El 12 de marzo, tras la aceleración de la propagación del virus Covid-19 en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud lo declaró una pandemia. Casi inmediatamente después, Trump anunció al público que su gobierno ha estado preparando un magnífico paquete de estímulo que incluye medidas económicas y sociales para ser tomadas contra los efectos del virus. A finales de marzo, el Senado, controlado por los republicanos, y la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó rápidamente el paquete de estímulo de 900 páginas, conocido como Ley CARES (Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el coronavirus).
Tras la aprobación del Congreso, el presidente Trump lo firmó como ley el 27 de marzo.
El paquete de 2,1 billones de dólares es aproximadamente tres veces más grande en comparación con el paquete de estímulo que el Congreso de los Estados Unidos había aprobado para superar la crisis económica de 2008 (que fue de 830.000 millones de dólares). El paquete de estímulo fue recibido sin críticas en los círculos internacionales. Incluso Trump ha aflojado los hilos de la bolsa ; fue el comentario de los principales medios de comunicación internacionales, con aplausos especiales por el pago único en efectivo de 1200 dólares a cada ciudadano estadounidense que prometió. Sin embargo, este paquete de estímulo no es más que una gigantesca operación de rescate para grandes corporaciones y bancos gracias a las diversas lagunas y resquicios legales que están enterrados en él. Si además consideramos todas las decisiones adicionales que Trump ha tomado durante la pandemia utilizando diversos mecanismos legislativos que no requieren la aprobación del Congreso y beneficiándose de los poderes que le otorga la presidencia, el panorama resultante es nefasto y familiar para el resto del mundo.
El reaccionario gobierno de Trump y el Partido Demócrata, un organismo burgués que está más que dispuesto a suspender su enemistad con Trump por proteger los intereses capitalistas, se esfuerzan por convertir la crisis de la pandemia en una oportunidad y hacer que los trabajadores estadounidenses paguen por ello.
La fea realidad del paquete de estímulo de los EE. UU: La mayor parte de la ayuda del paquete de estímulo asciende a 454.000 millones de dólares y se dedica a salvar a las grandes empresas y multinacionales mediante préstamos bancarios. Pero esto es solo la punta del iceberg. Esta operación de rescate es mucho más grande de lo que parece a primera vista: El Congreso asignó la distribución de estos 454 mil millones de dólares al Departamento de Tesoro, que transfirió el control de los préstamos a la Reserva Federal. La FED imprimirá dinero para apoyar estos préstamos. Pero lo hará sin tomar riesgos asociados a ellos, porque el Tesoro aseguró estos 
454 mil millones de dólares contra cualquier pérdida o falta de pago. De acuerdo con las medidas de préstamos de emergencia determinadas por la Ley de la Reserva Federal, una vez que la FED reciba la garantía del Tesoro, no necesita consultar a nadie sobre cómo diseñará y ejecutará los programas de crédito bajo condiciones extraordinarias y no necesita apoyo individual para cubrir estos préstamos. Es decir, la FED puede aumentar la cantidad de préstamos determinados por el Tesoro casi 10 veces y distribuirlos como desee. Significa que los préstamos reales dedicados a las corporaciones gigantes no son 454 mil millones de dólares, sino 4,5 billones de dólares. En caso de cualquier pérdida o de que las corporaciones no paguen sus préstamos, las deudas impagas se convertirán en deudas públicas ya que el fondo está bajo la garantía del Departamento del Tesoro. Estas deudas finalmente serán lanzadas sobre los hombros de los trabajadores. Condenarán al pueblo y a los trabajadores estadounidenses a medidas de austeridad, hambre y miseria para rescatar a los bancos y a las empresas multinacionales, como lo hicieron después de 2008. Un descuido legal en la Ley CARES permite a la FED hacer caso omiso de los requisitos de mantener registros detallados de sus acciones.
Por lo tanto, la FED no tiene que rendir cuentas al público de cómo y a quién van estos préstamos.
Pero el escándalo aún no ha terminado. Después de la aliviadora noticia de que las corporaciones están libres de pagar el precio de la crisis gracias al Departamento del Tesoro, los mercados de valores americanos han subido. Los multimillonarios, continuaron añadiendo más riqueza a sus fortunas. El valor neto de solo 10 multimillonarios, incluyendo al dueño de Amazon, Jeff Bezos, el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg y el dueño de Microsoft, Bill Gates, aumentó 51.3 billones de dólares solo durante esta última semana. En la misma semana, aproximadamente 6,6 millones de trabajadores estadounidenses solicitaron el desempleo.
