¿De verdad interesa desactivar la corrupción?

Durante los últimos meses han vuelto a saltar los resortes de una corrupción endémica que nos sacude de forma brutal cada poco. Eludiré, por desconocimiento, hacer juicios de valor de un signo o de otro sobre los últimos acontecimientos, además me parecen injustos y totalmente infantiles caer en condenas a priori o en la creencia de  una mano negra conspiranoica que mece  las denuncias. La idea del artículo es analizar las causas buscando los motivos por los que España es un país  proclive a los casos de corrupción, tan  solo superada por Italia, en toda  Europa. Nuestro país está  por debajo de la media de la Europa Occidental  (que suele rondar los 64 puntos, según se indica en el  Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que elabora anualmente la ONG Transparencia Internacional. Este índice califica a los países de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio) basándose en la percepción de expertos y el sector empresarial.). El índice sitúa a nuestro país los niveles de corrupción al mismo nivel global que países como Chipre o Fiyi.

Hace unos día asistí a la presentación de un libro magnífico, Las élites que dominan España, donde el autor Andrés Villena Oliver realiza un estudio pormenorizado de la historia económica española desde 1939 hasta el presente. En dicho trabajo se demuestra que el sesgo y los apellidos de las élites que conforman el poder económico, que es el verdadero poder del Estado, nació acunado bajo el manto del triunfo del bando franquista en la guerra civil. Fueron prohombres afines amamantadas por un estado absoluto,  poder que labró el agradecimiento a los apoyos recibidos durante la contienda (apoyos y aduladores sublimes durante la postguerra) y que Franco supo premiar con concesiones de explotaciones mineras, bancarias y empresariales. A través de las páginas del ensayo escrito por Villena nos encontramos el baile gregario de apellidos encumbrados en las altas instancias del poder,  con pocas sorpresas entre abogados del Estado y jerarquías de la alta administración. Apellidos y sagas familiares que siguen en el poder en la actualidad

Como dijo Millet, refiriéndose a Catalunya “somos once familias las que nos repartimos el poder” El dictador supo repartir y premiar con prebendas y concesiones que, en muchos casos arruinaban a empresas competidoras pero menos “agraciadas”. Gracias a las triquiñuelas se ganaba la fidelidad perruna del capital que a su contaba  con el favor del Pardo, o simplemente se hacía  la vista gorda en delitos de contrabando, estraperlo, incluso creando leyes ad hoc para favorecer con incautaciones o expropiaciones a los favoritos del régimen además que de esa forma confirmaba los silencios que llenaban la propia bolsa de la familia Franco y más tarde la de los Martínez Bordiú; ladino como era, de esa forma se garantizaba la fidelidad de los poderosos a los que enriqueció de forma descarada. Los March, Oriol y Urquijo, Barrié de la Maza, Huarte, Banús, Entrecanales, Botín…y unos cuantos más se han repartido las prebendas económicas hasta extenuar al Estado tejiendo tentáculos que nos llegan hasta el presente.

Con el advenimiento de la democracia, llegaron nuevas manos ávidas de poder que tuvieron que ser supervisadas por los barones de postguerra. Pasaron la criba unos cuantos porque el Estado necesitaba nuevas y brillantes cabezas para desatascar una economía viejuna y desajustada que parchearon los Pactos de la Moncloa y luego terminó por operar a muerte el gobierno mayoritario del PSOE que conformó una nueva y refulgente beauty for people, cuyos exponentes aun rechinan en las páginas del colorín.

El poder dejó claro que no se revolvería contra los nuevos amos si estos respetaban las pautas. Por ponerles un ejemplo gráfico…es como cuando se cambia al capo de la mafia y los nuevos señores de respeto se acercan en fila de a uno a besar  la frente del viejo capo mostrando respeto. Se permite a los nuevos si el artesonado fundacional del estado no se toca. Y eso pasó durante las tres mayorías del PSOE, en las  que apenas se notaron reformas estructurales en los cimientos del Estado porque todo andaba atado y bien atado. Casi diría que al contrario, fue durante la etapa socialista cuando comenzó la terrible descapitalización del Estado, privatizando empresas en pérdidas (o no) pasándolas al sector privado a  precios irrisorios a las que una buena gestión pública las hubiera hecho rentables. Durante la etapa socialista dio comienzo la descapitalización de las empresas públicas que luego remató el gobierno de Aznar. Fue un expolio vergonzoso del que se habla poco.

