La retirada del gobierno central del acuerdo para la ampliación del aeropuerto del Prat es sin duda una muy buena noticia. Lo es, entre otras razones, porque la presión social ha tenido un papel esencial en esta suspensión. Ambos gobiernos se reprochan mutuamente falta de convicción: el de Sánchez aludiendo a los sectores de ERC que habían anunciado que irían a la manifestación del próximo 19 de septiembre y el de Aragonés recordando al
PSOE la negativa de los Ayuntamientos de los Comuns de Barcelona y El Prat o de sus socios de Unidas Podemos.
Aquí hay que recordar que, cuando estos mismos Ayuntamientos no han recibido suficiente presión social, también han tenido políticas cuestionables ecológicamente: el de Colau ha restringido el tráfico de turismos particulares (penalizando casi exclusivamente a quién tiene coches más viejos) pero no lo ha acompañado de un incremento de los transportes públicos (colapsados en plena pandemia) ni de su reducción de precio para incentivar el uso… Y el del Prat, que ahora es formalmente de los Comuns, pero que mantiene en el gobierno el aparato de ICV que firmó el Plan Delta que ya ha tenido consecuencias nefastas y que no se han paliado con las medidas comprometidas en su
momento, tal y como denunciaba la propia Comisión Europea hace unos meses. Ahora, en cambio, sí ha tenido suficiente peso el rechazo a la ampliación manifestado por centenares de colectivos y organizaciones y la fuerza que ha ido cogiendo la convocatoria de movilización del 19S.
También es evidente que esta suspensión no supone el fin definitivo del conflicto. El consejero Puigneró pedía seguir negociando para mirar de encontrar un nuevo acuerdo próximamente y el presidente de AENA habla de una suspensión de 5 años. Ambos gobiernos siguen apostando por la ampliación del aeropuerto, aunque sea en términos
diferentes. El gobierno de la Generalitat pone la condición de que se preserve la zona de la Ricarda, pero obvia conscientemente que los daños que causaría ampliar el aeropuerto van mucho más allá de que se hagan sobre uno u otro terreno. Tal y como mencionábamos en nuestro artículo, «¿La transición ecológica es destruir el delta? ¡No a la ampliación del aeropuerto del Prat!», la propia Agencia de Desarrollo Urbano, Barcelona Regional apreció que la ampliación del aeropuerto del Prat incrementaría, como mínimo, un 33% las emisiones de CO2‚ en plena emergencia climática y mientras ambos gobiernos hablan de priorizar la «transición ecológica» a la hora de repartir los fondos europeos Next Generation.
La voluntad de ampliar el aeropuerto, todo y las diferencias de cómo hacerlo, responden a la continuidad de las políticas de ambos gobiernos en cuanto a dar carta blanca a inversiones especulativas que van en beneficio de los poderes financieros y empresariales y en detrimento del medio ambiente y de las condiciones laborales y de
vida de las clases trabajadoras y populares. La permisividad y connivencia ante la especulación inmobiliaria, mientras bancos y fondos buitres mantienen miles de pisos vacíos y se sigue desahuciando gente a diario a pesar de la supuesta moratoria, o la especulación energética con récords diarios del precio de la luz son solo dos ejemplos.
Uno de los argumentos que usan uno y otro gobierno para querer ampliar el aeropuerto es el de la creación de puestos de trabajo que se derivaría. Justamente la pandemia ha mostrado la fragilidad de las economías basadas en el turismo y justamente ambos gobiernos son responsables de la destrucción de miles de puestos de trabajo permitiendo el cierre impune de Nissan u otras empresas y los EROS masivos de la banca aún con todos sus beneficios. Es esencial que desde la izquierda planteemos alternativas valientes ante el problema del paro y de la precariedad laboral, por lo que supone para muchísima gente, pero también para poder tener el apoyo de la mayoría trabajadora a la vez de rechazar «fórmulas mágicas» de la burguesía, como la misma ampliación del aeropuerto.
En el contexto actual, desde Lucha Internacionalista creemos que es importante poner con fuerza sobre la mesa la prohibición de los despidos y la reivindicación histórica de la reducción y reparto de las horas de trabajo sin rebaja salarial. A la vez que, ante el problema de la desertización industrial y el cierre o deslocalización de empresas tenemos que exigir, como ya hemos venido haciendo con la Nissan, la nacionalización de estas para mantener los puestos de trabajo y ponerlas a disposición de un plan público de reindustrialización verdaderamente sostenible ecológicamente y al servicio de la gente del territorio, en lugar de rescatar a las patronales.
Más que nunca, tenemos que llenar las calles el próximo 19 de septiembre y dar continuidad a las movilizaciones por la preservación y regeneración de los espacios naturales del Delta del Llobregat y del medio ambiente. A la vez, es importante unir esta lucha con otras que enfrentan las políticas mencionadas más arriba y que tienen un nexo común: no tendremos transición ecológica, ni vivienda, ni trabajos dignos, ni servicios públicos de calidad mientras sean empresas privadas las que hagan y deshagan impunemente con las necesidades de todas y todos. Por eso, reiteramos también la necesidad de un encuentro, que puede ser continuidad del que tuvo lugar el pasado 13 de marzo en el Parque de las 3 Xememeies bajo el lema «Somos Mayoría», para aglutinar la lucha contra la ampliación del aeropuerto y otras muchas y construir una plataforma reivindicativa
y un plan de lucha conjunto en defensa de los derechos sociales y las libertades de la gente trabajadora.
Lucha Internacionalista
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