La siguiente porción más grande del paquete de estímulo, 349 mil millones de dólares, parece estar reservada para préstamos a pequeñas empresas, con el objetivo de ayudar a las que tienen menos de 500 empleados. Pero aquí también la trampa está en los detalles. Gracias a otro vacío legal en la Ley CARES, los fondos de cobertura (Hedge funds) también pueden disfrutar de estos préstamos gracias a su bajo número de empleados. Estos préstamos casi se han agotado ya por estos hambrientos fondos de cobertura que juegan con miles de millones de dólares, porque los préstamos tienen un proceso de solicitud lento y complejo y los fondos de cobertura podrían poner sus propias solicitudes al frente de la línea gracias a sus abogados y amigos cabilderos, sin dejar nada a los pequeños comercios locales. Los economistas burgueses ya habían advertido que la cantidad de préstamos para pequeñas empresas no era suficiente y podría llevar al cierre de una cuarta parte de las pequeñas empresas en todo el país al final de la pandemia. Este cálculo ahora sigue siendo optimista ya que estos economistas no tuvieron en cuenta la usurpación de estos préstamos por parte de los fondos de cobertura. Un resultado más realista es que un número abrumador de pequeñas empresas americanas serán masacradas por el capital financiero.
¿Qué tal ese pago único de 1200 dólares en efectivo que se ofrecería a cada ciudadano americano? Otra gran farsa. Primero, no son 1200 dólares por cada americano, sino hasta 1200 dólares por cada americano que califique. Los detalles de la calificación revelan, sobre todo, que los trabajadores inmigrantes, que constituyen alrededor del 17% de la fuerza de trabajo estadounidense, y la mayoría de los trabajadores negros que trabajan en empleos precarios informales, no pueden disfrutar de esta ayuda. Si bien los fundamentos racistas de la estructura de este pago único excluyen a los trabajadores que trabajan en las condiciones más precarias, otro aspecto importante de esta ayuda es que técnicamente se trata de un crédito fiscal anticipado que compensa los impuestos federales sobre la renta de las personas en 2020 (completa la declaración de impuestos sobre la renta que las personas ya recibirían de todos modos). La mayoría de los estadounidenses recibirán este pago a través de un depósito directo en sus cuentas bancarias que figuran en su declaración de impuestos sobre la renta del IRS (Servicio de Impuestos Internos). Este es un detalle importante, porque el Departamento del Tesoro anunció hace unos días que los bancos podrían embargar este dinero para pagar las deudas pendientes de sus clientes. ¡Considerando el hecho de que la mayoría de los trabajadores que califican para recibir este pago único son ahora despedidos y tratan de sobrevivir a través de préstamos de consumo y gastos de tarjetas de crédito ni siquiera verán este dinero en sus cuentas, porque sus bancos lo confiscarán! Esto demuestra que los US$301 mil millones del paquete de estímulo asignados a los pagos únicos a los estadounidenses irán directamente a los bancos (el IRS declaró que las personas que opten por recibir cheques en lugar de depósitos directos para este pago no recibirán sus cheques antes de 3-4 meses). Asimismo, los 250.000 millones de dólares asignados al seguro de desempleo no entrarán en los bolsillos de 16,8 millones de trabajadores estadounidenses que sean despedidos durante este período. Debido a que el Departamento de Trabajo, estrechamente ligado a Trump, anunció nuevas regulaciones hace una semana y restringió quién podría disfrutar del seguro de desempleo. Las nuevas regulaciones también restringieron el derecho de los trabajadores a usar la licencia por enfermedad paga, incluyendo a los trabajadores de la salud, mientras que también levantaron la obligación de los empleadores de reportar los casos positivos de coronavirus en el lugar de trabajo a la OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional). De este modo, los desocupados son abandonados a su suerte, mientras que los negocios abiertos, en los que el número de casos positivos de Covid-19 aumenta día a día, podrían seguir abiertos a expensas de la vida y la seguridad de los trabajadores.
