Hace falta un pacto de Estado para la vivienda
pero no hay voluntad política de que lo haya
Un grupo de personas ocupa durante unas horas el vestíbulo del edificio de la Junta Municipal de Usera en Madrid. Son muy pocos. Hacen algo de ruido. Revuelta lee en público un texto de denuncia y fuerza una reunión con la concejal del Distrito (PP) No dura mucho y cuando termina resume en apenas un gesto y un par de frases lo que ya sabemos, que desde el Ayuntamiento no harán nada por resolver los graves problemas de la gente que es expulsada de su casas. A mi me pide la documentación un policía municipal por hacer fotos del grupo…,y por esta allí, supongo; es lo que hay.
Mercedes Revuelta viene del 15M. Es a partir de entonces -me dice- que tomó conciencia de la barbarie de los desahucios. Sigue en primera línea.
La vivienda es un derecho. Puede parecer un recurso manido, pero es acaso el mejor marco de referencia: Dice la Constitución en su artículo 47 “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”
No es muy original nuestra Constitución puesto que al reconocer el derecho a la vivienda se atiene al artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es tras el reconocimiento de tal derecho que los poderes públicos quedan mandatados para hacerlo sustantivo; de dos maneras: promoviendo condiciones y normas (nuestra Carta Magna es incluso más específica en lo que respecta a la especulación) y haciendo partícipe a la comunidad en su conjunto de las plusvalías y beneficios de cuanto los entes públicos hagan al respecto.
Es obvio que el Estado español no cumple estos mandatos.
Juan A. Cabrera (JC) ¿La cesión o venta de viviendas de propiedad pública al sector privado podría considerarse inconstitucional si no se hace respetando al menos durante un razonablemente largo periodo de tiempo las condiciones de uso que estableció la Administración en origen? ¿Porqué cree que el expolio de patrimonio público no se persigue con la dureza que cabría esperar?
Mercedes Revuelta (MR) Así debería ser, sí. La venta de vivienda pública o que se ha construido sobre suelo público, ha de estar blindada y sujeta a plazos muy largos de carencia, mucho más que esos siete o diez años que son los períodos contemplados hasta ahora. Es de sentido común: se trata de muy cuantiosas inversiones de dinero y de esfuerzo públicos que deben ser rentabilizados socialmente. Y, además, deben ser destinadas exclusivamente al alquiler.
De no hacerlo así, vemos que quienes resultan beneficiados son los promotores, primero en la venta especulativa misma y luego porque de un modo u otro están detrás de las entidades que compran una vez que las administraciones públicas se las venden a precios muy por debajo de mercado.
No se persiguen estas conductas con la celeridad y la contundencia que sería de desear porque quienes venden son políticos que están totalmente conchabados con los compradores. Lo hemos visto en Madrid en donde la ex alcaldesa Ana Botella vendió unos paquetes de vivienda y detrás del comprador, unas veces directamente y otras de manera interpuesta, estaba su hijo formando parte de la cúpula directiva del fondo de inversión Cerverus que es el propietario final. Es de una desvergüenza abrumadora. La corrupción llega al punto de que el entramado de normas y cambios en las políticas de vivienda parecen hechos deliberadamente para favorecer y beneficiar a esos fondos.
JC.- Parece que es insuficiente a todas luces el parque de viviendas de titularidad publica, en sus diferentes modalidades, disponibles en España tanto en venta como en alquiler. Según el Ministerio de Fomento y con datos de 2018, en España solo se entregaron en ese año 4.938 pisos sociales en toda España cuando cerca de medio millón de personas esperaban por una casa asequible. Un dato que a mi, sinceramente, me ha sorprendido: en 2018 el volumen de vivienda publica construido es el mismo que en 1950 ¿Cual sería la situación en términos comparativos en Europa?
MR.- En los ochenta en España se construía más vivienda que en Francia, Reino Unido y Alemania juntas, tal vez del orden de 100.000 viviendas anuales, pero los datos oficiales nos dicen que en los últimos años se ha construido una media de 350 viviendas sociales al año. Esos datos hablan por sí solos y explican un desequilibrio enorme que no se explica en un país del peso económico y demográfico de España.
