Cuando se ejerce la libertad de expresión siempre se ofende alguien

Como han denunciado diversos organismos, entre ellos la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, vivimos en una situación excepcional, por lo antidemocrática, en lo que se refiere a la situación de la libertad de expresión en España. Raperos en la cárcel, activistas pacíficos juzgados por enaltecimiento del terrorismo, gente en la Audiencia Nacional por un tuit o por hacer la parodia de una procesión y gente juzgada por determinadas opiniones políticas que el Ministerio del Interior califica de “odio”. La aprobación de la Ley Mordaza supuso consagrar una espiral represiva y sancionadora de la libertad de expresión que llevaba tiempo gestándose con sucesivas reformas del Código Penal que han ido, poco a poco, acotando y restringiendo este derecho. España se ha convertido en un país en el que la libertad de expresión está seriamente amenazada. Es una anomalía que nos sitúa al lado de países con democracias frágiles y muy lejos de democracias consolidadas en las que la libertad de expresión sigue siendo considerada un pilar fundamental de la libertad y en las que se pueden decir/escribir cosas que aquí, hoy, serían inimaginables. El retroceso es muy evidente si nos comparamos con nosotros mismos hace unos años. Y lo peor es que no se percibe resistencia social y política al vaciamiento de este derecho.

Soy de la opinión de que no hay resistencia porque se ha conseguido hegemonizar una idea del delito del odio como la prohibición absoluta de ofender, especialmente al poder, pero en realidad a cualquiera, con lo que en lugar de defender la libertad de expresión, cada persona o grupo social piensa que puede usar la ley en su beneficio, para restringir la libertad de expresión de los otros/as. De cualquiera que nos ofenda, en realidad. Es un engaño, naturalmente. Lo cierto es que en lugar de entender y defender una libertad de expresión amplia que nos ampare a todas las personas, especialmente a quienes queremos expresar opiniones radicales desde los márgenes del sentido común general (que es donde la libertad de expresión tiene valor), lo que hemos conseguido es una sociedad en la que todo el mundo pretende que la policía o los jueces castiguen o acallen cualquier expresión que nos ofenda a cada una de nosotras o a los grupos sociales o de identidad a los que pertenecemos. Al final, naturalmente, eso no nos protege sino que nos fragiliza y pone en manos del poder un arma represiva muy poderosa, además de conculcar un derecho básico.

EL MINISTERIO DEL INTERIOR AFIRMA QUE LA CELEBRACIÓN DE LAS DIADAS CATALANAS BUSCABAN FOMENTAR EL ODIO AL ESTADO ESPAÑOL. CUALQUIER DÍA, PRETENDER QUE LOS RICOS PAGUEN MÁS IMPUESTOS NOS VA A COSTAR UNA DEMANDA POR ODIO DE CLASE

Unos denuncian al autobús de la transfobia y poco después Hazte Oír denuncia a los que le denuncian por ofensa de los sentimientos religiosos. Las feministas piden que la fiscalía intervenga ante los tuits que nos llaman feminazis, y unas feministas acaban en los tribunales por sacar un coño en procesión. Un grupo feminista quiere demandar a El País porque incluye los reportajes de feminismo en la sección de Moda, lo cual indicaría odio al feminismo y los machistas acusan a las feministas de odio a los hombres. Una canción sobre el capitalismo y sus miserias puede costarte una multa, lo mismo que un insulto a un político. He leído una noticia de que un nazi ha demandado a una persona por delito de odio; por odiar a los nazis. Hace unos días un cantante dijo en un escenario que “había poca diversión y mucha policía” y eso le costó una multa. Lo último que he visto es que El Ministerio del Interior afirma que la celebración de las diadas catalanas buscaban fomentar el odio al estado español. Cualquier día, pretender que los ricos paguen más impuestos nos va a costar una demanda por odio de clase.