Quienes aborrecemos la corrupción miramos con cierta envidia al norte de Europa, no es que crea que los modélicos países europeos  anden limpios del todo pero ni de lejos llegan a los extremos de España. Como vimos en los casos de 2025, países como Noruega o Suecia no están libres de escándalos, pero la diferencia radica en la corrupción sistémica que nosotros padecemos. En los países nórdicos los casos suelen ser fallos individuales o de lobismo; en España, por el contrario,  el ciudadano y los expertos perciben que la corrupción ha estado más ligada a la financiación de partidos, el urbanismo y los contratos públicos a gran escala.

¿Qué hace a nuestro país tan proclive a la corrupción en los dos partidos que han sustentado el poder desde la Transición?

Lectora, como soy,  de Galdós, cuando leo los nuevos arpegios del lobismo de Zapatero, o los chanchullos cutres de Ábalos y Koldo, sufro de perplejidad al comprobar que, aunque pasaron dos siglos, no hay demasiada diferencia en la turnicidad que existe  en la cloaca administrativa que pelea por controlar negociados en provecho propio o de amigos que propicien futuros halagüeños al llegar los ceses. Y no me refiero al “cesante”  galdosiano que mendiga un beneficio atravesado por el hambre mientras su partido anda en el ostracismo. No, me refiero al de altos vuelos.

Antes de documentarme para este artículo pensaba, como mucha gente, que en España faltan leyes, ordenamiento jurídico que castigase o al menos tenga efecto disuasorio que desanimara al corrupto y al corrompedor (que parecemos olvidar siempre) Y no es así.

Si miramos el Código Penal español, las penas por malversación, cohecho o prevaricación no son cortas; de hecho, contemplan años de prisión e inhabilitaciones severas. El problema no es la ley penal, sino la arquitectura institucional y los tiempos de la justicia. Esa justicia que tenemos maltrecha con los mismos problemas que observamos en los entresijos de la Administración del Estado. Nos consta que en las altas instancias de los tribunales españoles no se mira igual los delitos cometidos por un partido de la derecha que otro de centro o izquierda. Negarlo sería querer dislocar la realidad.

Aun con ello, analicemos los problemas de la justicia española para servir de muro de contención ante la corrupción:

1-La lentitud de la justicia podemos considerarla  como indulto encubierto: En España, un gran caso de corrupción tarda una media de 8 a 10 años en investigarse, juzgarse y tener una sentencia firme (volvemos a repetir, la lentitud ocurre si el procesado milita en la derecha, si es en la izquierda, constatamos que en el presente hay casos de rapidez jurídica sorprendente) . Para entonces, el dinero ha desaparecido, el coste político se ha diluido y las condenas a veces se reducen por «dilaciones indebidas». En Noruega, por poner un ejemplo de sociedad poco maltratada por la corrupción,  la unidad de delitos económicos (Økokrim) actúa con una rapidez y recursos técnicos que en España, la Fiscalía Anticorrupción simplemente no tiene.

2-La politización de los órganos de control: Este es el verdadero talón de Aquiles español. Instituciones que deberían ser 100% independientes (el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado o la dirección de RTVE) se reparten históricamente por cuotas de los partidos mayoritarios. Volvemos a nombrar como ejemplo a Noruega en donde la separación entre el poder político y los organismos de control del Estado son un muro infranqueable.

Es intolerable,  prestándose  a desbarajuste, que puestos de tanta importancia como los citados dependan del partido gobernante (volvemos a las crónicas galdosianas y al ejemplo del cesante) Lo que propicia dicha dependencia es que desde muy abajo todo funcionario de justicia que desee medrar se adscribe, de forma subliminal o no, al partido del que pretende obtener favor. Si a ello le sumamos el problema expresado sobre las elites económicas de que el poder judicial sigue en manos de determinadas familias poderosas que pueden permitirse largas formaciones y mantienen lazos de influencia entre ellos para encumbrar a los suyos, convertimos en pantomima a los altos tribunales de justicia que deben juzgar a los corruptos y corrompedores.