En Europa hay de todo, claro, pero si nos referenciamos a países de nuestro rango, desde luego estamos en la cola. En Francia la vivienda pública disponible es del 20 por ciento sobre el total, en Alemania es un 30 por ciento y en Holanda un 40. Pero hay muchas ciudades en las que este parque sobrepasa el 60 por ciento. Da incluso vergüenza decirlo, pero en España este porcentaje es del 1,5 por ciento.
JC.- Usted ha manifestado en muchas ocasiones que nuestro país necesita un gran pacto de estado que entiendo abarca en primer lugar el acceso a la vivienda tanto en propiedad como en alquiler, pero también la atención a quienes por una razón u otra pierden su casa. ¿Cómo hacer esto en un país en donde las competencias en vivienda y también en asistencia social están muy descentralizadas?
Y sobre todo ¿como revertir una tendencia que nos habla de todo lo contrario?: El estudio El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo, de Carme Trilla y Jordi Bosch, muestra cómo la disponibilidad de vivienda protegida creció durante la crisis de principios de los noventa compensando la caída de la vivienda libre, pero tras el estallido de la burbuja en 2008, ocurrió a revés y no ha hecho sino bajar tanto la construcción como la cuota (que se impone a las constructoras) de la VPO por obra terminada, esto es, la intervención publica se desentendió e incluso actuó en contra puesto que, al contrario de lo que sucedió en muchos otros países de la UE, el gasto en ayudas directas descendió.
Y en esos años gobernaron PP y PSOE.
MR,- Como resulta obvio, la descentralización favorece el buen funcionamiento por cercanía al destinatario de los servicios. Ese es un principio general pero no necesariamente de aplicación en este ámbito. Necesitamos el gran pacto de estado porque es el gobierno quien gestiona los presupuestos generales aunque, efectivamente, la mayor parte de las competencias estén transferidas a las comunidades y los ayuntamientos. Es imprescindible una estrecha coordinación entre las tres administraciones bajo el prisma de que la vivienda es una necesidad y es un derecho. Y necesitamos ese Pacto porque a lo que asistimos en este momento es a una verdadera emergencia.
¿Cómo hacer las cosas? Tal vez la mejor explicación es verlo directamente: animo a que sus lectores vean programa que ‘Enviado Especial’ de La Sexta emitió hace unos días sobre cómo enfocan este asunto en Austria y en particular en Viena y que podría ser perfectamente extrapolable a España. Se entenderá muy bien como se debe abordar algo que tiene un evidente componente social de primer orden:
Aquí en España sólo se habla de propiedad privada, de mercancía, de negocio y mucho menos de racionalidad, de bienestar, de ciudadanía; y nada de eso debería estar reñido con que un promotor gane lo que corresponda. Aquí hubo constructoras que ganaron mucho dinero a base de pelotazos y quebraron en cuanto estalló la burbuja. Una locura. En España llevamos no menos de 10 años de retraso en el desarrollo y aplicación de políticas que, simplemente, cumplan el mandato constitucional.
Ha gobernado el PP o el PSOE en estos años, sí. No ha habido diferencia.
JC.- El número de desahucios por impago de hipotecas ha disminuido en el último año y medio aproximadamente, pero ha crecido el número de lanzamientos por impago de alquileres. ¿Puede explicar porqué sucede así? ¿Hay datos sobre la dimensión del parque de viviendas públicas en origen que ha pasado a manos de los fondos buitres?
