Madrid. Marzo 2020. «En pleno sombrío invierno…»

Imagina que tu abuela, tu abuelo, tu padre o tu madre viven en una residencia de la Comunidad de Madrid. Después de toda una vida trabajando duro, llegaron a una edad en la que el deterioro físico y cognitivo les convirtió en seres muy vulnerables y dependientes, con lo que la familia decidió llevarlos a estos centros, donde más del 80% son personas mayores de 80 años y tienen las mismas carencias y debilidades.

En Madrid, la inmensa mayoría de las residencias son privadas. La ley de dependencia otorga ingentes cantidades de dinero público, que va destinado principalmente a los grandes grupos empresariales privados. Para cerrar el modelo de capitalismo sin escrúpulos, estos grandes grupos están en manos de fondos buitre, que tienen el dinero escondido en paraísos fiscales.

A mediados de marzo llega en forma de pandemia un virus respiratorio con alto nivel de letalidad en los más vulnerables. Las residencias, como en la que vive tu abuela, abuelo, padre, madre… parecen diseñadas para el contagio. Se decreta un Estado de Alarma que, según recuerda Amnistía Internacional, dejaba claro que no suponía la suspensión de ningún derecho universal, como era la atención sanitaria.

Imagina que a tu ser querido pasan a encerrarlo en su habitación porque es sospechoso de portar el virus. Que no entiende nada. Que cierran con llave la puerta y la marcan desde fuera. Y pasa un día, dos, tres… hasta seis semanas en un lugar en el que los pasillos son una sucesión de puertas cerradas y escenas dantescas que nunca nadie podrá saber.

Imagina que tu ser querido, desorientado, deja de comer, de tomar sus medicinas… y, cuando abren y lo encuentran muerto, está escondido en un lugar recóndito de la habitación. Su indigna y agónica muerte le ha llegado sin comprender nada, ahogado en la soledad, peor que un perro abandonado.

Este es uno de los casos reales que documenta Médicos Sin Fronteras, y de los que habla Manuel Rico en su “Vergüenza. El escándalo de las residencias”. Otros morirían asfixiados, agonizando solos, golpeando las camas, las puertas… más de 7.000 ancianos (la mayoría de ellos en las residencias privadas) se guardaron para siempre una terrible forma de morir en el peor de los abandonos, a los que le siguió el desastre de la forma de comunicar a los familiares el deceso.

El modelo de residencias, que tan bien funciona para los inversores privados, resultó ser un caos sin sistemas de prevención, sin protecciones, en los que hay un inspector por cada 1.500 plazas… y en los que residentes que supuestamente estaban el día anterior como una rosa, en cuestión de horas habían muerto, o se comunicaba a la hija de una residente el pésame por el fallecimiento de otra persona.

Eso sí, en la total falta de pudor habitual, la primera pregunta que siempre se hacía a los familiares desde el principal grupo empresarial privado era si tenía seguro de decesos, por ofrecerle un servicio del cual cobraban una comisión a la funeraria.

Los familiares, en muchos casos no vieron los cuerpos de los fallecidos, por lo que no supieron no ya qué aspecto tenían, sino que se convertía en un acto de fe creer que un féretro con el nombre del ser querido tenía realmente los restos del familiar, en un momento en el que la UME sacaba multitud de cadáveres de estos centros a la vez.

Rico habla de un dolor similar al que sintieron los familiares de los desaparecidos. Como el que contaba Galeano de las locas de Plaza de Mayo, que despertaban creyendo que su hijo estaba vivo, y se desinflaban a la mañana… pero volvían a creer que llegaría y le ponían un plato a la mesa, hasta que se le volvía a morir a la tarde, y por la noche ya perdían toda esperanza. Pero al día siguiente volvían a despertar sintiendo que estaba vivo…

Entretanto, los políticos están a lo suyo. El gobierno nombra un mando único el 15 de marzo, desde el que Pablo Iglesias ordena medicalizar las residencias y ofrece la ayuda de la UME. Madrid, como es habitual (aunque nunca se le vaya a acusar de eso), se declara desobediente. El gobierno central interviene la sanidad privada, para que se usen sus infraestructuras con tal de salvar vidas. Pero, al no quitar las competencias autonómicas, dejan en mano de las consejerías de sanidad los caminos a seguir (que en Madrid ya intuimos cuáles serán).

La Comunidad de Madrid circula una serie de protocolos en los que establecen un triaje para no derivar residentes a hospitales. Este se aplica en los centros; algunos establecen un tope en los 75 años (la inmensa mayoría tiene una edad mayor), otros en deterioros cognitivos o afecciones previas. En la mayoría de casos, a quien tuviera un seguro privado no se le aplica el protocolo. Todo esto se decide sin tratarlo con el gobierno central.

En Madrid, como cuenta Rico, derivan exactamente 0 residentes a la sanidad privada. Y solamente 23 serán derivados al hospital milagro de Ifema, que costó a las arcas públicas más de dos millones diarios y que no atendió a los más vulnerables sino a los asintomáticos o con síntomas leves.

De todo esto solo hay una víctima política, y es la de quien exige la siguiente solución: o llevar a residentes al hospital o llevar el hospital a la residencia. Es Alberto Reyero, el consejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid, que había escrito en los primeros días a Pablo Iglesias pidiendo la intervención del ejército y fue inmediatamente desautorizado por Ayuso. Él, tras mostrarse abiertamente en contra de estos protocolos en las reuniones del gabinete, denuncia públicamente que los protocolos de la exclusión han circulado y se están aplicando en toda la Comunidad. Tras una semana con mil muertos en las residencias, es apartado del gobierno regional.

Madrid da, con diferencia, no solo los peores datos de toda España, sino de toda Europa en mortalidad en residencias.

Desde entonces, cada vez que preguntan a Ayuso por esta gestión, ya sea en sede parlamentaria o en los medios, responde con improperios, insultos o un «hasta luego, da igual, paso«. Los medios hacen el resto: nadie, nunca, la enfrenta como debería hacer con el poder un buen periodista, y halagan su carácter y su estilo directo. La culpa será, como tantas otras cosas, de Pablo Iglesias.

Ella (ni nadie) nunca ha asumido ninguna responsabilidad en esta tragedia, ni mucho menos ha pedido perdón. Y VOX ha protegido sistemáticamente al PP para evitar investigar estos hechos.

Como colofón de lo que es el sistema en Madrid, el TSJM falló el pasado jueves a favor del gobierno regional, exculpándole absolutamente de todo en la gestión de esas seis fatídicas semanas.

No imagino mejor metáfora de cómo funciona Madrid. Ganan, como siempre, los inversores de traje y corazón negro, los empresarios a quienes adjudican a dedo los servicios desangrando las arcas públicas… y la Familia sigue manteniendo los hilos en sus manos desde hace casi 30 años…