3–No obviemos la falta de protección al denunciante: Aunque España ha transpuesto directivas europeas, denunciar la corrupción en  nuestro país sigue siendo, a menudo, un suicidio laboral y personal. En los países nórdicos, los canales de denuncia anónima y la protección al whistleblower (denunciante) son sagrados. Tener la honestidad y la  valentía de denunciar una corruptela, en este país, supone  un suicidio profesional y personal. Ejemplos de ello tenemos varios y conocidos.

4–A lo anterior sumamos que en España existe la paradoja que muestran con descaro  las encuestas del CIS en donde la corrupción es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, pero luego eso no se traduce proporcionalmente en las urnas. En nuestro país al corrupto no se le castiga en las urnas.

Volvemos a analizar el porqué de esta curiosidad que nos sorprende en cada elección viendo como los elegidos son claramente corruptos.

En principio tenemos el voto identitario («Y tú más») que es muestra clara de la polarización política que  genera un efecto de trinchera. Cuando sale un caso de corrupción en el partido «A», los votantes de ese partido tienden a minimizarlo argumentando que el partido «B» es igual o peor. Es por ello por lo que se previene el castigo electoral cerrando filas  por miedo a que gane el rival político.

Tampoco descartemos la cultura del «lazarillo» frente a la confianza de países nórdicos. Creemos que en los países mediterráneos existe históricamente cierta tolerancia cultural hacia las pequeñas pillerías (el «bajar el IVA» si pagas en efectivo, el enchufismo familiar, etc.). Siguiendo con el ejemplo de  Noruega, la sociedad se rige por la confianza social institucional. Un noruego asume que pagar casi un 50% de impuestos sirve para tener un Estado del bienestar excelente lo que le produce confianza en las instituciones. Si un político roba un solo euro de ahí, no solo comete un delito, sino que rompe el pacto social más sagrado del país. La sanción social y el ostracismo son automáticos.

El defraudar, el corromper a terceros o ser corrupto no se ve mal moralmente en nuestro país. Pasa inadvertido porque carecemos de la cultura política de lo colectivo. Si fuéramos conscientes de que el dinero que paga el piso de la amante del ministro, o del asaltante de la mujer de Bárcenas, o de la lobista (fontanera) que compra voluntades, escamotea que el enfermo de cáncer reciba tratamiento en tiempo, o que se repongan envejecidos ordenadores en el colegio de nuestro barrio, o que se sirvan menús dignos en geriátricos. Como digo, si tuviéramos esas certezas entenderíamos la terrible gravedad de los delitos de corrupción.

Existen grandes olas de corrupción en nuestro país que han supuesto graves escándalos que propician la desconfianza en el Estado democrático y la sensación de que los políticos son «iguales» en el latrocinio

La primera de estas olas de corrupción es el urbanismo y descentralización, de forma que  la  corrupción en España estuvo (y en parte sigue) ligada al suelo. El poder de los ayuntamientos y comunidades autónomas para recalificar terrenos agrícolas en urbanizables creó una fábrica de millonarios de la noche a la mañana. Siguiendo con el ejemplo noruego (es evidente que admiro la organización de este país)  el precio del suelo y el urbanismo están rígidamente regulados y no dependen del arbitrio de un concejal local.

Otra de las simas de corrupción y no menos importante,  es el empleo público y la meritocracia. En  los paises nordicos , el acceso a puestos directivos en la administración pública se basa estrictamente en el mérito profesional. Por el contrario, en España, cada vez que cambia un gobierno (nacional, autonómico o municipal), miles de puestos técnicos y de confianza y asesores  son sustituidos por personas afines al partido dando cabida a ineptos que hay que colocar en algún sitio lo que crea redes de clientelismo donde se prioriza la lealtad al político o al partido  antes que el control del dinero público. Y con ello volvemos al problema largamente explícito en las novelas y crónicas galdosianas(el cesante y el privilegiado con puesto administrativo)

En resumen,  en los países que no están tan acosados por la corrupción no es que sean limpios porque sus políticos sean seres de luz genéticamente honestos, sino porque el sistema apenas les deja margen para ser corruptos y, si lo intentan, los mecanismos de control los detectan y expulsan de inmediato. En España, el sistema ha dejado tradicionalmente demasiadas ventanas abiertas para que el aire viciado de la corrupción se cuele,  cerrarlas del todo requiere una reforma profunda de la independencia judicial además de una inversión seria en la importancia de lo público, ambas cosas la propia clase política se resiste a aplicar.