MR.- El número de desahucios en España no para de aumentar. En 2018 creció un 6,5 por ciento en la Comunidad de Madrid y un 3 por ciento de media en toda España. Efectivamente ahora se desahucia más por impago de alquileres y, en concreto, este tipo de lanzamientos son el 65 por ciento del total; es natural, digamos que después de la sangría de hace unos años ya hay menos gente amenazada por impago de hipotecas. Eso en lo que respecta a las cifras oficiales, es decir, a los procedimientos formales, aquellos en los que interviene un juzgado, pero en España también se echa a la gente a la calle por las bravas; hay edificios enteros en donde la gente es expulsada de sus hogares porque una vez los compran fondos de inversión, presionan de muy distintas formas hasta conseguir que se vayan para, a continuación, subir los alquiles a precios que esa gente no puede pagar..ni, por cierto, está en disposición de pleitear porque bastante tiene con intentar sobrevivir. Hay pequeños propietarios que, a rebufo de la situación, hacen lo mismo.
No tenemos cifras oficiales sobre cuantas viviendas de origen público han pasado a pertenecer a los fondos buitres; no hay información, pero estas cesiones, realizadas casi siempre en fraude de ley y en todo caso en perjuicio del patrimonio publico,se vienen practicando desde hace mucho tiempo; así nos lo reconocen en las propias administraciones. En Madrid ocurrió en tiempos de Gallardón al frente de la Comunidad, con Botella en el Ayuntamiento y ya de un modo grosero y sin medida, en tiempos de Ignacio González. Hace no mucho mantuvimos una reunión con Marta Higueras, la que fue primera teniente de alcalde con Carmena, y nos informó de que, según sus cálculos, habían salido del patrimonio municipal unas 21.000 viviendas, aunque en vista de la total opacidad tan corriente en este ámbito, es posible que estas enajenaciones incluyan también casos de compras por particulares que ejercitaron la opción de compra cuando estaba contemplada en su contrato.
JC.- La PAH hace algún seguimiento de las familias que sufren desahucios?
MR.- La PAH hace lo que puede con sus más que escasos recursos. Sí le puedo asegurar que trabajamos de lunes a domingo, sin descanso. Y, como es fácil suponer, estas personas tienen multitud de problemas de todo tipo que derivan de la precariedad: de salud, de atención a los hijos…de supervivencia en definitiva. Damos cuanto apoyo podemos con nuestra cercanía, buscando especialistas y profesionales que son solidarios y prestan su concurso de manera desinteresada: abogados, psicólogos, etc.
Pero créame que nos enfrentamos a una situación tremenda. En España apenas hay datos oficiales sobre nada que tenga que ver con el efecto que sobre las familias tienen los problemas de vivienda. En esas condiciones es muy complicado armar estrategias, planificar actuaciones, etc. Nuestra fuente de información es el día a día, las asambleas semanales que celebramos, etc. Sabemos muy bien del sufrimiento que genera todo esto en las familias.
JC.- Al margen de los grandes planes ¿no son interesantes soluciones tal vez de emergencia pero más sencillas?
MR.- Efectivamente hay soluciones parciales y de emergencia que podrían implementarse, por ejemplo que el Estado compre viviendas de la SAREB y las ponga a disposición. La SAREB se creó para limpiar los activos tóxicos de la banca; pues, ningún problema, estamos dispuestos a intoxicarnos con esos activos inmobiliarios que permitirían ofrecer alquileres sociales. Se puede empezar a cobrar a Bankia la deuda que tiene con el Estado y que la pague en especie, en lugar de permitir que haga grandes paquetes de viviendas que vende a fondos de inversión de los que el propio banco es partícipe como sigue haciendo. Convendría tomarse en serio la gestión de las agencias de alquiler público que en su día se pusieron en marcha con más pena que gloria. Se puede llegar a acuerdos con la banca como los que en otro tiempo se tuvieron con el Banco Sabadell o La Caixa que también tienen pisos a los que han de dar salida y tal vez estarían en favorable disposición puesto que la vivienda no es su negocio y les resulta a veces onerosa la gestión de esos activos. Es útil la cesión de terrenos públicos a cooperativas o la recuperación de promociones que se quedaron a medio hacer cuando quebraron los promotores y cuyas viviendas se deterioran sin que nadie haga nada por evitarlo ¡como si sobraran pisos en España!