Nadie sabe a dónde van los 267.000 millones de dólares del paquete de estímulos asignados para ayudar a los hospitales y los estados. Aunque Trump había prometido en una de sus primeras declaraciones que los estados y los
hospitales recibirán todo lo que necesiten, innumerables hospitales de varios estados (especialmente de los que están dirigidos por los demócratas) informan que sus pedidos de equipos de protección personal y mascarillas no
les llegan, o que la Agencia Federal de Gestión de Emergencias cancela o confisca sus pedidos. Los sistemas de atención médica y de servicios públicos del país ya eran débiles e inadecuados. Se derrumbaron aún más con la
pandemia y se han vuelto casi completamente disfuncionales debido a estas misteriosas desapariciones. Varios gobernadores amenazan ahora a Trump con llamar a sus propias guardias nacionales en servicio. Aunque esta amenaza, para que el ejército de los EE. UU se haga cargo de las calles, parece ser una represalia contra Trump, será un paso hacia una mayor represión, limitando los derechos democráticos y las libertades individuales.
Mientras que el número de casos y muertes por coronavirus sigue aumentando exponencialmente en el país, el gobierno de Trump también suspendió los fondos asignados al suministro de kits de pruebas de coronavirus, alegando que las pruebas generalizadas ya no son necesarias. La Organización Mundial de la Salud criticó esta medida e insistió en que las pruebas generalizadas son vitales en la lucha contra la pandemia. Trump, enfurecido porque la OMS desafió su autoridad, anunció el 14 de abril que el Gobierno de los Estados
Unidos suspendía todos los fondos destinados a la OMS. Las pruebas, hasta ahora, siguen siendo gratuitas en los EE. UU, sin embargo, son inaccesibles y el tratamiento contra el coronavirus es inasequible (la factura del hospital podría llegar a 50.000 dólares por persona).
También debemos señalar que el 7 de abril, Trump despidió a Glenn Fine, el presidente del Comité de Responsabilidad de Respuesta a la Pandemia, a quien se le encargó el seguimiento y la supervisión del paquete de estímulo. Esto significa que ya no hay un proceso de auditoría legal activo con respecto a cómo se utiliza y distribuye el paquete de estímulo.
El ataque a los trabajadores no se limita al paquete de estímulo Este enorme paquete de estímulos requiere mucho más de lo que dice dar al pueblo y a los trabajadores estadounidenses, y no está sujeto a ningún control legal. El paquete, en su forma actual, tiene un solo propósito: proteger los activos sobre las personas, salvar el orden capitalista de este proceso con un daño mínimo a Wall Street, y convertir la crisis capitalista que fue
desencadenada por la pandemia en una oportunidad. Pero las acciones del reaccionario gobierno oportunista de Trump no se limitan solo a este paquete de estímulo. La administración Trump ha tomado varias decisiones
reaccionarias y represivas una tras otra.
Por ejemplo, el 27 de marzo, el mismo día en que el paquete de estímulo se convirtió en ley, el gobierno revocó el estatus de reserva protegida de la tribu Maspee Wampanoag en el estado de Massachusetts. Esto significa que 121.000 acres de tierra nativa que Trump estuvo contemplando con avidez durante mucho tiempo está ahora abierta al asalto de promotores privados y al servicio del sector de los casinos, conocido por su proximidad a Trump. Los indígenas serán desplazados y saquearán los recursos naturales. El anti-ambientalismo de Trump no se limita a esto. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) ha suspendido la aplicación de las leyes ambientales durante la pandemia, excusando la disminución de los niveles de producción y las tasas de ganancia. Cientos de fábricas en producción a lo largo y ancho de los Estados Unidos están emitiendo grandes cantidades de desechos químicos al aire y al agua, poniendo en peligro la salud de los trabajadores además del virus y empeorando sus efectos.
Mientras tanto, la construcción del muro de la frontera entre EE. UU y México avanza a toda velocidad a pesar de la pandemia. Usando el virus como excusa, la administración Trump suspendió los procedimientos de inmigración estándar indefinidamente, negando el debido proceso a todos los solicitantes de asilo y acelerando las deportaciones. Cancelaron cientos de audiencias de asilo programadas. Los inmigrantes y refugiados siguen detenidos en los
campamentos del ICE sin acceso a tratamiento médico, incluidos los que han contraído el virus, mientras que otras 60.000 personas al otro lado de la frontera que están retenidas por las autoridades mexicanas ni siquiera puedensolicitar asilo. El Gobierno aumentó la cuota de solicitud del visado H-2B expedido a los trabajadores agrícolas de temporada, especialmente mexicanos, para garantizar la continuidad de la producción agrícola. Esto ocurrió después de que el Departamento de Trabajo anunciara recortes salariales para los trabajadores agrícolas estacionales, cuyos salarios ya eran miserables y que no tienen acceso a ningún derecho social, seguro médico o medidas de seguridad en condiciones laborales espantosas.