Si de verdad hubiera voluntad de eliminar la lacra que nos azota históricamente y que anquilosa los cimientos del Estado, además de propiciar la desconfianza ciudadana en el sistema,  se hubieran tomado medidas serias para reformar el entramado que ralentiza los castigos ejemplarizantes de la corrupción. Y no se ha hecho, al revés, los partidos invierten tiempo y dinero en potenciar dicho clientelismo, cuyo ejemplo nefasto son las Juventudes que alimentan a los cachorros de ambos partidos alejándose del desarrollo profesional y vital de participar en la sociedad común con los problemas inherentes del país. Los partidos amamantan desde temprana edad el clientelismo de los jóvenes con la promesa implícita del “premio” que se recibirá en forma de cargo al ganar las elecciones. Los integrantes de las Juventudes de ambos partidos mayoritarios son la fuerza de choque, totalmente manipulada y condicionada, que utilizan  los partidos mayoritarios para elucubrar las distancias con la población además de mantener la seguridad de los mandos y  que no haya ni fisuras ni críticas al ser adiestrados desde la temprana juventud y convertidos en fuerza acrítica de choque electoral.

En este país se ha gobernado varias veces con mayoría absolutas. El PSOE, lo hizo tres veces, las tres con el ínclito Felipe González que anda pidiendo dimisiones en el presente. En el PP han sido dos, una con Aznar y otra con Rajoy. En ninguna de esas cinco ocasiones en que se detentaba poder absoluto para legislar se han tomado medidas serias  reformando o aquilatando la justicia, además de  conformar una educación cívica que considerara a la corrupción como el terrible delito que empobrece a toda la sociedad implicando cosas muy concretas en la vida cotidiana.

Ninguno de los gobiernos mayoritarios  hizo nada, pasando de puntillas sobre las ascuas del problema, lo cual nos hace pensar en la falta de voluntad política para resolver la corrupción, que los políticos solo consideran importante si afecta al contrario, obviando la propia.

Conviene reseñar que uno de los factores a tener en cuenta, sería preguntarse si la de ahora  es la mejor forma de tratar la publicidad institucional, además de  las jugosas subvenciones que salen de las Comunidades Autónomas  hacia  medios de comunicación cuyo fin es halagar al poder de turno puesto que ello  supone la supervivencia del propio medio. No será corrupción pero es evidente la falta de ética del asunto.

No hablo solo de actos ilegales, que solo faltaría que tuviéramos que señalar como indebidos, sino la doliente falta de ética social que muestra la clase política a poco que toque poder. Los poderes públicos deberían investirse de una ética escrupulosa hasta el extremo porque cuando abrimos la mano a la posibilidad de corruptelas, lo demás llega rodado.

Y es que el poder es goloso y contagioso. Hay que mantener las compuertas blindadas a cualquier tentación que va a llegar al momento de subir en el escalón de la política. Incluso hemos visto con enorme desagrado a integrantes de la izquierda más combativa caer en las redes de la corrupción porque los poderes fácticos ya no derrotan con armas y tanques. Han aprendido que para seguir mandando solo tienen que corromper a quienes los combaten.

Y eso hacen. La tentación del demonio se presta a manifestarse con formas amables “todo esto será tuyo si postrándome me adoras…” que le dijo un venturoso Satán a Jesús en los Olivos. Así, en cuanto se cruza el pasillo que separa la calle del despacho oficial, el bombardeo viscoso que cae sobre el  puente de la ética se manifiesta de forma difusa. Tan discreta y solapada que a menos que se esté muy atenta, la caída es mortal.

Lo hemos visto. Lo vemos y a menos que se llegue a tomar en serio la gravedad y el descredita que supone la desconfianza ciudadana ante la corrupción “todos son iguales, mejor un dictador que expulse a los corruptos que seguir votándolos porque no sirve de nada” nos llevará al desastre.

Y eso, amigos/as afecta a todas. Y todas padecemos las consecuencias aunque los beneficios caen en pocas manos.

María Toca Cañedo©