Hace unos tres años, el Ayuntamiento de Madrid planteó la posibilidad de habilitar terrenos en diferentes barrios, ocho parcelas en total, para instalar en cada una 70 viviendas prefabricadas, 560 pues. Tuvimos ocasión de visitar los pilotos y eran unas casas de una calidad extraordinaria, eficientes desde el punto de vista energético, un proyecto estupendo que pudo quedar operativo en menos de nueve meses; la derecha se lo cargó aduciendo que no querían construir barracones…
JC.- ¿Cuantos desahucios se han producido desde 2007 derivados de la situación de precariedad de las familias?
MR.- La cifra inicial en estos últimos años de gran crisis de alrededor de 700.000 desahucios. Yo creo que son muchos más acorde con lo que ya dije antes…inquilinos expulsados, etc. Con la dificultad que tiene la falta de transparencia, nuestros cálculos son que en la actualidad se producen más de 200 desahucios cada día.
JC.- El futuro cercano: en un contexto de, por ahora desaceleración económica pero quien sabe si de recesión, los bancos vuelven a dar crédito e hipotecas por el cien por cien del valor. El Euríbor ha vuelto a datos positivos tras ocho años en mínimos históricos. El precio medio del metro cuadrado en España, se sitúa en 1.235 euros en diciembre de 2018. Es decir, una casa de 100 metros, cuesta 123.500 euros. El precio medio del alquiler en España está en unos desproporcionados 859 euros, para una superficie media de 115 metros cuadrados. ¿Estamos repitiendo la situación que se produjo tras el pinchazo de la burbuja con el agravante de que ahora también afectará a los alquileres?
¿Debe el Estado intervenir en el mercado del alquiler?
MR.- Por el final: desde luego que el Estado debe intervenir en el mercado del alquiler Qué nivel de la Administración lo haga da igual. Se está haciendo ya en toda Europa. Una forma de intervención de urgencia, inmediata, es por ejemplo, prohibir por ley que alguien pueda cobrar 200 o 300 euros más al siguiente inquilino.
No soy experta, pero no creo que en lo que respecta a la compra-venta de viviendas se esté repitiendo el escenario previo a la burbuja. A pesar de lo que usted dice, no nos llega a la PAH la impresión de que ese mercado se esté reactivando de manera significativa. Pero eso no hace menos grave la situación porque, efectivamente, en lo que respecta al alquiler, es peor que una burbuja: a lo que asistimos es al abuso de grandes empresas que recibieron patrimonio público y ahora se enriquecen forzando una relación de fuerzas artificial que falsea el mercado y que amenaza, por ejemplo, con desplazar la vida del centro de las ciudades con las repercusiones que eso tiene a muchos efectos que quizás ahora no es ocasión de comentar. Al margen de medidas directas de control de precios, necesarias a mi juicio en situación de emergencia como es la que vivimos, solo una intervención decidida del Estado incorporando vivienda pública al mercado -da igual que lo haga el Gobierno de España, una Comunidad Autónoma o un Ayuntamiento– bien construyendo o recuperando lo perdido o ambas cosas, puede modificar a medio plazo la oferta y, por tanto, influir eficazmente en el control de los precios.
Tengo que decir que soy pesimista. En la ciudad de Madrid, que es la que mejor conozco, el actual Equipo de Gobierno anuncia la construcción de 15.000 viviendas en cuatro años; es mentira, pudieron hacerlo y, por el contrario, se dedicaron malvender el patrimonio de todos. No hay ninguna voluntad política en general; esa es la pura verdad. Y salvo algunas iniciativas ejemplares en el País Vasco y últimamente en Barcelona, poco más hay en el conjunto del Estado.
Pero en compensación con esa visión poco halagüeña del futuro, sí he de decir que el movimiento de vivienda está muy organizado y vamos a seguir dando la batalla. La PAH y el Movimiento Sotp Desahucios siguen siendo muy activos, como lo es el Sindicato de Inquilinos. Si alguien necesita ayuda debe saber que no está solo.
Juan Cabrera Padilla.
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