Frente a todos estos ataques, la única opción real para los trabajadores estadounidenses es llevar a cabo una lucha organizada. Sin embargo, el National Labor Relations Board (NLRB), que es la entidad jurídica encargada de
establecer las normas relativas a los sindicatos y los convenios colectivos, anunció la semana pasada una nueva norma que hace prácticamente imposible la sindicalización de los trabajadores y facilita a los empleadores la liquidaciónde los sindicatos ya existentes. La NLRB, controlada por los republicanos, dijo que la norma entrará en vigor el 31 de mayo, tras el período obligatorio de audiencia pública de 60 días. La dirección del Partido Demócrata y de las federaciones sindicales de colaboración de clases cuyos intereses están profundamente entrelazados con el partido y las corporaciones, compartieron uno o dos tweets criticando esta nueva norma para dar un ejemplo a los trabajadores. Sin embargo, aún no han tomado ninguna medida concreta para oponerse a la norma. Todas las organizaciones de trabajadores y los sindicatos combativos deben oponerse a esto, ya que quieren estrangular la lucha organizada de la clase obrera en las acciones de los trabajadores de cara al aumento durante la pandemia. ¡Una “campaña anti-Trump” no será suficiente!
La única manera de que los trabajadores no paguen el costo de la pandemia y la crisis que la acompaña es construir una lucha unificada contra el orden capitalista y todos sus aparatos.
El Partido Demócrata no es la solución, ¡es parte del problema!
Para comprender la necesidad de la clase obrera de reclamar su independencia política y organizativa de las alternativas burguesas, es necesario analizar la actitud del Partido Demócrata en la situación actual. El paquete de estímulo económico anti obrero preparado por la administración Trump se convirtió en ley gracias al apoyo de los republicanos y los demócratas. De hecho, algo curioso ocurrió en la Cámara controlada por los demócratas durante su sesión sobre el CARES-ACT. Por primera vez en la historia del partido, los Demócratas votaron casi unánimemente a favor de una ley propuesta por los Republicanos (231 de los 232 Demócratas de la Cámara votaron a favor del paquete de estímulo, según noticias filtradas a la prensa). Sin embargo, los demócratas jugaron inteligentemente. Como no quieren asumir ninguna responsabilidad por este paquete de estímulo anti obrero en vísperas de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, habían presentado una moción a la
Cámara antes de la sesión en la que se discutió y votó la Ley CARES. La moción pedía que los debates y votaciones de la Ley CARES no se registraran para su revisión pública. La moción fue, como era de esperar, aceptada.
Hoy en día, las alas progresistas dentro del Partido Demócrata están presentando una serie de borradores de paquetes de estímulo adicionales al Congreso, incluyendo varias medidas pro-trabajadores que van desde el
congelamiento de alquileres y facturas de servicios públicos hasta el aumento de los cupones de alimentos y más financiación para los hospitales. Lo hacen sabiendo que el Senado, controlado por los republicanos, no aprobará estos proyectos. Estas medidas pro-trabajadores no deben ser leídas como esfuerzos de los demócratas para corregir el error que cometieron al aprobar la Ley CARES. Estos son esfuerzos deliberados para impresionar a miles de
trabajadores que fueron traicionados por Sanders y no están convencidos de votar por Biden. Las vidas de los trabajadores no tienen valor, pero sus votos son valiosos para que el Partido Demócrata gane las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.
No importa qué partido salga ganador de las elecciones presidenciales de 2020, solo habrá un ganador de las elecciones: el capitalismo. La pandemia del coronavirus y las medidas de alivio de los partidos burgueses estadounidenses revelan la necesidad imperiosa de la clase obrera estadounidense de construir sus propias organizaciones de lucha, política y organizativamente independientes, para luchar contra el capitalismo y sus consecuencias destructivas.
Sena Aydin
Partido de la Democracia Obrera (IDP), sección turca de la UIT-CI
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