Se ha producido una expansión incontrolada de lo que se llaman delitos de odio que ni siquiera deberían llamarse así. El odio es un sentimiento y, como tal es subjetivo, y depende desde donde se mire y desde dónde se odie para que reciba una u otra calificación moral, que nunca debería ser penal. En todo caso, más que delitos de odio deberían llamarse delitos de discriminación y utilizarse cuando ésta se produzca o, como mucho, utilizarse como agravantes de otros delitos motivados por prejuicios contra colectivos vulnerables, nunca contra la policía o personas concretas pero, sobre todo, nunca contra opiniones en contra de algo o alguien, aunque sean opiniones injustas, discriminatorias u ofensivas, que para eso ya estaban los delitos de injurias, calumnias o amenazas.  Pretender, como se está haciendo, equiparar ideas discriminatorias con odio, es una deriva profundamente lesiva de la libertad de expresión. Casi todas las iglesias están basadas en ideologías discriminatorias contra las mujeres, muchos partidos o grupos sociales defienden lo que otros consideramos discriminaciones basadas en la clase, el nacimiento, el origen etc.; la mayoría de la población es machista, las instituciones son racistas y clasistas… La intervención policial o judicial contra la opinión o la expresión no puede ser el garante de una convivencia armónica y justa. Para eso está la lucha social, no la policía. Estamos, entre todas y todos, acostumbrándonos a una sociedad basada en un fascismo de baja intensidad que consiste en la permanente delación y denuncia policial de quienes pensamos que molestan o que sostienen ideas equivocadas, así como en el  convencimiento de que las penas de cárcel solucionan problemas sociales.

Las sucesivas reformas del Código Penal han ido incorporando cada vez más delitos de esos que se pueden usar para castigar cualquier opinión que no nos guste. Desde el delito de humillación a las víctimas (¿qué víctimas?, ¿qué es humillación y qué no?), al de ofensa a los sentimientos religiosos (¿Por qué religiosos y no ateos? ¿qué es la ofensa a un sentimiento? ¿Todos los sentimientos valen lo mismo?) ¿Pensar y decir que sólo las niñas tienen vulva es un delito de odio? ¿Escribir que las mujeres tendemos a la histeria más que los hombres? ¿Que la homosexualidad es una enfermedad…? A mi juicio esas opiniones no son delito, sino opiniones que deben ser derrotadas como se ha hecho siempre, con lucha social y política. ¿Expresar que la intervención policial en Cataluña fue brutal es delito de odio? ¿Hacer un chiste sobre la virginidad de María es un delito? ¿Y sacar un autobús con el lema “Dios no existe”? Tampoco. La lucha de las mujeres, de las personas racializadas o de las personas LGBIT no han necesitado del Código Penal para conseguir cambiar el sentido común a su favor y, al contrario, se han beneficiado de la libertad de expresión cuando el sentido común no estaba de su lado. Pretender penalizar cualquier opinión que nos parezca ofensiva colisiona de manera evidente con un derecho que a todas nos conviene que sea lo más ancho posible. La petición de que se penalicen expresiones susceptibles de ser consideradas homófobas, machistas, racistas, etc, son, en realidad, perfectamente funcionales al poder, que aprovecha dicho estado de opinión como coartada para reprimir cualquier cosa que ese mismo poder considere ofensiva, que considere subversiva, en realidad. No es posible suponer que al poder le interese verdaderamente castigar el machismo o el racismo, cuando las propias estructuras sociales son racistas y machistas; simplemente utiliza la categorización de los delitos de odio para castigar opiniones políticas y para, al mismo tiempo, ir conformando una opinión pública partidaria de castigar cualquier opinión malsonante o radical, o radicalmente malsonante, con lo que la represión pasa más inadvertida.

Las opiniones discriminatorias o los insultos con intención de herir, de discriminar o de expresar una opinión machista, homófoba o racista, deben ser denunciados y combatidos socialmente, no estoy apoyando la inacción o la indiferencia. Si hoy día es casi imposible  manifestar públicamente que es justo discriminar a gente de otra raza o las mujeres porque son menos inteligentes, por ejemplo, no es porque en todos estos años haya habido ninguna persecución a las personas que expresaban estas opiniones, sino porque ha habido una lucha social que se ha ganado. La libertad de expresión es un derecho básico que protege la opinión discordante y no la hegemónica; ésta se llama sentido común y no necesita protección. Aunque nos pueda parecer lo contrario, esa espiral de llamados al estado para que reprima al otro que nos ofende es un espejismo en el que, en todo caso, los más débiles siempre llevaremos las de perder. El poder tenía la fuerza y nosotros y nosotras la palabra; pero ahora estamos entregando la libertad de palabra casi sin darnos cuenta, y lo vamos a pagar muy caro.

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Beatriz Gimeno es diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid.