El programa Salvados del domingo 30 de junio fue impactante y nos sirvió para recordarnos que de nada sirve aprobar una ley, en este caso la del aborto, si no se garantizan las condiciones para su ejercicio. En ese sentido, creo que es importante recordar que la ley que permite abortar a las mujeres que aparecen en el programa se aprobó en 1985. La desidia de los sucesivos gobiernos es más que evidente. Esto lo lleva denunciando el movimiento feminista desde hace décadas: que no se puede abortar en la sanidad pública y en 8 provincias en ningún sitio y lo mismo podríamos decir del acoso que sufren las mujeres y trabajadoras de las clínicas que practican abortos. Se aprobó la ley y poco se ha hecho para facilitar su ejercicio.
Aun así, con respecto al programa y con respecto a algunos de los debates que se suscitaron me gustaría decir algunas cosas.
Aun así es importante señalar que el aborto es un derecho fundamental para las mujeres (porque da valor a sus vidas, entre otras muchas cosas) y tiene que estar garantizado en cualquiera de los casos que recoge la ley. Existe el mismo derecho a abortar por necesidades médicas que porque así lo desea la mujer (sin tener que explicar sus razones). En ese sentido dedicar un programa al aborto y hablar únicamente de los abortos en los que peligra la vida de la madre es hacer trampa y establecer una línea muy clara entre abortos legítimos y otros que parece que no lo son tanto. Es de suponer que el programa busca maximizar el impacto social y granjearse el favor del público, pero desde el punto de vista feminista quedó sesgado y no tenía ninguna perspectiva de género.
Esa falta de perspectiva de género se ve muy clara en el comienzo del programa cuando aparece una de las mujeres protagonistas a las que Gonzo considera necesario preguntar si tiene más hijos y si quería tener más de un hijo; prácticamente la mujer se ve obligada a decir lo mucho que le gustan los niños. Se trata de un intento de justificar la necesidad de su aborto y de legitimarlo ante la audiencia. ¿Estamos en España teniendo que justificar que queremos abortar porque nuestra vida corre peligro? Todas las mujeres que aparecen en el programa pertenecen a ese grupo. Como he escrito al principio es terrible andar en estas y una defensa feminista del aborto exige mucho más.
La segunda cuestión que me parece importante es la de la objeción de conciencia que desató varias controversias en Twitter. En primer lugar hay que decir que aquí tampoco se cumple la ley, puesto que la misma exige que el personal médico que quiera objetar esté previamente identificado en una lista. Nada, no hay listas. En segundo lugar, la ley exige que el aborto se pueda realizar en la sanidad pública por lo que, en caso de que el personal médico objete, el estado o las CC.AA tienen la obligación de contratar a personal que esté dispuesto a hacerlo. Al ser el aborto un derecho este no puede depender de las objeciones morales de trabajadores y trabajadoras de la sanidad. Personalmente estoy en contra de que se puede objetar a una prestación reconocida en la sanidad pública pero, en todo caso, si se cumpliera la ley ambas cosas deberían estar garantizadas.
Lo cierto es que sólo se garantiza una, el supuesto derecho a la objeción y el otro derecho no sólo no se garantiza que 
sino que se dificulta lo más posible sin que los poderes púbicos intervengan. Para quienes defendemos el derecho al aborto y sabemos que es un derecho que sigue estando en riesgo es importante que deje de ser una práctica excepcional y pase a ser una prestación sanitaria más; es importante que se garantice, se ejerza con facilidad en la sanidad pública y que se enseñe en las facultades de medicina. Recordemos que aun no se enseña y que no es fácil para los y las profesionales adquirir pericia en esta práctica.
Y ahora problematicemos el derecho a la objeción de conciencia en este caso. Obviamente a qué puede objetarse y a qué no es una cuestión ideológica y, por tanto, una cuestión en disputa política pero, aun así, hay cosas que creo que están claras: una cosa es la objeción de conciencia como forma de activismo o de lucha que yo puedo compartir según para qué se utilice y que tiene consecuencias para quien la ejerce, y otra muy distinta es la objeción de conciencia regulada, que es de lo que aquí hablamos.
Si un trabajador se niega a participar en el envío de armas a Arabia Saudí, yo le aplaudo y le apoyo. Es una forma de lucha y de visibilizarían del problema muy legítima, pero que tendrá consecuencias para esa persona, como muchas otras formas de lucha. Otra cosa es que busquemos que nuestro país deje de exportar armas a Arabia Saudí, es decir, que pretendamos cambiar la ley para que el comercio exterior tenga una perspectiva que tenga en cuenta los derechos humanos. En democracia no creo que desde la izquierda haya una querencia por regular objeciones de conciencia para todas las cuestiones en disputa ideológica porque eso significaría la disolución del
Estado; más bien queremos que las leyes sean derechos y que el estado los garantice por encima de las objeciones particulares, morales, de cada persona.
Desde la Ilustración, esto es así, de lo contrario asumimos que no hay estado, sino diversas legitimidades que pueden crecer casi indefinidamente. Sería el fin de la separación Iglesia-Estado y de la legitimidad del estado para imponer sus normas democráticas. Claro que pensamos que muchas de esas normas son injustas y por eso luchamos para cambiarlas. Curiosamente, y en contra de lo que a veces se dice, es la derecha la que suele saltarse las leyes cuando estas no le gustan; ejemplos hay más que de sobra y tiene que ver con que la derecha tiene un concepto patrimonialista de las instituciones. Las imaginan suyas y si algo no les gusta se creen con derecho a no cumplir. En todo caso, y por todo lo dicho, la comparación de los objetores al servicio militar con los médicos que objetan al aborto es ridícula porque los primeros fueron a la cárcel, porque no hacer el servicio militar no impide el ejercicio de ningún derecho y, además, porque hacerlo era obligatorio, mientras que ser médico de la sanidad pública es algo que una persona elige.
En mi opinión las objeciones de conciencia no pueden regularse como tales cuando se trata de garantizar derechos y, si se hace, habría que hacerlo de manera muy restrictiva. El derecho que se trata de garantizar tiene que estar siempre por encima de dichas regulaciones. Si el aborto es un derecho y hablamos de la sanidad pública, no cabe objetar (en la privada que hagan lo que quieran) No cabe objetar igual que no se puede objetar a hacer una transfusión de sangre porque uno sea testigo de Jehová o no se puede negar ningún médico a poner o prescribir una vacuna porque sea antivacunas. Tampoco puede un juez o jueza negarse a aplicar leyes contrarias a su ideología por más que esta constituya una parte fundamental de su identidad. Si no puede con ello deberá dejar de ser juez y dedicarse al derecho privado. Puedo asumir que es una cuestión ideológica en disputa pero, por eso mismo, nunca deberíamos haber llegado hasta aquí. Los sucesivos gobiernos del PSOE deberían haber afrontado esta cuestión con valentía.
La objeción de conciencia en casos de aborto es una anomalía democrática y una concesión a las iglesias y a las fuerzas antifeministas que lo único que hace es minar permanentemente la legitimidad de este derecho. Y en este asunto, permanentemente sometido a acoso, todo lo que no sea avanzar es retroceder.
Beatriz Gimeno
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