA Cantabria. Divulga “natural-mente”.
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