Vivir en el Madrid de Ayuso

Mañana debería recibir la segunda dosis de mi pauta de vacunación. Lo malo es que me toca hacerlo en Madrid, la ciudad de la libertad. Y que a día de hoy sigo sin conseguir la cita porque desde hace días solo me dan la respuesta de que espere a ver si la semana que viene me podrán asignar una, dentro de los 28 días…

Ya para la primera dosis fue una odisea conseguirla. Solo funcionaba la autocita, con lo que acepté la única fecha que me permitía la plataforma (por suerte aún no estaban las empresas privadas), que me mandaba al Zendal, una opción a tomar por saco de mi casa, teniendo otras mucho más cerca.

Así, de paso, pude ir a visitar (atascos y colas mediante) ese solar de tres pabellones (sin quirófanos ni médicos), absolutamente inoperativos porque solo están pensados para usar en caso de pandemia y para pacientes leves (pero con todo un batallón mediático que consigue hacer creer al madrileño que han construido un súper hospital para los vecinos). Ah, y que entre inmensos sobrecostes que nunca investigará nadie nos costó la escandalera de 153 millones. Un buen negocio para algunos, después de que IFEMA tuviera un coste similar para un uso de tan solo 41 días (más del triple del coste diario de todo un hospital complejo de primera línea).

La práctica totalidad de los contratos de IFEMA se adjudicaron a dedo, así como el mantenimiento actual del Zendal, que rima perfectamente con Ferrovial (quien ya lleva ocho millones de euros recibidos sin concurso y ganó ochenta millones por la limpieza de seis hospitales en 2019), aunque también casa con Sacyr, ACS y San José (entre las cuatro está el 75% de los contratos que nunca investigará el Tribunal de Cuentas, para quien malversar es hacer una presentación de la traducción en italiano de «Io, franco», de Vázquez Montalbán en Roma pero no esto). Al fin y al cabo, estos son unos aprendices, ya que CAPIO va a sumar más de mil millones por la concesión a 30 años del hospital de Valdemoro, triplicando lo firmado en el contrato de 2006.

Desde la irrupción de la pandemia, Ayuso recurre a la vía de emergencia (algo que en una democracia transparente debe ocurrir de manera excepcional) para contratar a dedo absolutamente todo (hospitales, hoteles medicalizados –dos millones de euros en 60 días–, rastreadores, y hasta la compra de mascarillas) y ya se ha ventilado el 5% del presupuesto anual (casi mil millones de euros en 4.196 contratos) con este modo. Y, casualmente, siempre les caen los premios a los mismos (aparte de los antes citados, El Corte Inglés, Indra, Clece, Serunion, Ilunion…), por no hablar del desfalco a las cuentas públicas por derivar la actividad sanitaria pública a la privada, cuyo último capítulo, esta semana, ha sido subcontratar, por dos millones de euros, parte de la atención psiquiátrica de adolescentes porque el sistema público está devastado.

Así que mañana no me vacunaré a tiempo porque Madrid no tiene vacunas (aunque almacena casi un millón). Y no las tiene porque practica la desobediencia permanente ante todo lo que venga del Ministerio, del Gobierno o del resto de CCAA en la Interterritorial.

Sanidad reparte a las CCAA las vacunas en función de su población y con unos criterios de rangos de edad. Madrid decide aplicar su criterio de externalizarlo absolutamente todo a sus amigos a costa del contribuyente, y el resultado es que reparte las dosis entre El Corte Inglés, Iberia, Acciona (que contrata sanitarios de la privada y les aplica el convenio de la construcción) para que vaya la chavalada a vacunarse y no queden vacunas para las segundas dosis de los que ya comenzaron la pauta. Un 10 en planificación.

Aquí no se aplica el 155 ni se hace recogida de firmas en el resto del Estado para poner algo de cordura en la CCAA que cuenta con un tercio de los muertos por COVID de todo el país y que sufrió la mayor masacre ocurrida en las residencias. Y que va a la cola en inmunización, a pesar de haberse gastado ya 8 millones de euros en privatizar la vacunación con cientos de contratos, por supuesto, a dedo y por procedimiento de emergencia.

Es más, es ella la que amenaza al resto con no volver a las reuniones de CCAA para dejar claro que la única que hace lo que quiere es ella.

Este caos no es solo para los ciudadanos: los sanitarios del Zendal, desplazados forzosamente al centro, dicen que aún a día de hoy no han recibido las planillas de agosto y, tras tantos meses de abuso, muchos se plantean renunciar (con todos los derechos que pierden al hacerlo). Ciudadanos maltratados con la vacunación más lenta y caótica del Estado, plantillas maltratadas con urgencias desbordadas… y, mientras tanto, empresarios del IBEX a cuerpo de rey. Un círculo vicioso con una gran proyección de futuro: 34 de las 35 empresas del IBEX tienen sedes en paraísos fiscales, con lo que, lo que se llevan por un lado, no vuelve nunca.

Los hospitales, la salud, las vacunas, usadas como negocio y como arma en una Comunidad que nunca ha lanzado ningún mensaje de apoyo a la sanidad pública o a sus centros ni a sus profesionales, ni ha hecho pública la mínima intención de vacunar en centros públicos.

El 17 de octubre de 1978 nacieron dos políticos que con toda seguridad cambiaron la política de este país. Uno, sencillamente, fue el más inteligente de los que pisaron el Parlamento. La otra, sencillamente, es la más lista.

El primero, tuvo que dejar la política tras el acoso permanente a él y su familia, y después de que la segunda fuera arropada masivamente por los madrileños en las elecciones autonómicas en todos los municipios y distritos.

Esa España que ya acuñó arengas como “¡Muera la inteligencia!” o “¡Muera la intelectualidad traidora”, ahora dice otras joyas, como “No todos somos iguales ante la ley; el rey Juan Carlos no es como usted”, “hablar de empleo basura es ofensivo para la persona que a lo mejor está buscando un empleo basura”, “Dios no me hizo perfecta, y por eso no soy de Vox”, o aquella del alcalde sonriente: “Seremos fascistas, pero sabemos gobernar”. Florentino y todo el IBEX dan buena fe de ello.